El ex gobernador Mario Cossío Cortez ha sido objeto de diversas acciones judiciales en los últimos años, las cuales han generado controversia y debates sobre la legalidad y legitimidad de los procesos en su contra. Según explicó su abogada, Gina Castellanos Zenteno, el exmandatario enfrentó cuatro juicios en rebeldía, es decir, sin su presencia ni participación directa, mientras se encontraba refugiado en Paraguay. Estos procesos judiciales, que en principio parecían avanzar con sentencias condenatorias, han sido declarados inconstitucionales y anulados posteriormente por instancias superiores del sistema judicial.
La defensa de Cossío ha rechazado categóricamente cualquier afirmación que indique la existencia de sentencias condenatorias ejecutoriadas contra él. La abogada Castellanos calificó tales versiones como una “canallada”, enfatizando que se trata de informaciones a medias que distorsionan la realidad del caso. El primer juicio relacionado con Imbolsur culminó con una absolución total a favor del ex gobernador, lo que refuerza la percepción de que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político más que jurídico.
En cuanto a los otros tres procesos judiciales que derivaron en condenas, estos fueron emitidos sin la presencia ni defensa efectiva de Cossío, lo cual resulta contrario a los principios básicos del debido proceso y a la Constitución. La abogada hizo hincapié en que juzgar a una persona en rebeldía constituye un acto ilegal y una muestra de cobardía institucional, ya que priva al acusado de su derecho fundamental a defenderse ante las acusaciones.
Uno de los casos emblemáticos fue el relacionado con el camino Tojo-La Verdiguera. Este proceso fue declarado nulo mediante un Auto de Vista y posteriormente esta nulidad fue confirmada por un Auto Supremo. Además, el caso está prescrito y extinto, lo que significa que no puede ser objeto de acciones legales posteriores. Por ello, ninguna sentencia relacionada con este proceso figura como ejecutoriada ni vigente en los registros oficiales.
Otro caso significativo fue el vinculado a la ejecución de la póliza de garantía para la construcción de una piscina olímpica. En este expediente existe una resolución de sobreseimiento confirmada por instancias superiores, lo que exonera definitivamente a Cossío de cualquier responsabilidad legal. Asimismo, una condena posterior relacionada con este mismo asunto fue anulada por considerarse ilegal debido a que se emitió sin la presencia del acusado.
La explicación detallada proporcionada por la defensa también hace referencia al trabajo conjunto entre el Registro Judicial (Rejab) y la Contraloría para verificar y actualizar la información sobre procesos judiciales vigentes contra funcionarios públicos o exfuncionarios. Según Castellanos Zenteno, estos organismos están realizando su labor correctamente y no registran sentencias ejecutoriadas contra Cossío.
Este contexto jurídico es fundamental para comprender las dificultades legales y políticas que enfrenta Mario Cossío Cortez tras su gestión como gobernador. Las acusaciones iniciales y los juicios promovidos durante su ausencia parecen haber estado marcados por irregularidades procesales y posibles motivaciones políticas. La anulación y nulidad de las sentencias emitidas sin su participación directa reafirman el respeto a los derechos constitucionales del acusado y ponen en entredicho la validez de las persecuciones legales emprendidas.
Para la población involucrada, especialmente para quienes respaldan al ex gobernador o forman parte de sus círculos políticos y sociales, esta aclaración tiene un impacto relevante. Reafirma la presunción de inocencia y cuestiona las prácticas judiciales utilizadas contra figuras públicas cuando estas se encuentran fuera del país o enfrentan procesos complejos. Además, sienta un precedente importante sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos dentro del sistema judicial local.
En conclusión, los cuatro juicios en rebeldía contra Mario Cossío fueron declarados inconstitucionales o anulados debido a irregularidades fundamentales en el procedimiento legal. La defensa sostiene firmemente que no existen sentencias condenatorias ejecutoriadas vigentes contra el ex gobernador, desmintiendo así versiones contrarias difundidas públicamente. Este caso pone en relieve las tensiones entre política y justicia y subraya la importancia del respeto irrestricto al derecho procesal para garantizar juicios justos e imparciales
