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César Siles, exministro de Justicia durante la administración de Luis Arce, y Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, han alcanzado un acuerdo confidencial con Fanny Coaquira, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esta información fue confirmada por el abogado Alberto Morales, quien representa a Siles y Córdova. En el contexto de esta negociación, Coaquira había denunciado previamente que existía un intento ilegal para destituirla de su cargo.

Morales explicó que las partes involucradas han llegado a la conclusión de que la conducta más grave en este caso podría ser calificada como encubrimiento. Como resultado, se ha solicitado formalmente a la Fiscalía que reevalúe los cargos iniciales de consorcio ilegal, uso indebido de influencias y organización criminal, para que sean considerados en términos de encubrimiento. Según el abogado, el delito de encubrimiento conlleva una pena máxima de hasta dos años, lo que significa que sus clientes no enfrentan antecedentes penales significativos.

El abogado también enfatizó que incluso si el caso llegara a juicio y se dictara una sentencia por encubrimiento, la pena no superaría los dos años y podría ser objeto de perdón judicial. Este aspecto resulta crucial en la estrategia legal adoptada por Siles y Córdova.

Cabe recordar que Fanny Coaquira se presentó ante la Fiscalía como víctima en este proceso, alegando que se intentaba destituirla irregularmente para permitir que otra persona asumiera su puesto en el Tribunal Supremo. Durante las investigaciones surgieron audios que implicaban a Siles y Córdova junto con otros involucrados.

Tras el establecimiento del acuerdo confidencial entre las partes, ambas presentaron un memorial ante la Fiscalía para notificar sobre este pacto y buscar así la exclusión de Siles y Córdova de la investigación. Morales indicó que si no hay respuesta por parte del Ministerio Público en un plazo razonable, procederán a solicitar una resolución ante un juez.

Aunque Morales evitó entrar en detalles sobre el contenido específico del acuerdo confidencial, mencionó que incluye aspectos relacionados con reparaciones económicas y psicológicas. Sin embargo, mantuvo en reserva el monto acordado al tratarse de un acuerdo entre las partes.

El abogado también reiteró que tanto Coaquira como los imputados coincidieron en que las acusaciones iniciales sobre consorcio ilegal y organización criminal no reflejan adecuadamente los hechos ocurridos.

En otro contexto relacionado con Siles, es importante mencionar que en junio de 2025 se determinó su detención en la cárcel de Patacamaya por un periodo inicial de cinco meses mientras se llevaba a cabo una investigación por consorcio. Sin embargo, únicamente dos meses después logró obtener arresto domiciliario argumentando problemas de salud y permaneció internado en una clínica durante ese tiempo.

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