La Junta de Padres de Familia del Distrito Cercado ha alertado sobre cobros adicionales no autorizados en el proceso de inscripción de algunas unidades educativas privadas en Tarija. Según informaron, varias instituciones estarían exigiendo un pago extra de 40 bolivianos, a pesar de que la normativa del Ministerio de Educación establece la congelación de las pensiones escolares hasta el mes de abril.
El presidente de la organización, Franklin Arancibia, señaló que en los últimos días se recibieron diversas denuncias, tanto de manera presencial como a través de mensajes de WhatsApp, que evidencian aumentos encubiertos en las cuotas escolares. Esta práctica está prohibida por ley y representa una violación directa a la normativa vigente.
La regulación estipula que durante el periodo de inscripción no se puede aplicar ningún incremento en las pensiones. Cualquier posible ajuste debe ser acordado en una reunión interinstitucional programada para abril, en la que participan los representantes de las instituciones educativas privadas y el Ministerio de Educación.
Arancibia enfatizó que, aunque la suma de 40 bolivianos pueda parecer insignificante, constituye una infracción que debe ser sancionada. Por ello, solicitó la pronta intervención de las direcciones Departamental y Distrital de Educación, para que sus equipos técnicos realicen las inspecciones y controles correspondientes.
Además, la Junta de Padres denunció que en algunas escuelas con convenio se están imponiendo requisitos adicionales para la inscripción, como la entrega de documentos y materiales que no están contemplados en la normativa oficial, situación que afecta el derecho fundamental a la educación.
Para estudiantes que continúan en el mismo establecimiento, los únicos documentos requeridos deben ser la fotocopia de la libreta del año anterior y el Registro Único de Estudiantes (RUDE) actualizado, sin exigir carpetas especiales ni documentación extra.
La organización anunció que continuará con el control social y presentará denuncias formales contra las instituciones y autoridades que incumplan la normativa, advirtiendo que estas acciones pueden derivar en procesos administrativos y sanciones disciplinarias
