Estados Unidos comenzó a implementar un nuevo régimen arancelario este martes, en línea con la política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha decidido mantener firme su estrategia comercial a pesar de la reciente derrota judicial que sufrió en la Corte Suprema. Esta medida representa una respuesta directa a la sentencia del máximo tribunal del país, que limitó considerablemente el alcance de las facultades presidenciales para imponer y modificar aranceles bajo el argumento de emergencia nacional.
El pasado viernes, tras conocer el fallo adverso, Trump anunció que no cedería terreno en su política comercial y que los aranceles previamente establecidos serían sustituidos por un gravamen generalizado del 10% sobre las importaciones. Durante los días siguientes, el mandatario elevó incluso esta tasa al 15%, evidenciando su intención de persistir en una línea proteccionista para enfrentar lo que considera desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos. Según informó la Casa Blanca, estos nuevos derechos aduaneros buscan contrarrestar los “grandes y graves déficits” en la balanza de pagos del país.
Este nuevo esquema arancelario tiene una vigencia limitada inicialmente a 150 días, salvo que el Congreso decida extenderlo. Es importante destacar que no afecta a la mayoría de los productos provenientes de Canadá y México debido a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece un marco de libre comercio entre estas naciones. No obstante, ciertos bienes específicos como automóviles y acero sí pueden ser gravados bajo esta nueva regulación, conforme al margen otorgado por la Corte Suprema en una votación de seis contra tres.
La decisión judicial no solo anuló una parte sustancial de los aranceles impuestos sino que también restringió la potestad presidencial para aplicar medidas comerciales basadas en argumentos de emergencia nacional. Desde abril del año anterior, esta declaración había sido la principal herramienta utilizada por el gobierno Trump para justificar sus políticas arancelarias, marcando un cambio radical frente a décadas anteriores donde Estados Unidos mantuvo niveles significativamente más bajos de impuestos sobre las importaciones en comparación con otros países occidentales.
Históricamente, desde los años ochenta, Estados Unidos fue abriendo progresivamente sus fronteras comerciales con una política orientada hacia la liberalización económica. Sin embargo, Trump consideró que esta apertura no trajo beneficios equitativos ni contrapartidas adecuadas por parte de sus principales socios comerciales como Japón, la Unión Europea o China. En consecuencia, su administración optó por imponer medidas proteccionistas con el objetivo declarado de proteger industrias nacionales y corregir desequilibrios comerciales.
Paralelamente a estas medidas arancelarias, el gobierno estadounidense ha continuado negociando nuevos acuerdos comerciales durante 2025 con países como Corea del Sur e India. Además, se espera que este año se lleve a cabo una renegociación del T-MEC con Canadá y México para ajustar aspectos clave del tratado vigente.
La reacción de Trump ante la decisión judicial ha sido de evidente descontento. Considera que la sentencia limita sus herramientas no solo económicas sino también diplomáticas para ejercer presión internacional. Un ejemplo claro fue la necesidad de modificar el decreto presidencial 14380 emitido el 29 de enero, mediante el cual se aplicaban aranceles especiales a países suministradores de petróleo a Cuba bajo pretextos de seguridad nacional.
Frente a este escenario adverso para su estrategia inicial, la administración Trump trabaja intensamente en diseñar un esquema arancelario más estable y resistente a impugnaciones legales. El presidente ha dejado claro su compromiso con mantener estos derechos aduaneros mientras ocupe el cargo ejecutivo.
No obstante, persisten interrogantes sobre el destino final de hasta 170 mil millones de dólares recaudados hasta ahora mediante estas políticas arancelarias. Empresas estadounidenses y gobiernos estatales vinculados al Partido Demócrata han manifestado su intención de presentar demandas para obtener indemnizaciones por los impactos económicos derivados. Esta batalla judicial podría prolongarse durante varios años según lo reconocido públicamente por Trump.
Finalmente, ante posibles intentos internacionales por aprovechar o desafiar esta coyuntura legal desfavorable para Estados Unidos, Trump ha advertido sobre incrementos significativos en los aranceles contra aquellos países que intenten “jugar” con las políticas impositivas estadounidenses. En sus declaraciones públicas advirtió que quienes hayan abusado históricamente del sistema comercial estadounidense enfrentarán gravámenes aún mayores que los recientemente establecidos.
En síntesis, este nuevo capítulo en la política comercial estadounidense refleja un momento crucial donde se confrontan decisiones judiciales y estrategias presidenciales con fuertes implicancias para la economía nacional e internacional. La continuidad del proteccionismo bajo esta nueva modalidad tendrá un impacto directo sobre cadenas globales de suministro y relaciones diplomáticas clave para Estados Unidos y sus socios comerciales más importantes
