Desde media tarde, los diputados se han visto impedidos para avanzar en el análisis del proyecto de ley denominado “Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales Regionales y Municipales”, que establecerá las normas para las elecciones subnacionales programadas para marzo.
El debate inicial giró en torno a la modificación de la agenda, que contemplaba tres puntos. La controversia se centró en decidir si se debía priorizar el tratamiento del proyecto o proceder primero con la lectura de la correspondencia. Esta discusión se prolongó cerca de tres horas, incluyendo dos recesos sin que se alcanzara un consenso. Posteriormente, se abordó si se debía aprobar el texto tal cual fue remitido por el Senado o si era necesario introducir modificaciones. Esta etapa también estuvo marcada por dos recesos adicionales y nuevas discusiones, culminando en una votación que no abordó el contenido sustantivo de la ley.
Hasta pasadas las 20:30, la principal discrepancia residía en la aprobación del proyecto conforme a la versión enviada por el Senado o en la modificación de la disposición final primera. Esta disposición fue alterada por los senadores debido a que los vocales solicitaron que puedan participar en las elecciones las organizaciones que aún están en trámite para obtener su personería jurídica. No obstante, la Cámara Alta optó por mantener la normativa vigente en la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que solo pueden participar aquellas agrupaciones que cuenten con personería al menos 90 días antes de la convocatoria electoral.
Algunos legisladores propusieron modificar esta disposición argumentando que aproximadamente 50 organizaciones quedarían excluidas de las elecciones subnacionales si se mantiene el texto aprobado por el Senado. Por otro lado, parlamentarios contrarios a esta modificación sostienen que las organizaciones tuvieron tiempo suficiente para regularizar su situación y que no es viable postergar un proceso electoral por trámites que debieron realizarse con antelación.
Durante la sesión, la diputada Lissa Claros intentó interrumpir el desarrollo normal de la misma al subir a la testera de la Cámara para hacerse escuchar, acción que fue criticada unánimemente por sus colegas, quienes incluso amenazaron con remitirla a la comisión de Ética, la cual aún no ha sido conformada, debido a su conducta.
Finalmente, los diputados procedieron a votar sobre si el proyecto debía ser tratado en sesión plenaria, evitando su revisión en la comisión de Constitución. En las dos votaciones realizadas, el presidente de la Cámara, Roberto Castro, ordenó que los sufragios fueran nominales, permitiendo a cada diputado emitir su voto en voz alta y, si lo deseaba, hacer uso de la palabra
