El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Demócrata Social, Branko Marinkovic, ha generado un intenso debate político al proponer el cierre del Viceministerio de Autonomías. Su planteamiento surge en un contexto de creciente cuestionamiento al modelo centralista que, según su perspectiva, mantiene vigente el actual gobierno liderado por Rodrigo Paz. Esta propuesta no solo refleja la insatisfacción con la gestión estatal en materia de autonomía departamental, sino que también pone en evidencia las tensiones existentes entre las autoridades nacionales y las regiones que buscan mayor autogobierno.
Marinkovic ha señalado que la controversia alrededor de la aplicación del mecanismo denominado “50/50” no es un conflicto personal con funcionarios específicos, sino una disputa profunda sobre el modelo de Estado que Bolivia debe adoptar. En este sentido, resalta que mantener un viceministerio ubicado en La Paz con poder para determinar qué competencias pueden ejercer los departamentos representa una contradicción directa con los principios fundamentales de la autonomía. Para el candidato cruceño, esta situación limita la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y tomar decisiones acorde a sus necesidades y realidades locales.
Esta propuesta se dio a conocer luego de las declaraciones emitidas por la viceministra Andrea Barrientos, quien explicó que el “50/50” se implementará bajo un esquema de corresponsabilidad. Esto implica que los recursos asignados no estarán disponibles para libre disposición municipal, sino que su uso estará condicionado a ciertas responsabilidades y evaluaciones. Además, Barrientos advirtió que no todos los municipios estarían preparados para asumir mayores competencias administrativas y financieras. Estas afirmaciones han sido interpretadas por Marinkovic como una muestra clara de que persiste una visión centralista dentro del Ejecutivo, lo cual choca frontalmente con las expectativas y demandas de regiones como Santa Cruz, que buscan fortalecer su autonomía.
La postura del candidato enfatiza la necesidad de avanzar hacia un modelo en el cual los departamentos tengan plena autoridad y responsabilidad sobre sus decisiones y presupuestos. Marinkovic argumenta que la promulgación de estatutos autonómicos tiene sentido solo si se traduce en una verdadera descentralización del poder. La dependencia actual respecto a las decisiones emanadas desde La Paz perpetúa desigualdades y limita el desarrollo regional autónomo. Por ello, considera imprescindible eliminar estructuras como el Viceministerio de Autonomías, visto como un órgano controlador más que facilitador del autogobierno.
La relevancia de esta propuesta radica en su impacto directo sobre la administración pública regional y nacional. Si bien Bolivia ha avanzado en materia autonómica desde la promulgación de leyes específicas hace varios años, aún persisten obstáculos institucionales que dificultan su implementación plena. La discusión sobre el “50/50” refleja estas tensiones: cómo distribuir recursos entre niveles territoriales sin perder eficacia ni rendición de cuentas. En este contexto, Marinkovic plantea un cambio estructural radical que podría modificar sustancialmente la relación entre Estado central y regiones.
Para la población cruceña y otras regiones con fuertes aspiraciones autonómicas, esta propuesta representa una oportunidad para reclamar mayor control sobre sus propios asuntos y recursos. Sin embargo, también abre interrogantes sobre cómo se garantizaría la transparencia y responsabilidad en esa eventual transferencia total de competencias económicas y administrativas. La eliminación del Viceministerio implicaría redefinir mecanismos de coordinación intergubernamental para evitar disfunciones o conflictos futuros.
En definitiva, la intervención pública del candidato a gobernador expone una problemática central en la organización política boliviana: el equilibrio entre unidad nacional y autonomía regional. Su insistencia en cerrar el Viceministerio de Autonomías simboliza un llamado a repensar el diseño institucional vigente para responder mejor a las demandas territoriales sin sacrificar cohesión ni eficiencia estatal. Este debate cobra especial relevancia en periodos electorales donde las propuestas programáticas adquieren mayor visibilidad y pueden influir decisivamente en las preferencias ciudadanas
