La Defensoría del Pueblo ha iniciado un proceso participativo para la elaboración de la reglamentación de la Ley N° 1680, conocida como la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida. Esta normativa, promulgada el 5 de noviembre de 2025, se encuentra actualmente en fase de implementación.
Para avanzar en este objetivo, se programó la conformación de mesas técnicas de trabajo que comenzarán sus actividades el 27 de enero. Estas mesas reunirán a diversos actores involucrados con el fin de establecer los mecanismos concretos para aplicar la ley. Entre los aspectos a definir se incluyen la entrega de beneficios sociales y económicos, así como la creación de un sistema nacional de registro que permita identificar y brindar atención integral a los menores afectados por feminicidios y otros delitos contra la vida.
Bolivia Sánchez, responsable del Área de Derechos Generacionales de la Defensoría, indicó que se convocó a más de 50 organizaciones para colaborar en la reglamentación de esta ley, recordando que el Órgano Ejecutivo tiene un plazo de 120 días desde la promulgación para emitir la normativa reglamentaria correspondiente.
Antes de la aprobación de la ley nacional, la Defensoría impulsó un Modelo de Ley y Reglamento Municipal que fue adoptado por 42 gobiernos autónomos municipales. Estas entidades cuentan actualmente con normativas locales orientadas a proteger a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio. La experiencia acumulada en el ámbito local aporta valiosos insumos técnicos y prácticos para desarrollar una reglamentación nacional sólida y clara, que establezca responsabilidades y competencias definidas.
En cuanto a las cifras de feminicidios, la Fiscalía General del Estado reportó que hasta el 19 de enero de 2026 se registraron dos casos recientes, con víctimas de 47 y 30 años. En total, hasta el 10 de diciembre de 2025, se contabilizaron 73 mujeres fallecidas por este delito en todo el país
