El senador Branko Marinkovic, representante del Movimiento Demócrata Social y actual candidato a la Gobernación de Santa Cruz, ha presentado ante la Cámara de Senadores un ambicioso proyecto legislativo que busca transformar la estructura financiera y administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Denominado “Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público, Descentralización Funcional y Fortalecimiento Institucional”, conocido también como Ley 50/50, este proyecto propone una reforma profunda en la distribución de los recursos públicos con el objetivo de fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales y las universidades públicas.
Esta iniciativa surge en un contexto histórico que rememora los 22 años desde el primer grito autonómico en Bolivia, un momento clave para el proceso de descentralización en el país. El senador Marinkovic plantea que esta ley busca consolidar una descentralización efectiva a través de un mecanismo que garantice transferencias automáticas y sin intermediación política, lo que representaría un cambio sustancial respecto al sistema actual, donde la asignación presupuestaria puede estar sujeta a discrecionalidad o presión política por parte del poder central.
En términos concretos, la Ley 50/50 propone que el 50% de los ingresos estatales se destinen directamente a las regiones. Este porcentaje se distribuiría de manera específica: el 25% para alcaldías y pueblos indígenas, el 20% a las gobernaciones departamentales y un 5% para las universidades públicas. Este esquema busca no solo garantizar recursos suficientes para cada nivel territorial y sector educativo, sino también asegurar que estos fondos lleguen de forma directa, automática y transparente a sus destinatarios sin intermediarios ni retenciones arbitrarias.
El planteamiento legislativo enfatiza que esta redistribución no implicaría la creación de nuevos impuestos ni la implementación de rentas departamentales adicionales. Por el contrario, se trata de redefinir cómo se distribuye el presupuesto nacional para convertir la autonomía en un poder real y tangible para las regiones. Esta propuesta tiene como finalidad dotar a los gobiernos subnacionales de mayor independencia financiera para gestionar áreas prioritarias como salud, educación y desarrollo local, mejorando así la calidad de vida en sus respectivas jurisdicciones.
Marinkovic ha señalado que esta ley marcará un hito en la historia política boliviana al impedir que el poder central pueda ejercer presión sobre las regiones mediante la retención o manipulación del presupuesto asignado. De aprobarse esta norma, se establecería un sistema más equitativo y justo donde las autoridades locales cuenten con los recursos necesarios para planificar y ejecutar políticas públicas sin depender de decisiones políticas centralizadas.
Actualmente, el proyecto presentado deberá ser analizado por las comisiones correspondientes dentro del Senado antes de ser sometido a discusión y votación en el pleno. Este proceso legislativo es fundamental para evaluar aspectos técnicos y políticos del proyecto, así como su viabilidad e impacto en el funcionamiento del Estado Plurinacional. La iniciativa despierta interés por su potencial efecto transformador en la relación entre gobierno central y regiones, así como por su enfoque orientado hacia una descentralización funcional auténtica.
En definitiva, esta propuesta representa un paso significativo hacia una gestión pública más equitativa y eficiente en Bolivia. Al buscar garantizar transferencias directas e inmediatas a alcaldías, gobernaciones e instituciones educativas superiores, se apunta a fortalecer institucionalmente al país desde sus bases territoriales. La Ley 50/50 plantea un modelo innovador para consolidar una democracia más participativa y desarrollada mediante la redistribución justa del gasto público con miras al progreso integral del Estado Plurinacional
