En un reciente ampliado nacional, la Confederación de Comunidades Campesinas de Bolivia adoptó una postura firme en contra de la promulgación de la Ley 157, que regula la propiedad de la pequeña propiedad. El dirigente Herber Quispe Jurado fue el encargado de comunicar esta decisión, enfatizando que la organización solicita al gobierno encabezado por Rodrigo Paz Pereira que retire esta ley del proceso legislativo y que no sea promulgada.
Quispe argumentó que la ley en cuestión no ha sido suficientemente socializada con los sectores que se verán afectados o beneficiados. No queremos caer en la crítica sin fundamento, pero es esencial recoger las opiniones del campo antes de avanzar con este tipo de legislaciones, subrayó el líder campesino. La Ley 157 establece que los propietarios de pequeñas propiedades tienen la opción de cambiar su categoría a mediana o empresarial, un proceso que se plantea como voluntario. Sin embargo, existen preocupaciones más profundas relacionadas con otros aspectos del texto legal.
El dirigente campesino destacó que hay menciones en la ley que sugieren que, a través de su reglamentación, podría obligarse a los propietarios a realizar este cambio de categoría. Esta posibilidad ha generado inquietud entre los campesinos, quienes desean establecer un diálogo con el gobierno para garantizar que cualquier reglamentación se realice en consenso con los sectores afectados.
Quispe también explicó las implicaciones del cambio de categoría para un campesino. Resaltó que la pequeña propiedad es considerada un patrimonio familiar para los agricultores. A pesar de sus desventajas, como las limitaciones para acceder a créditos bancarios, también ofrece ventajas significativas. Por ejemplo, si un propietario accede a un préstamo utilizando su pequeña propiedad como garantía, su título no puede ser embargado por el banco. En contraste, quienes cambian su categoría podrían enfrentar nuevos impuestos y estar sujetos a un seguimiento más riguroso por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La necesidad de una amplia socialización sobre esta ley fue otro punto enfatizado por Quispe. Aseguró que tanto campesinos como productores deben estar plenamente informados sobre las ventajas y desventajas asociadas con la propiedad de la tierra antes de tomar decisiones relevantes. Recordó que esta ley fue propuesta en 2024 y que tras una larga espera y solicitud de socialización por parte del sector campesino, fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y está a la espera de ser promulgada para entrar en vigencia.
La Confederación se mantiene firme en su posición y busca crear un espacio donde se puedan discutir abiertamente estos temas críticos para el futuro del sector agrícola y rural en Bolivia.
