La crisis en la producción de gas natural en Bolivia se perfila como un desafío de gran envergadura para la estabilidad económica y energética del país en los próximos años. Este combustible, que constituye la base fundamental para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, enfrenta una caída sostenida que amenaza no solo las exportaciones, una fuente clave de ingresos fiscales, sino también el suministro eléctrico nacional, con potenciales repercusiones directas en la calidad de vida de la población y el desarrollo productivo.
Un informe reciente elaborado por la Gobernación de Tarija, una región estratégica en la producción gasífera boliviana, advierte que esta situación podría agravarse hasta llevar al país a una dependencia externa para abastecer su mercado interno. Según el documento presentado por el gobernador Oscar Montes, el declive progresivo en la extracción de gas durante la última década ha generado un impacto negativo palpable tanto en la economía regional como en la nacional. La ausencia de nuevos descubrimientos de reservas que permitan revertir esta tendencia plantea un escenario preocupante que podría materializarse a partir del año 2029.
Este contexto se inscribe dentro de una coyuntura económica ya compleja para Bolivia. El economista Fernando Romero señala que las proyecciones oficiales reflejan un problema estructural no atendido oportunamente y que afecta profundamente a las finanzas públicas, especialmente a nivel subnacional. La alta dependencia de las gobernaciones y municipios respecto a regalías y transferencias provenientes del gobierno central —que representan más del 70% de sus ingresos— limita severamente su autonomía financiera y capacidad para realizar inversiones significativas.
La consecuencia directa de esta estructura es que las instituciones públicas locales funcionan principalmente como entes administrativos sin margen real para impulsar proyectos que reactiven la economía o generen empleo. Esto profundiza los desafíos sociales y fiscales, dificultando la implementación de políticas públicas efectivas y sostenibles. En este sentido, el llamado realizado por el gobernador Montes a los actores políticos y candidatos a conocer esta realidad financiera busca fomentar mayor transparencia y promover un debate informado que permita convertir este diagnóstico en un punto de inflexión para Tarija.
Romero enfatiza que lo ocurrido en esta región refleja una problemática replicable a nivel nacional. Solo recientemente se ha reconocido el desgaste del aparato estatal, cuya fragilidad limita la ejecución eficiente de políticas económicas mientras aumenta la presión social por mejores condiciones. La reducción del 50% en la producción gasífera durante los últimos diez años ha dejado al país apenas con capacidad limitada para atender sus compromisos internacionales en exportación, mientras internamente se enfrenta a una demanda superior a 20 millones de metros cúbicos diarios.
En consecuencia, se vislumbra un riesgo creciente de crisis energética si no se adoptan medidas inmediatas. Ante un eventual déficit productivo, Bolivia podría verse forzada a priorizar el consumo interno subvencionado sobre las exportaciones, lo cual tendría como efecto directo una drástica caída en los ingresos fiscales denominados en dólares. Esta situación paradójica afectaría además la disponibilidad de divisas necesarias para importar energía u otros bienes esenciales, agravando aún más el cuadro económico general.
El papel central del gas natural en la generación eléctrica es otro factor crítico: aproximadamente el 70% de la electricidad consumida en Bolivia depende directamente de este recurso. Por ello, cualquier interrupción o reducción significativa en su suministro pone en riesgo no solo sectores industriales y comerciales sino también servicios básicos para toda la población. En este contexto, Romero urge al Gobierno nacional a adoptar medidas preventivas con carácter inmediato que incluyan el impulso decidido a nuevas exploraciones gasíferas y el diseño e implementación de una estrategia energética integral y sostenible a largo plazo.
El desafío al que se enfrenta Bolivia no es solo técnico o económico; implica también decisiones políticas estratégicas con impacto directo sobre el bienestar social y futuro desarrollo del país. La articulación coordinada entre niveles central y subnacional será fundamental para superar esta crisis potencial antes que sus efectos se traduzcan en un colapso energético con consecuencias profundas para toda la sociedad boliviana
