Una sesión de la comisión mixta de Constitución, presidida por la senadora Patricia Arce, tomó un giro inesperado esta semana al introducir una propuesta para conformar una comisión especial. Aunque el encuentro había sido convocado inicialmente para abordar un decreto presidencial, sorpresivamente se puso a consideración la creación de un grupo investigador sobre un presunto fraude electoral, una alegación que ya había sido desestimada previamente por la fiscalía de La Paz.
Legisladores presentes en la sesión expresaron su preocupación por la naturaleza de esta iniciativa. Se destacó que una comisión parlamentaria carece de la potestad para establecer otra comisión de investigación; su función se limita a recomendar tal acción al pleno de la Asamblea Legislativa, que es el único órgano facultado para tomar una decisión final. Este intento, según los críticos, pretendía eludir el procedimiento establecido y pasar por alto la autoridad del pleno. Cabe recordar que, a principios de octubre, una moción similar presentada por el diputado Gualberto Arispe en la Cámara de Diputados, buscando investigar denuncias de un excandidato, no logró el respaldo necesario y fracasó.
En el transcurso de la misma sesión de la comisión de Constitución, mientras se debatía el decreto presidencial sobre una amnistía, el diputado Patricio Mendoza presentó formalmente una solicitud para la creación de esta comisión especial. Sin embargo, su propuesta fue rechazada de manera unánime por los miembros presentes, quienes consideraron improcedente la moción.
Paradójicamente, en ese mismo momento, el expresidente Evo Morales publicó en sus redes sociales un mensaje en el que manifestaba su rechazo a cualquier intento de remover a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, afirmando que la representación parlamentaria afín a su línea no avalaría bajo ninguna circunstancia la prórroga de mandato de ninguna autoridad. No obstante, fueron precisamente legisladores vinculados a su corriente política quienes impulsaron el proyecto de resolución para conformar la comisión investigadora, lo que podría haber tenido como efecto la interrupción del proceso electoral en curso.
Distintas bancadas parlamentarias advirtieron sobre los riesgos inherentes a esta propuesta. Argumentaron que su aprobación sería sumamente peligrosa, invocando el principio de preclusión, que impide reabrir asuntos ya resueltos. Además, recordaron que las misiones de observación electoral internacionales no habían reportado irregularidades significativas en los comicios celebrados el 17 de agosto, lo que restaba fundamento a la necesidad de una nueva investigación de este tipo
