Mundo archivos

+591 602 590 51
contacto@neureal.com.bo

Wed, Feb 11, 2026

Inicio
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Local
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Nacional
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Internacional
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Deportes
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Tecnología
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Viajes
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Medio Ambiente
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea
Cultura
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia inicial que ordenaba el pago de 880 millones de dólares en indemnizaciones por la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, en la que fallecieron 71 personas y seis sobrevivieron. Este accidente involucró a la aeronave con matrícula boliviana CP-2933, operada por la aerolínea LaMia, que se estrelló en Colombia. El abogado principal que representa a las víctimas confirmó que la notificación del fallo fue recibida por la defensa y por la administradora financiera de LaMia, Miriam Flores. La decisión de la Corte estadounidense, emitida en octubre, responde a un recurso presentado por una empresa reaseguradora británica, que impugnaba la obligación de pagar la suma establecida en primera instancia. La reaseguradora argumentó que su responsabilidad se limitaba a un monto considerablemente menor, cercano a los 13 millones de dólares, basado en una póliza de seguro de 25 millones. Según el representante legal, algunos familiares de las víctimas han recibido pagos parciales provenientes de seguros, pero la mayoría continúa a la espera de una resolución definitiva, enfrentando una prolongada búsqueda de justicia. En paralelo, la Corte de Apelaciones ordenó que el caso sea remitido al juez competente en Bolivia, dado que LaMia tiene su sede legal en Santa Cruz. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales en esa jurisdicción. El 27 de octubre, la defensa de LaMia solicitó la reanudación del proceso arbitral para avanzar en el pago de las indemnizaciones, con la expectativa de que en un plazo de 180 días se reactive el juicio en la Cámara de Industria y Comercio, donde se busca concluir con un laudo arbitral que obligue a la aseguradora a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la justicia brasileña ha iniciado un proceso para solicitar formalmente información y determinar responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares relacionada con el mismo accidente. Esta solicitud fue notificada a Naabol en octubre de 2025 y remitida a la Procuraduría General del Estado, aunque el cambio de gobierno ha dejado el tema pendiente en manos de nuevas autoridades. El exhorto suplicatorio, emitido por un juzgado federal en Chapecó, Santa Catarina, exige a Bolivia, a través de las instancias correspondientes, la entrega de toda la documentación vinculada a la investigación del siniestro. La demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias entidades bolivianas, incluyendo Naabol y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y reclama un monto equivalente a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos. La administradora financiera de LaMia, Miriam Flores, reiteró que las aseguradoras están obligadas a cubrir las indemnizaciones correspondientes y recordó que la aeronave contaba con dos pólizas de seguro, una para pasajeros y otra para tripulación. No obstante, a casi una década del accidente, el pago total de las compensaciones aún no se ha concretado. Este trágico suceso, que conmocionó al mundo del deporte, involucró al equipo brasileño Chapecoense, que se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación oficial concluyó que la causa principal del accidente fue la falta de combustible, un factor que había generado alertas previas sobre las operaciones de la aerolínea