La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el expresidente Luis Arce Catacora padece un cáncer agresivo que llegó a un estado de metástasis, situación que puso en riesgo su vida. Prada señaló que, aunque Arce logró superar esa etapa crítica, continúa bajo control médico constante debido a la naturaleza de la enfermedad, que puede reaparecer en cualquier momento. Además, mencionó que el exmandatario sigue un tratamiento que incluye una dieta específica y un control riguroso en la ingesta diaria de líquidos como parte de su cuidado permanente.
Estas declaraciones surgieron tras la orden de detención preventiva por cinco meses dictada por la Justicia para Arce, quien deberá cumplir esta medida en el penal de San Pedro, en La Paz. La decisión fue tomada durante una audiencia virtual a cargo del juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres, Elmer Laura, en el marco de una investigación por el caso Fondo Indígena.
El exmandatario está siendo indagado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con un supuesto desvío irregular de fondos públicos cuando se desempeñaba como ministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), uno de los escándalos de corrupción más significativos del anterior gobierno.
En su resolución, el juez Laura reconoció que Arce cuenta con arraigo familiar y laboral, evidenciado por su cargo como docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Sin embargo, consideró que estos factores no eliminan los riesgos procesales, especialmente el peligro de obstaculización de la investigación. Según el juez, la influencia que el expresidente mantiene sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependieron jerárquicamente de él, representa un riesgo real para el desarrollo del proceso.
El Ministerio Público identificó a numerosas personas vinculadas al caso, incluyendo exministros, autoridades y dirigentes, quienes aún deben rendir declaraciones y podrían estar sujetos a presiones directas o indirectas por parte de Arce, lo cual complicaría la investigación. Además, se destacó la complejidad del caso debido a la cantidad de imputados y diligencias pendientes.
En cuanto al riesgo de fuga, el juez señaló que el expresidente tiene facilidades para abandonar el país, aunque su negativa a firmar el acta de aprehensión no se consideró un factor determinante para esta evaluación. Respecto a su estado de salud, la defensa no presentó certificados médicos recientes que acrediten la enfermedad oncológica, ya que los documentos aportados datan de 2017. No obstante, se indicó que el sistema penitenciario puede garantizar la atención médica especializada si fuera necesario.
Finalmente, el juez descartó la aplicación de medidas menos gravosas basadas en la edad, dado que Arce tiene 63 años y no 65, y resaltó la gravedad del daño económico causado, estimado preliminarmente en miles de millones de bolivianos, como argumento para justificar la detención preventiva
