Las empresas constructoras afiliadas a la Cámara Departamental de Tarija han llevado a cabo una movilización significativa para exigir al gobierno la promulgación del decreto de reajuste de precios, un instrumento legal que consideran indispensable para la estabilidad y continuidad del sector. La protesta refleja una situación crítica en la que se encuentra la industria de la construcción, afectada por la falta de ajustes en los costos que impactan directamente en la ejecución de obras y proyectos públicos.
El presidente de Cadeco, Rolando Surriable Vallejos, ha sido enfático al señalar que sin este decreto las constructoras están enfrentando una caída acelerada, con proyectos y obras que quedan paralizados o a medias. Esta realidad preocupa no solo a las empresas involucradas sino también a las comunidades que dependen de estas infraestructuras para su desarrollo y bienestar. La ausencia del reajuste genera un vacío jurídico que impide a las constructoras hacer frente a los incrementos en materiales, mano de obra y equipos, lo que deteriora su capacidad operativa y financiera.
Desde finales del año anterior, pese a las conversaciones iniciadas con el gobierno, no se han recibido respuestas concretas ni acciones efectivas para resolver esta problemática. La demanda principal es clara y se fundamenta en tres puntos esenciales: primero, el reajuste debe contemplar los precios de los materiales básicos, la mano de obra especializada y el equipo necesario para la construcción; segundo, es fundamental establecer que las modificaciones sean retroactivas al 17 de diciembre del 2025, fecha desde la cual se debe ampliar el plazo para aplicar el decreto y reacomodar los contratos vigentes en todo el territorio nacional; tercero, las empresas deben contar con un mecanismo legal para rescindir contratos con el Estado sin perder protección ni garantías si este no puede cumplir con los pagos ajustados conforme al nuevo marco normativo.
La ausencia de seguridad jurídica está generando un efecto dominó negativo dentro del sector. Firmar contratos sin ajuste alguno expone a las constructoras a asumir pérdidas considerables cuando el gobierno adopta medidas económicas restrictivas sin implementar soluciones compensatorias. Surriable advierte que esta situación está llevando a procesos legales complejos y pone en riesgo la viabilidad misma de muchas empresas. Actualmente se observa una caída del 30% en la industria constructora; si esta demora persiste hasta fin de mes, podría alcanzar un 40%, y si continúa más tiempo podría llegar al 50%, cifras alarmantes para un sector clave en la economía regional y nacional.
La movilización no solo busca visibilizar estas dificultades sino también presionar al gobierno para desencallar el diálogo y encontrar soluciones urgentes. Sin embargo, lamentablemente las negociaciones están paralizadas debido a ausencias claves en el gabinete económico, lo cual agrava aún más el clima de incertidumbre. Surriable critica que mientras el Ministro de Economía se encuentra fuera del país por motivos oficiales, no se atienden los requerimientos fundamentales del sector constructor.
El impacto directo de esta crisis trasciende lo empresarial para afectar al conjunto del país. La paralización o cancelación de obras públicas implica retrasos significativos en infraestructuras vitales como caminos, puentes, edificios públicos y viviendas sociales. Esto limita el desarrollo regional y perjudica a múltiples actores sociales que dependen de estos proyectos para mejorar su calidad de vida. Además, la posible rescisión masiva de contratos generaría consecuencias legales complejas y podría afectar la confianza inversionista hacia futuras licitaciones estatales.
En definitiva, el pedido del sector constructor es urgente e imprescindible: sin un decreto claro que regule y garantice el reajuste justo en los costos contractuales no habrá forma sostenible de mantener activas las obras públicas ni proteger los intereses económicos tanto del Estado como de las empresas privadas involucradas. La situación actual requiere atención inmediata para evitar una caída irreversible que impactaría negativamente en diversos ámbitos económicos y sociales vinculados al desarrollo nacional
