La agrupación política Camino Democrático al Cambio (CDC), representada por su vocero Mauricio Lea Plaza, ha levantado una acusación formal de prevaricato contra los Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que decidieron inhabilitar a su candidato a gobernador, Mario Cossío Cortez. La denuncia se centra en la falta de notificación formal sobre esta inhabilitación, situación que según la organización política busca impedir que Cossío participe en las elecciones y que su imagen aparezca en la papeleta electoral.
El vocero de CDC ha manifestado que, pese a la existencia de una resolución que declara la inhabilitación de Cossío, esta no ha sido entregada oficialmente ni a él ni al propio candidato. Esto habría imposibilitado la presentación de recursos legales y la defensa de sus derechos políticos, agravando el proceso electoral y generando una situación irregular dentro del organismo electoral. Lea Plaza señaló que durante una visita realizada a La Paz se intentó obtener dicha resolución en repetidas ocasiones mediante notas formales, sin recibir respuesta alguna por parte del TSE. Esta omisión fue interpretada como una maniobra deliberada para retrasar el proceso y excluir efectivamente al candidato de las elecciones.
Además, desde CDC se denuncia que mientras a otros candidatos inhabilitados sí se les ha notificado oficialmente, en el caso de Mario Cossío se mantiene esta indefinición, lo que refuerza la percepción de un trato desigual e injusto. El vocero insistió en que el TSE debe actuar con imparcialidad y transparencia, evitando favorecer a ciertos candidatos o alianzas políticas en detrimento de otros. En este sentido, criticó la postura pública del candidato a gobernador por la alianza Patria, Adrián Oliva, quien salió en defensa del Tribunal como si fuera su vocero, lo cual añade un elemento político al conflicto.
La controversia también toca aspectos técnicos y normativos relacionados con los criterios aplicados para considerar la residencia y el refugio político del candidato. Desde CDC argumentan que el Tribunal Supremo Electoral ha violado su propio reglamento al interpretar estos requisitos de forma restrictiva y contradictoria. Según esta interpretación oficial, solo uno de estos criterios puede ser considerado para validar la candidatura, cuando ambos deberían ser tomados en cuenta conjuntamente dada su estrecha relación. Esta discrepancia normativa habría sido utilizada para fundamentar la inhabilitación sin un sustento sólido.
Ante estas acusaciones públicas y las solicitudes reiteradas por parte de CDC para esclarecer el procedimiento, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Gustavo Ávila Mercado, no respondió a los intentos de contacto realizados por este medio para conocer su versión o aclaraciones sobre los hechos denunciados. La falta de comunicación oficial contribuye a aumentar la incertidumbre sobre el manejo del caso y sobre posibles influencias políticas dentro del órgano electoral.
En paralelo a esta situación institucional, voces políticas como la del exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Huanca Mamani, han expresado críticas hacia las autoridades electorales actuales. Huanca recordó que Ávila fue designado Vocal durante el gobierno anterior y ratificado posteriormente por la administración actual. Desde esa perspectiva cuestiona lo que denomina “dibujo libre” en torno al proceso electoral subnacional, sugiriendo una manipulación o arbitrariedad en las decisiones tomadas respecto a candidaturas e inhabilitaciones. Asimismo, ironizó sobre comentarios difundidos en redes sociales que atribuyen incluso decisiones electorales al “rey de España”, haciendo referencia indirecta al presidente boliviano Rodrigo Paz y reflejando un clima generalizado de desconfianza entre sectores políticos y sociales.
En suma, este conflicto pone en evidencia tensiones profundas entre actores políticos locales y órganos electorales acerca del respeto a los derechos políticos fundamentales y la transparencia en los procesos electorales. La demora e irregularidades denunciadas respecto a la notificación formal de inhabilitación no solo afectan directamente al candidato Mario Cossío sino también al conjunto del sistema democrático regional. La situación genera inquietud entre los ciudadanos sobre la imparcialidad institucional y plantea interrogantes sobre cómo se garantizará un proceso electoral justo e igualitario para todos los participantes
