Una evaluación exhaustiva realizada por la entidad encargada de la defensa de los derechos humanos en el país ha puesto de manifiesto una profunda crisis en el sistema penitenciario, caracterizada por la sobrepoblación, el hacinamiento severo y el uso desproporcionado de la detención preventiva. Esta situación crítica, según el análisis, podría desembocar en disturbios de gran envergadura y un aumento de las muertes bajo custodia estatal.

El informe, compilado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, revela que la población carcelaria alcanzó los 33.058 reclusos hasta julio de 2025, lo que se traduce en un nivel de hacinamiento superior al 105% a escala nacional. Un dato particularmente alarmante es que el 55,9% de estas personas se encuentra en detención preventiva, porcentaje que se eleva drásticamente hasta el 75% en el segmento de jóvenes entre 18 y 28 años.

La institución ha observado un crecimiento sostenido de la población penitenciaria, pasando de 17.305 internos en 2020 a los actuales 33.058 en 2025. Este incremento constante amenaza con agravar aún más la precaria situación existente. La saturación de los recintos impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios esenciales, creando un ambiente calificado de inhumano e insostenible.

Ante este panorama, el organismo de derechos humanos ha instado a las autoridades de los tres niveles del Estado a adoptar medidas urgentes y coordinadas. Se advierte que, de no implementarse acciones inmediatas, el país podría enfrentar consecuencias devastadoras: protestas masivas y violentas con riesgo de motines de gran magnitud; un incremento de las muertes en custodia estatal, tanto por violencia como por enfermedades; y una crisis de carácter casi humanitario, con repercusiones negativas en la seguridad ciudadana y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los niveles de hacinamiento en varias cárceles son particularmente críticos. San Pablo de Quillacollo registra un 513% de saturación, San Sebastián un 346%, Palmasola un 205% y San Pedro de Oruro un 243%. En centros rurales, la situación es igualmente preocupante: Arani con 412%, Buena Vista con 390%, Camargo con 376% y Guayaramerín con 344%.

El análisis también destaca un preocupante aumento de muertes violentas y incidentes graves dentro de los penales. Mientras en 2024 se registraron nueve decesos violentos, en lo que va de 2025 ya se contabilizan 15 hasta septiembre. Se han documentado casos de quemaduras, apuñalamientos, agresiones sexuales, fugas y ataques con armas improvisadas, lo que evidencia un debilitamiento de la seguridad penitenciaria exacerbado por el hacinamiento.

Un factor crucial en la mortalidad bajo custodia estatal es la deficiencia en el acceso a servicios de salud, a la que se atribuye el 90,6% de los fallecimientos. Actualmente, solo 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos atienden a más de 33.000 internos. A esta carencia se suma una crisis alimentaria, con seis conflictos registrados en 2025 debido a retrasos en el pago de los prediarios, que en algunas regiones se extienden hasta por cinco meses. La gravedad de la violencia se ilustra con hechos recientes, como el de un interno que fue quemado vivo en Morros Blancos en 2023, la agresión sexual y asesinato de una visitante en 2024, y agresiones con armas blancas e industriales reportadas este año en Palmasola, San Pedro, Morros Blancos y San Antonio.

En respuesta a la creciente presión y a las manifestaciones de internos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el 25 de agosto el Instructivo N°19/2025. Este documento busca organizar jornadas de verificación de los plazos de las medidas cautelares de detención preventiva. El instructivo, dirigido a los presidentes de los Tribunales Departamentales, establece un plazo de 24 horas para su cumplimiento y ordena el traslado de procesados al lugar de radicatoria del proceso o, excepcionalmente, el uso de medios tecnológicos virtuales cuando la detención se cumpla en un lugar distinto.

La entidad de derechos humanos activó un mecanismo de seguimiento institucional a través de sus nueve delegaciones departamentales para verificar la aplicación efectiva de esta disposición. Se remitieron notas formales a los Tribunales Departamentales de Justicia solicitando información detallada y se realizaron visitas in situ a los recintos penitenciarios, además de reuniones con directores departamentales de Régimen Penitenciario.

El 9 de septiembre, se informó que los Tribunales Departamentales de Justicia habían realizado más de 200 revisiones de plazos de detención preventiva a nivel nacional. Sin embargo, el organismo de derechos humanos ha señalado que estas 200 revisiones representan apenas el 1,03% del total de 19.235 personas en detención preventiva, lo que subraya la limitada cobertura inicial de la iniciativa frente a la magnitud del problema estructural. Además, se ha solicitado un informe al TSJ para conocer los resultados finales de la implementación del Instructivo N°19/2025. Se ha reportado que en el departamento de Santa Cruz, 41 personas detenidas preventivamente en Palmasola y el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom) fueron liberadas.

Frente a esta coyuntura, la entidad de derechos humanos ha propuesto cinco acciones inmediatas: limitar el uso de la detención preventiva y aplicar criterios diferenciados para poblaciones vulnerables; reactivar el proyecto de ley sobre manillas electrónicas como una alternativa viable al encarcelamiento; separar y clasificar a los internos según la naturaleza del delito y su situación procesal; garantizar un acceso adecuado a la salud, incorporando más personal médico o estableciendo convenios con hospitales y universidades; y consolidar un acuerdo intergubernamental para asegurar el financiamiento oportuno de los prediarios y establecer responsabilidades compartidas en la gestión penitenciaria.

Finalmente, el organismo ha anunciado que notificará esta alerta temprana al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud, a Régimen Penitenciario y a diversos organismos internacionales de derechos humanos, enfatizando el riesgo inminente de motines y protestas masivas en las cárceles del país