El máximo tribunal del país ha resuelto anular la condena que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez en el caso conocido como Golpe II, una determinación que conlleva su liberación inmediata. Esta decisión judicial revoca la sentencia de diez años de prisión que se había dictado en su contra.
Tras conocerse el fallo, la defensa legal de la exmandataria, a través de su abogado, Luis Guillén, señaló que el auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia genera un marco de responsabilidad penal para fiscales, jueces y funcionarios de la actual administración gubernamental que actuaron como parte acusadora. El equipo legal adelantó que se realizará un análisis pormenorizado para establecer el grado de implicación de cada uno de estos individuos, considerando el periodo de cuatro años y medio que la expresidenta permaneció privada de su libertad.
Los representantes jurídicos de Áñez calificaron el proceso anterior como una persecución ilegal y arbitraria, argumentando que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia evidencia un uso indebido de las facultades judiciales. Se contempla la posibilidad de iniciar acciones legales para la reparación de daños, una determinación que recaerá en la exmandataria, en vista del prolongado periodo de privación de libertad y la vulneración de otros derechos fundamentales.
El abogado defensor precisó que se evaluará cada una de las resoluciones adoptadas en el transcurso de estos procesos para determinar la viabilidad de presentar demandas por compensación y exigir responsabilidades. Expresó su preocupación por la prolongada duración de los procesos, en los que, según su criterio, jueces y fiscales habrían participado en lo que describió como procedimientos armados, carentes de fundamento jurídico y con una aparente intención política. La defensa extendió su análisis más allá del caso Golpe II, abarcando otros expedientes.
En este contexto, el equipo legal hizo un llamado al Consejo de la Magistratura para que inicie una auditoría de oficio. Argumentaron que durante cuatro años se llevaron a cabo procesos por vías inadecuadas y con elementos que no correspondían a la materia penal. La defensa percibe la reciente actuación del Tribunal Supremo de Justicia como un esfuerzo por restaurar su independencia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, confirmó la anulación de la sentencia, fundamentando la decisión en argumentos específicos, y ratificó que esta resolución implica la libertad inmediata de la exmandataria
