El Ministerio de Defensa ha iniciado un ambicioso proceso de transformación orientado a fortalecer las capacidades operativas y funcionales de las Fuerzas Armadas, con un enfoque renovado que busca responder de manera más efectiva a las necesidades actuales del país. Ante las limitaciones presupuestarias, esta cartera ha comenzado a gestionar apoyos y colaboraciones con organismos multilaterales y la Comunidad Europea, con el fin de integrar tecnología avanzada y programas de entrenamiento especializados en la formación militar.
El propósito central de esta iniciativa es redefinir el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas dentro del entramado institucional nacional, alejándolas de funciones tradicionales para orientarlas hacia un rol complementario y colaborativo con la Policía en la lucha contra diversas formas de criminalidad organizada. La prioridad radica en incrementar la presencia militar en sectores vulnerables del territorio nacional donde operan grupos dedicados al narcotráfico, tráfico de personas y otros delitos que afectan la seguridad interna. Esta estrategia busca fortalecer la defensa soberana desde una perspectiva integral, reconociendo que el desafío no solo es externo sino también interno.
Este cambio conceptual está vinculado directamente con decisiones políticas recientes que marcaron un punto de inflexión en la estructura castrense. En particular, el cierre de la denominada ‘escuela antiimperialista’, una institución creada durante el gobierno anterior que había generado controversias por su orientación ideológica y su impacto en los procesos formativos militares. La función real de esta escuela fue cuestionada por no contribuir al desarrollo técnico ni operativo de los uniformados, sino más bien enfocarse en una línea ideológica que se consideró inapropiada para los objetivos actuales. La decisión gubernamental fue desmantelar esta estructura educativa para orientar los recursos y esfuerzos hacia una capacitación más profesional y técnica.
En este contexto, el proceso de transformación también incluye la revisión profunda del marco normativo que regula a las Fuerzas Armadas. Se está trabajando en la elaboración de una nueva Ley Orgánica (LOFA), que será desarrollada por fases debido a su complejidad y al impacto que tendrá en la redefinición institucional. Esta normativa buscará adecuar los roles, competencias y responsabilidades militares a las demandas contemporáneas, promoviendo una doctrina militar actualizada que refleje los retos actuales del país.
Se espera que para fines del mes de agosto se pueda presentar oficialmente al presidente un Plan Nacional de Seguridad integral. Este plan no solo contempla estrategias para mejorar las capacidades operativas militares, sino también incorpora proyectos legislativos específicos para reformar las Fuerzas Armadas y establecer una doctrina acorde con los nuevos tiempos. La iniciativa apunta a un enfoque multidimensional donde lo militar se integra dentro del sistema nacional de seguridad con responsabilidades claras y específicas.
Dentro del Plan Nacional se destaca el fortalecimiento de unidades especializadas como la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE), cuya misión principal es atender situaciones de salvataje y combatir incendios forestales, entre otras emergencias vinculadas al medio ambiente. Esta ampliación funcional representa una diversificación importante para las Fuerzas Armadas, orientándolas hacia tareas civiles críticas que contribuyen al bienestar general y a la preservación del entorno natural. El ministro Raúl Marcelo Salinas confía en que estas metas podrán concretarse durante la gestión actual, consolidando así un cambio estructural significativo.
En definitiva, el proceso iniciado por el Ministerio de Defensa refleja una apuesta por modernizar a las Fuerzas Armadas mediante tecnología avanzada, capacitación especializada y reformas normativas profundas. Este esfuerzo tiene como objetivo brindar mayores herramientas para enfrentar amenazas internas relacionadas con actividades ilícitas organizadas, además de asumir nuevas responsabilidades vinculadas a emergencias ambientales. El cambio estratégico apunta a construir una institución castrense más eficiente, profesionalizada y adaptada a los retos contemporáneos del país, fortaleciendo así su contribución a la seguridad nacional y al desarrollo sostenible
