Bolivia enfrenta un momento crucial en la definición de su estrategia energética, impulsado por la creciente preocupación sobre la sostenibilidad y seguridad del suministro eléctrico en un contexto de dependencia predominante del gas natural. El país basa más del 60% de su generación eléctrica en plantas termoeléctricas que utilizan este combustible fósil, una situación que, aunque garantizó en años recientes una producción continua y relativamente económica, comienza a mostrar limitaciones y riesgos significativos ante posibles escaseces o aumentos en el costo del gas.

Un análisis detallado elaborado por el investigador Danny Revilla para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) revela que, al cierre del año 2022, Bolivia produjo aproximadamente 10.600 gigavatios hora (GWh) de energía eléctrica. Del total generado, las plantas termoeléctricas concentraron el 63%, seguidas por las hidroeléctricas con un 27%, mientras que las fuentes renovables como la eólica, solar y biomasa apenas representaron porcentajes marginales del 4%, 3% y 3% respectivamente. Esta distribución pone de manifiesto una matriz energética aún fuertemente basada en combustibles fósiles, con una incorporación incipiente de energías limpias.

Esta dependencia del gas natural tiene raíces en la política energética adoptada desde 2010, cuando se promovió la expansión de la generación termoeléctrica como un mecanismo para asegurar un suministro eléctrico suficiente y estable. Sin embargo, esta estrategia ha dejado al país expuesto a vulnerabilidades relacionadas con la oferta y precio del gas. En particular, el desconocimiento actual sobre las reservas probadas de este recurso añade incertidumbre a la planificación energética futura y pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

En respuesta a estos desafíos, el Gobierno ha comenzado a implementar cambios normativos y políticas orientadas a fomentar una mayor diversificación energética e incentivar el desarrollo de fuentes renovables. Una medida destacada en este sentido fue la promulgación del Decreto Supremo 5549, que autoriza a empresas industriales y grandes consumidores producir energía renovable para su autoconsumo y entregar eventuales excedentes al Sistema Interconectado Nacional hasta un límite de seis megavatios. Esta normativa representa un paso importante hacia la apertura del mercado energético a actores privados y promueve alianzas público-privadas que pueden acelerar la transición hacia una matriz más sostenible.

No obstante, según expertos como Revilla, existen todavía limitaciones importantes en esta regulación. Los costos asociados a la conexión y adecuación técnica para inyectar energía renovable a la red recaen completamente sobre los generadores distribuidos, lo cual puede desincentivar inversiones privadas. Además, se mantiene prohibido el suministro directo a terceros fuera del sistema interconectado y no se han establecido incentivos económicos claros dentro de las tarifas eléctricas para estimular esta modalidad de generación distribuida.

El interés por diversificar también ha recibido respaldo internacional recientemente con la confirmación de fondos no reembolsables por parte de la Unión Europea y Alemania por un monto cercano a los diez millones de dólares. Este apoyo forma parte del programa EU4ProTransición, cuyo objetivo es acompañar a Bolivia en su proceso hacia una generación eléctrica más diversa y sostenible mediante acciones que incluyen la integración regional del sistema eléctrico y el impulso al desarrollo del hidrógeno verde como fuente alternativa.

Paralelamente a estas iniciativas regulatorias e internacionales, Bolivia avanza en proyectos concretos para ampliar su capacidad renovable. Un ejemplo emblemático es la próxima construcción de la planta solar Sud Chichas en Tupiza, financiada mediante un préstamo soberano con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta 110 millones de dólares. Con una capacidad instalada proyectada de 120 megavatios sobre una extensión aproximada de 110 hectáreas, será hasta ahora la planta solar más grande del país. Su implementación busca reducir el consumo de gas natural para generación eléctrica e impulsar procesos efectivos de descarbonización en línea con compromisos ambientales globales.

Este proyecto es ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y representa un hito significativo dentro del camino hacia una matriz energética más limpia. Su éxito podría marcar el inicio para nuevas inversiones similares que contribuyan a disminuir paulatinamente el peso relativo que tienen las termoeléctricas basadas en gas natural dentro del sistema boliviano.

Además, especialistas subrayan que Bolivia cuenta con un potencial energético diverso según sus regiones geográficas que debería ser aprovechado estratégicamente. En el occidente nacional destacan las condiciones favorables para energías solar y geotérmica —esta última vinculada a zonas volcánicas con actividad termal— mientras que en el oriente, especialmente Santa Cruz, los recursos eólicos e hidroeléctricos podrían desarrollarse con mayor eficacia debido a sus características climáticas y topográficas específicas.

El diseño integral basado en estas particularidades regionales permitiría no solo optimizar costos sino también generar excedentes eléctricos susceptibles de ser exportados hacia mercados vecinos, fortaleciendo así tanto la seguridad energética interna como las finanzas públicas mediante ingresos adicionales.

En síntesis, Bolivia está transitando un proceso gradual pero decidido hacia una transición energética necesaria ante los riesgos asociados a su actual dependencia del gas natural para generación eléctrica. Las recientes normativas gubernamentales, los proyectos emblemáticos como Sud Chichas y el apoyo internacional conforman un marco favorable para avanzar hacia una matriz más diversificada donde las energías renovables jueguen un rol creciente. Este cambio no solo contribuirá a mejorar la sostenibilidad ambiental sino también garantizará mayor estabilidad económica y acceso confiable al servicio eléctrico para hogares e industrias bolivianas en los próximos años