La controversia en torno a la titularidad de los terrenos del mercado Mutualista ha cobrado un nuevo capítulo luego de que la concejal Lola Terrazas emitiera una advertencia clara sobre los procedimientos legales que deben seguirse para reclamar la propiedad. Según Terrazas, no basta con presentar documentos como una sentencia constitucional, un plano sepia o un necrológico para acreditar la posesión legítima del terreno; es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos por la ley para obtener una declaratoria de herederos.
Este pronunciamiento se produce en el contexto de una reciente resolución judicial que otorgó un plazo específico a la familia Crapuzzi, quienes reclaman ser propietarios del terreno en cuestión. La justicia concedió tres días para que esta familia presente la documentación necesaria que certifique su derecho propietario, pero hasta el momento no se ha cumplido con este requisito fundamental. La concejal subrayó que dicho plazo concluye el miércoles 25 de febrero, fecha límite para que los Crapuzzi aporten las pruebas legales requeridas.
La postura de Terrazas pone de relieve las dificultades y complejidades legales que rodean a este caso, en el cual se han empleado distintos documentos y argumentos para justificar la reclamación de propiedad. En particular, la concejal desestimó la validez de usar como base una sentencia constitucional emitida en Sucre por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como otros elementos como planos antiguos o necrológicos, considerándolos insuficientes y carentes del respaldo legal necesario para establecer derechos hereditarios.
Este episodio también refleja las tensiones existentes respecto a la protección y administración del mercado Mutualista, un espacio cuya titularidad ha sido objeto de disputa durante años. La insistencia en respetar los procedimientos legales para resolver esta situación indica un llamado a la transparencia y al cumplimiento riguroso de las normativas vigentes, evitando así posibles fraudes o irregularidades que puedan afectar tanto a los interesados como a la comunidad en general.
Además, esta situación pone en evidencia el papel activo que desempeñan las autoridades municipales y judiciales en garantizar que los procesos relacionados con tierras y propiedades se desarrollen conforme a derecho. La intervención del juez de la Sala Civil del Plan Tres Mil, al establecer un plazo concreto para presentar documentos, refleja el esfuerzo institucional por dirimir conflictos sobre herencias y posesiones inmobiliarias mediante mecanismos formales y regulados.
Para la población involucrada directamente, así como para los usuarios habituales del mercado Mutualista, esta disputa tiene implicaciones significativas. La resolución definitiva sobre quién ostenta legítimamente la propiedad puede influir en aspectos tan variados como la administración del espacio público, inversiones futuras, mantenimiento y desarrollo urbano. Por lo tanto, el estricto cumplimiento de los requisitos legales no solo es esencial para las partes reclamantes sino también para preservar el orden jurídico y social en torno a este emblemático lugar.
En suma, el llamado realizado por Lola Terrazas enfatiza la necesidad de respetar los procesos legales establecidos para resolver conflictos relacionados con herencias y propiedades urbanas. La exigencia de presentar documentación válida dentro del plazo indicado busca asegurar que cualquier reclamación sea debidamente sustentada y transparente, evitando decisiones basadas en documentos insuficientes o recursos jurídicos cuestionables. Este caso representa un ejemplo claro de cómo se deben abordar estas controversias desde una perspectiva legal rigurosa y responsable
