Un reciente encuentro de alto nivel, centrado en el Gran Chaco y que congregó a representantes de comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y entidades internacionales, concluyó el 3 de octubre. La asamblea generó una extensa agenda de planteamientos orientados a fortalecer la gestión ambiental, la inclusión social y el desarrollo sostenible en este bioma sudamericano, considerado uno de los más vulnerables. No obstante, algunas valoraciones calificaron los resultados como una respuesta insuficiente a la compleja realidad chaqueña.
Durante dos jornadas, las mesas de trabajo abordaron cuestiones apremiantes como el acceso al agua, la implementación de modelos de producción sustentable, la conservación de los ecosistemas forestales, la adaptación a los efectos del cambio climático, la expansión de la conectividad digital y las repercusiones de grandes proyectos de infraestructura, incluido el corredor bioceánico.
Un consenso fundamental se alcanzó en torno a la necesidad de avanzar hacia una gobernanza del agua que integre de manera efectiva a comunidades indígenas y criollas, administraciones locales y el sector privado en espacios de toma de decisiones compartida. El documento final propone una transición de las intervenciones de emergencia a políticas de Estado duraderas que garanticen el suministro de agua en cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano y las actividades productivas. Se puso de manifiesto la relevancia de fortalecer las comisiones comunitarias de agua y de impulsar tecnologías adaptadas a las particularidades del territorio chaqueño. Asimismo, se planteó asegurar la participación plena de mujeres y poblaciones indígenas en la gestión hídrica, respaldada por sistemas de monitoreo y mapas interactivos.
Otro eje central fue la redefinición de los paradigmas productivos, promoviendo alianzas estratégicas entre pueblos indígenas, productores criollos y el empresariado, bajo principios de equidad y sostenibilidad. Se enfatizó la importancia de valorar los servicios ambientales que proveen las comunidades, reconociendo el aporte de productos como la miel, los frutos del monte o la carne silvestre a la economía local. Los participantes subrayaron que la transición hacia una economía más sostenible debe ir acompañada de innovaciones tecnológicas, acceso a financiamiento y mercados inclusivos, sin dejar de lado a los sectores de menor escala.
La conservación del Gran Chaco se concibió como un desafío de carácter transfronterizo, que demanda la cooperación activa entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Entre las estrategias propuestas figuran la creación de corredores biológicos trinacionales, como el del río Pilcomayo, y la implementación de modelos complementarios de conservación, que incluyen la autonomía indígena y la movilización de fondos verdes. Respecto al cambio climático, el encuentro hizo un llamado a pasar de la reacción ante emergencias a la prevención, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y los planes de adaptación climática con participación comunitaria. Experiencias locales de restauración ambiental y manejo del fuego fueron presentadas como ejemplos replicables.
La brecha digital en el Chaco fue otro tema crucial. Iniciativas como Nanum, que combina redes comunitarias de internet con tutorías locales, fueron citadas como modelos exitosos de inclusión tecnológica. Se propuso el reconocimiento legal de las radios comunitarias indígenas y la creación de una plataforma regional de información sobre producción, cultura y biodiversidad. En cuanto a los derechos indígenas, se insistió en la garantía de la consulta previa, libre e informada, así como en el fortalecimiento del autogobierno y la seguridad jurídica de los territorios. La declaración final reafirma el compromiso de respetar la libre determinación de los pueblos y de fomentar la participación política de mujeres y jóvenes indígenas.
El corredor bioceánico constituyó uno de los asuntos más debatidos. Las comunidades demandan que los nuevos tramos de este proyecto sean precedidos por consultas genuinas y vinculantes, además de estudios de impacto socioambiental exhaustivos. Se propuso, adicionalmente, la creación de un Fondo Indígena Permanente, financiado con un porcentaje de los peajes y tributos generados por el corredor, destinado a programas de educación, salud, agua y producción. También se alertó sobre los riesgos asociados a esta infraestructura, como el tráfico ilegal y la trata de personas, sugiriéndose la conformación de un pacto trinacional de comunidades afectadas entre Argentina, Paraguay y Bolivia.
A pesar del optimismo expresado al cierre del evento, no todos los participantes compartieron esta visión. Algunos observadores caracterizaron la declaración final como una respuesta tibia frente a la profunda crisis que atraviesa el Chaco. Se argumentó que el documento buscó conciliar diversos intereses sin asumir compromisos suficientemente firmes ante problemas graves como la deforestación, los incendios y el desplazamiento de comunidades. Una crítica particularmente señalada fue la omisión completa de cualquier referencia a los pueblos en aislamiento voluntario, como los Ayoreo Totobiegosode en Paraguay y Bolivia. Esta ausencia fue percibida como un grave descuido, dada su condición de herederos directos de los habitantes originales de estas tierras, lo que generó inquietud sobre el destino último del patrimonio ecológico y cultural único del Chaco
