El exmandatario Evo Morales ha manifestado haber recibido una invitación para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz Pereira, programada para este sábado, 8 de noviembre, en La Paz. No obstante, su asistencia estaría supeditada a la provisión de garantías de seguridad y, crucialmente, al cese de los procesos judiciales que, según su perspectiva, fueron iniciados por motivos de persecución política. El exjefe de Estado expresó sus buenos deseos para la gestión entrante, pero enfatizó la necesidad de que se anulen las medidas que buscan su detención en un caso que él califica de fabricado.
Desde su punto de vista, el Tribunal Supremo de Justicia debería ordenar el archivo inmediato de estas causas, invocando principios de justicia y legalidad, y haciendo un paralelismo con decisiones previas que, a su juicio, beneficiaron a individuos implicados en los eventos políticos de 2019.
La ceremonia de toma de posesión presidencial, que oficializará a Rodrigo Paz Pereira como presidente constitucional de Bolivia para el periodo 2025–2030, contará con una destacada presencia internacional. Entre los dignatarios confirmados se encuentra Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, quien lidera la cartera de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Asimismo, se anticipa la llegada de los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Gabriel Boric de Chile. Decenas de delegaciones y otros representantes extranjeros también se unirán a los actos protocolares.
En relación con la situación legal del expresidente, la fiscalía de Tarija presentó el pasado mes de octubre una imputación formal en su contra por el delito de trata agravada de personas. Esta acción procesal implica que un juez deberá fijar una fecha para el inicio del juicio oral correspondiente. La entonces fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, había señalado que la decisión de presentar la acusación se basó en un análisis exhaustivo de todas las pruebas e informes recabados durante la etapa preparatoria. Gutiérrez explicó que, tras la revisión judicial, el caso sería remitido al tribunal competente para la programación del juicio oral. Cabe destacar que, poco después de estas declaraciones, la fiscal Gutiérrez fue apartada de sus funciones por la Fiscalía General del Estado
