El exministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó con contundencia su postura sobre la responsabilidad individual en casos de presunta corrupción y delitos vinculados a funcionarios públicos y sus allegados. Durante su intervención en el programa ON- Otra noche con Sissi emitido por EL DEBER, Romero enfatizó que la condición de compañerismo político o personal no puede ni debe interferir en la aplicación del derecho penal, que establece claramente que las responsabilidades son individuales y deben ser investigadas a fondo. En este sentido, hizo un llamado a que las investigaciones relacionadas con el caso Marset se realicen con profundidad y sin dejar cabos sueltos, para esclarecer todos los vínculos y responsabilidades implicadas.
Esta declaración se produce en un contexto marcado por la reciente detención de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, quien fue aprehendido durante un operativo policial llevado a cabo en Santa Cruz. La Fiscalía formalizó cargos contra él por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, delitos graves que ameritan una investigación exhaustiva para determinar el alcance y la naturaleza de las supuestas irregularidades.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, aportó detalles relevantes sobre la trayectoria laboral de Luis Marcelo Arce Mosqueira dentro del entramado estatal. Según sus declaraciones a EL DEBER, el investigado desempeñó funciones inicialmente en YPFB Corporación, una empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para luego ocupar el cargo de jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Sin embargo, lo que llama especialmente la atención es que tras cesar como funcionario público formalmente, continuó operando dentro del ámbito de YPFB desde una posición no oficial. Según García, Arce Mosqueira habría montado una estructura desde un piso administrativo vinculada a YPFB para influir y direccionar ciertos procesos de contratación mediante funcionarios públicos aún activos.
Esta situación pone en evidencia posibles prácticas irregulares que involucran no solo al investigado sino también a otros funcionarios públicos que podrían estar participando o siendo cómplices en estos actos. Por ello, el viceministro destacó la importancia de convocar a todos los funcionarios implicados para esclarecer los hechos y descubrir la verdad detrás de estas acusaciones. Este llamado a la transparencia refleja la preocupación institucional por garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias ni impunidad.
La relevancia del caso trasciende lo individual y tiene un impacto directo en la percepción pública sobre la integridad del sistema político y administrativo. La ciudadanía demanda respuestas claras frente a denuncias relacionadas con corrupción y enriquecimiento ilícito dentro del sector público, más aún cuando involucran a familiares directos de altos exfuncionarios. El proceso judicial que se sigue contra Luis Marcelo Arce Mosqueira se convierte así en un referente para demostrar el compromiso del Estado con la justicia independiente y la rendición de cuentas.
En suma, las declaraciones del exministro Romero junto con las explicaciones oficiales aportadas por el viceministro García configuran un panorama donde se insiste en aplicar rigurosamente las normas penales sin importar los vínculos políticos o familiares. La exigencia es que cada responsable asuma su parte sin excepciones y que las investigaciones sean profundas e integrales para evitar impunidad o encubrimientos. Esto responde a una demanda social creciente por mayor transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y procesos administrativos vinculados al Estado
