El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que se ha intensificado la auditoría forense y legal sobre Botrading S.A., una empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades millonarias en la adquisición de combustibles.
Desde el 26 de diciembre, un equipo especializado trabaja en las oficinas de YPFB en Santa Cruz, realizando un análisis minucioso de contratos, documentos y procedimientos vinculados a las operaciones comerciales entre Botrading y la estatal petrolera. En este contexto, León La Faye sostuvo una reunión con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, con el propósito de coordinar acciones judiciales y fortalecer los procesos legales en los que el Estado está involucrado.
El procurador destacó que el trabajo es técnico, serio y responsable, y que se mantiene una coordinación permanente con el Ministerio Público para consolidar las investigaciones en curso.
Botrading fue la empresa encargada de suministrar combustibles a YPFB para el abastecimiento del mercado interno. No obstante, una comisión especial de la Cámara de Diputados determinó en 2023 que las operaciones de esta firma podrían haber generado un presunto daño económico de al menos 355 millones de dólares. Según el exdiputado Carlos Alarcón, integrante de la comisión, el cálculo del perjuicio al Estado abarca varios ítems y conceptos que suman dicha cifra.
Durante las pesquisas fiscales también se detectaron transacciones por un monto aproximado de 857 millones de dólares, cifra que está siendo sometida a evaluación en las auditorías para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.
Estas investigaciones forman parte del trabajo de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, creada el 20 de noviembre por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta instancia tiene como objetivo esclarecer casos de corrupción, desfalco y robo en el sector hidrocarburífero, abarcando además a alrededor de 140 empresas públicas bajo sospecha.
El mandatario anticipó que los resultados de estas pesquisas traerán “noticias fuertes y dolorosas” y advirtió que varios involucrados deberán declarar ante la justicia por los abusos cometidos. Señaló que durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce se habría consolidado un sistema de corrupción estructural, con desvíos anuales estimados entre 800 y 1.000 millones de dólares relacionados con la subvención de hidrocarburos. Además, denunció que hasta el 40% del combustible subvencionado fue desviado.
La Comisión de la Verdad está integrada por representantes de los ministerios de la Presidencia, Hidrocarburos y Energías, Economía y Finanzas Públicas; el Viceministerio de Transparencia Institucional; YPFB; la Agencia Nacional de Hidrocarburos; la Procuraduría General del Estado; y legisladores de Unidad, Libre y APB-Súmate. Las conclusiones de esta comisión serán remitidas al Ministerio Público para el inicio de los procesos penales correspondientes
