El proceso judicial que involucra al expresidente Evo Morales ha avanzado con la notificación formal de la acusación en su contra. Dicha diligencia se efectuó el 21 de octubre, mediante edicto público, marcando el inicio del juicio por los cargos de trata de personas y estupro. La imputación se origina en la alegación de que el exmandatario habría procreado un hijo con una adolescente de 15 años en 2015, mientras ejercía la presidencia del Estado.

Por la misma vía edictal, también fueron notificadas la presunta víctima, identificada como Cindy Saraí Vargas, y su madre, Idelsa Pozo. Esta última figura en el expediente en calidad de acusada. Ambas mujeres residen actualmente en Argentina, donde gozan de asilo político.

En un desarrollo paralelo del caso, Emeterio Vargas, padre de la presunta víctima, recibió una resolución de sobreseimiento. Esta decisión judicial puso fin a su detención preventiva, en la que se encontraba recluido.

Asimismo, Esteban Vargas, hermano de la presunta víctima, ha presentado un memorial solicitando la restitución de 80.000 bolivianos. Estos fondos fueron incautados durante un allanamiento a la residencia de Cindy Saraí. Según la solicitud, el dinero corresponde a ahorros acumulados por Esteban Vargas durante su desempeño como cónsul, aunque no se han especificado los detalles sobre el lugar o el período en que ejerció dicho cargo diplomático