El economista Fernando Romero Torrejón cuestiona la exactitud de las cifras oficiales de inflación publicadas para Bolivia en 2025, señalando que los porcentajes divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no reflejan la realidad económica que experimentan los ciudadanos. Según los datos oficiales, la inflación mensual alcanzó un 0.59%, mientras que la acumulada anual se situó en un 20.4%. No obstante, Romero sostiene que existe una discrepancia significativa entre estas cifras y la inflación real percibida en el mercado.

Este análisis pone en evidencia la necesidad de revisar y actualizar la metodología empleada para calcular el índice inflacionario en el país. En particular, el economista propone incorporar elementos de la economía informal y considerar los precios en centros de abasto, aspectos que actualmente no se reflejan adecuadamente en las estadísticas oficiales. Asimismo, destaca la importancia de contar con un indicador que monitoree exclusivamente la variación de precios de la canasta básica familiar, dado que esta representa apenas un 6% del ponderado global, lo que dificulta la identificación de cambios significativos en los costos de los productos esenciales.

Romero también sugiere implementar un mecanismo que permita evaluar el poder adquisitivo real, midiendo el valor de una cantidad fija de dinero a lo largo del tiempo y su relación con la evolución de los precios. Según su perspectiva, los datos oficiales del INE no capturan esta dimensión, lo que limita la comprensión del impacto inflacionario en el bolsillo de los ciudadanos.

Aunque la inflación reportada para 2025 es la más alta en 37 años y duplica la registrada en 2024, el economista la califica como una “inflación diferida”. Explica que, si bien el aumento en los precios de los carburantes tuvo un impacto limitado en diciembre, sus efectos estructurales y profundos se harán sentir con mayor intensidad durante el primer trimestre de 2026, afectando con mayor severidad a la población.

En cuanto a la inflación real, Romero estima que, considerando los precios reales, el incremento mensual debería superar el 2%, lo que implicaría una tasa anual cercana al 25%. La metodología vigente para calcular el índice inflacionario fue establecida por el gobierno anterior y contempla una amplia variedad de productos más allá de los alimentos de la canasta básica, con el objetivo de distribuir el peso de las cifras entre diferentes variables. Sin embargo, este enfoque podría estar diluyendo la percepción de la inflación que afecta directamente a los consumidores