La solicitud presentada por el expresidente Evo Morales para la suspensión de las actuaciones penales en su contra carece de fundamento jurídico, manteniendo así la plena vigencia de la orden de aprehensión emitida.
Esta aclaración fue proporcionada por José Mogro, el fiscal departamental de Tarija. El exmandatario había previamente manifestado su deseo de que se anularan las acusaciones y las medidas legales asociadas, con el propósito de asistir a la toma de posesión del presidente electo, Rodrigo Paz.
El fiscal Mogro enfatizó que el señor Morales está siendo procesado bajo las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, sin gozar de privilegios especiales. Confirmó que el Ministerio Público ha llevado a cabo la investigación de manera diligente, lo que ha resultado en la presentación de un pliego acusatorio, todo ello en estricta observancia de los plazos procesales establecidos. La Fiscalía Departamental, tras su análisis, no ha encontrado base legal alguna para atender la petición del exfuncionario.
La acusación formal contra el expresidente se refiere a un presunto delito de trata agravada de personas. La investigación de este caso se inició a finales de septiembre de 2024, derivado de un evento ocurrido en 2016 que involucra el nacimiento de una hija con una menor de edad.
Actualmente, el expediente ha sido remitido por la Fiscalía Departamental a una instancia judicial dentro del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Se ha informado que todas las partes implicadas han sido debidamente notificadas para la presentación de sus pruebas de descargo.
El fiscal Mogro confirmó este procedimiento, señalando que aún no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio penal contra el expresidente Morales y Idelsa Pozo, identificada como la madre de la menor involucrada. La determinación de dicha fecha recae en la justicia ordinaria.
Se aguarda que el Poder Judicial establezca el calendario para la celebración del juicio oral. Es fundamental recordar que las partes disponen de plazos definidos para presentar sus elementos de defensa y tienen garantizado el derecho a una defensa material y técnica
