Un episodio fuera de lo común llamó la atención de las autoridades policiales en la ciudad de Oruro, cuando dos mujeres de nacionalidad peruana se presentaron voluntariamente en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con una solicitud que sorprendió a los funcionarios: pidieron un “permiso” para cometer robos durante las próximas festividades del Carnaval. Este insólito hecho fue rápidamente esclarecido por el fiscal departamental Aldo Morales, quien confirmó que ambas mujeres fueron arrestadas inmediatamente y enfrentan cargos por cohecho, al intentar involucrar a la institución policial en actividades ilícitas.
El contexto en el que se produjo esta inusual situación no es menor. El Carnaval de Oruro es una de las celebraciones culturales más importantes del país, que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año. Durante este periodo, la ciudad experimenta un notable aumento en su actividad económica y turística, lo que también representa una oportunidad para el incremento de delitos relacionados con hurtos y robos. Sin embargo, lo que hizo singular este caso fue el hecho de que las sospechosas acudieran directamente a la Felcc para solicitar autorización para delinquir, un acto que no solo desafía la legalidad sino también la lógica institucional.
El fiscal Morales detalló que la detención fue inmediata y que ambas mujeres fueron puestas a disposición de un juez cautelar, quien ordenó su detención preventiva por dos meses en el penal de La Merced mientras continúan las investigaciones. Esta medida cautelar busca asegurar la presencia de las imputadas durante el proceso judicial y evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en la pesquisa. Además, el Ministerio Público se comprometió a avanzar con diligencia para esclarecer los hechos y presentar una acusación formal solicitando la pena máxima establecida por ley para este tipo de delitos.
Ante la rareza del caso, Morales no descartó la posibilidad de que las imputadas hayan sido inducidas a creer erróneamente que era posible obtener permisos para delinquir, ya sea debido a experiencias previas en otros países o información incorrecta proporcionada por terceros. Esta hipótesis abre interrogantes sobre el origen de esta percepción equivocada y sobre si existen redes o personas que fomentan prácticas ilegales bajo supuestas autorizaciones institucionales. El fiscal enfatizó que tales acciones no tienen cabida ni respaldo legal en Bolivia, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la transparencia y el respeto a la ley.
Mientras tanto, ambas mujeres permanecen recluidas en Oruro y son objeto de una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Las pesquisas buscan no solo confirmar los detalles del intento de cohecho sino también determinar si hay otros implicados o antecedentes similares relacionados con esta modalidad atípica. Este caso pone en evidencia no solo un episodio singular dentro del ámbito delictivo local sino también los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar el orden público durante eventos masivos como el Carnaval. Además, refleja la importancia de fortalecer los mecanismos preventivos y educativos para evitar confusiones o malas interpretaciones sobre los límites legales dentro del país
