El dirigente sindical Roberto León Gonzales reconoció que fue un error entregar la administración de la Gestora Pública al gobierno anterior, señalando que los recursos gestionados corresponden a los aportes de los trabajadores. Según su declaración, estos fondos deberían haber sido manejados directamente por los propios trabajadores, quienes esperaban la conformación de un directorio que les permitiera supervisar el uso e inversión de sus aportes, situación que no se concretó durante la gestión pasada.
León recordó que su denuncia sobre la Gestora incluyó el préstamo de 400 mil millones de bolivianos al banco Fassil, entidad que posteriormente quebró, y cuestionó la ausencia de recuperación de esos fondos. Subrayó que no se ha devuelto ni un solo peso y que existen responsables, incluyendo al gerente y otras personas que estuvieron a cargo de la administración, quienes deben responder por esta situación.
Al ser consultado sobre la posible corresponsabilidad de la Central Obrera Boliviana (COB), dado que formó parte del cogobierno en ese periodo, León aclaró que la organización no integró el directorio de la Gestora, a pesar de haber solicitado formalmente dicha participación. Tampoco se logró incluir a representantes de los jubilados, quienes también solicitaron formar parte del directorio, pero fueron excluidos.
Por su parte, el presidente del país, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que no existen los recursos de la Gestora, que corresponden a aportes de los trabajadores y cuya principal organización es la COB, la cual también participó en el gobierno a través del Pacto de Unidad. León indicó que, en su intento por fiscalizar, solicitaron informes y datos sobre los fondos, pero solo recibieron información parcial sin claridad sobre el destino del dinero.
Actualmente, se espera que la administración de estos recursos sea revertida a los verdaderos aportantes, tal como se plantea en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana dirigido al gobierno actual. La intención es garantizar la recuperación de los aportes y establecer mecanismos transparentes de gestión que involucren a los trabajadores
