Después de soportar una de las crisis humanitarias y económicas más severas en la historia reciente de Venezuela, así como el éxodo masivo de millones de ciudadanos y la constante presión internacional por denuncias de autoritarismo, Nicolás Maduro fue capturado en una rápida operación militar llevada a cabo por fuerzas estadounidenses, junto a su esposa, Cilia Flores.
Esta detención y traslado a Estados Unidos ocurren tras un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región caribeña y advertencias sobre posibles acciones contra el gobierno venezolano, al que se le vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico. La fiscal general estadounidense anunció cargos en contra de Maduro y su esposa, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, y posesión ilegal de armamento, entre otros delitos, señalando que enfrentarán la justicia en tribunales estadounidenses.
El fin de casi 13 años en el poder de Maduro marca el cierre de un periodo caracterizado por su habilidad para sortear múltiples crisis políticas y sociales. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro, quien había sido designado sucesor por el propio Chávez, asumió la presidencia en medio de un panorama económico complicado, con una caída significativa en los precios del petróleo que afectó profundamente la economía nacional.
Durante su mandato, Maduro enfrentó numerosas dificultades, incluyendo la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015, lo que desencadenó una serie de conflictos institucionales y una crisis política que llevó a la creación de una Asamblea Constituyente paralela, con poderes superiores a los del Legislativo, y a un aumento de la represión contra la oposición y manifestantes.
En 2019, la juramentación de Maduro para un segundo mandato, cuestionada por gran parte de la comunidad internacional, provocó que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara presidente interino, recibiendo el respaldo de varios países, especialmente Estados Unidos. Sin embargo, los intentos de derrocar a Maduro mediante protestas y presiones militares no lograron fracturar el apoyo que mantenía en sectores clave, especialmente dentro de las fuerzas armadas.
En los años siguientes, la crisis política y económica se profundizó, con denuncias de fraude electoral, protestas masivas y una creciente presión internacional. La administración estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, incrementó la presencia militar en la región y lanzó una ofensiva contra el narcotráfico, acusando a Maduro de liderar una organización criminal dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Esta estrategia incluyó el despliegue de una flota naval y aérea sin precedentes en Sudamérica, además de ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, generando controversias y críticas por posibles violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno venezolano buscó apoyo diplomático en países aliados y apeló a organismos internacionales para frenar la presión externa.
Finalmente, esta combinación de factores culminó en la captura de Maduro y su esposa en una operación militar relámpago. Su detención simboliza el fin de una era y abre un nuevo capítulo en la historia política venezolana, con un proceso judicial que se desarrollará en Estados Unidos. Esta acción recuerda a operaciones similares en la región, como la captura del expresidente panameño Manuel Antonio Noriega en 1990, y pone fin a un prolongado periodo de gobierno marcado por la polarización, la crisis y la resistencia política
