La diputada nacional Marina Cachambi Álvarez ha dado un paso decisivo al presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca anular los contratos petroleros que permiten el ingreso a la Reserva de Tariquía. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, quienes han manifestado su rotundo rechazo a cualquier actividad extractiva en esta área.
Cachambi Álvarez confirmó que su propuesta se centra en la derogación de las leyes 1015 y 1049, que facilitaron estos contratos, argumentando que estas normativas están siendo utilizadas como base para permitir el ingreso de empresas petroleras a una región considerada vital por su biodiversidad y recursos naturales. En sus declaraciones, la legisladora mostró optimismo sobre la posibilidad de que su proyecto avance en la Comisión de Constitución de diputados, señalando que “estamos muy esperanzados de poder trabajar y que se consoliden en beneficio de nuestro departamento y el país”.
El tema de Tariquía ha cobrado relevancia no solo entre los legisladores, sino también entre los ciudadanos. La diputada recordó las palabras del presidente Rodrigo Paz, quien afirmó que la decisión sobre el futuro de Tariquía debe recaer en el pueblo tarijeño. Sin embargo, Cachambi Álvarez fue clara en su postura: “Tariquía no se toca”, una frase que ha resonado entre los defensores del medio ambiente y las comunidades locales.
La legisladora también expresó su descontento con el Vicepresidente Edman Lara, quien ha utilizado el asunto de Tariquía como bandera política. Según ella, este tipo de maniobras no solo son inapropiadas, sino que también desvían la atención del verdadero objetivo: proteger la reserva. Para reforzar su compromiso con esta causa, Cachambi Álvarez anunció su intención de presentar un proyecto adicional destinado a detener procesos penales contra comunarios de Chiquiacá, quienes han enfrentado repercusiones legales por oponerse a las actividades petroleras.
En apoyo a esta causa, representantes de las comunidades locales también han alzado sus voces. Paola Gareca Vaca, una dirigente comunal, denunció que Petrobras ha logrado avanzar en sus trámites para ingresar a Tariquía tras cambiar su clasificación ambiental de categoría 1 a categoría 2. Este cambio es motivo de gran preocupación para los habitantes locales, ya que la categoría 1 requiere estudios ambientales exhaustivos antes de cualquier actividad extractiva. Gareca Vaca subrayó: “Queremos que vuelva a la categoría 1; no puede ser como ellos quieren hacerlo a la rápida”, insistiendo en que esta modificación podría acarrear graves daños ambientales.
Desde el ámbito comunitario, Vidal Jiménez también expresó sus inquietudes sobre las estrategias utilizadas por YPFB para ganar apoyo local. Según él, la empresa está intentando convencer a los pobladores mediante incentivos económicos y promesas laborales, incluso creando asociaciones destinadas a atraer a personas desempleadas. Sin embargo, Jiménez advirtió sobre los riesgos asociados con estas tácticas manipulativas y reafirmó el compromiso colectivo con la defensa del territorio.
La situación en Tariquía sigue siendo un tema candente y divisivo en Tarija y más allá. La combinación del activismo político encabezado por figuras como Marina Cachambi Álvarez y la resistencia organizada desde las comunidades locales pone de manifiesto una lucha por el futuro ambiental y social de esta valiosa reserva natural.
