Al cierre del año 2025, la deuda externa pública de Bolivia alcanzó un total de 14.131,4 millones de dólares, reflejando un aumento de 786 millones en comparación con el periodo anterior, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Aunque los niveles de endeudamiento se mantienen dentro de parámetros considerados sostenibles para países de ingresos bajos, la dinámica financiera muestra señales preocupantes, ya que el país destinó más recursos al pago del servicio de la deuda que los que recibió en nuevos préstamos.
El ratio deuda externa respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se situó en 24,6%, cifra inferior al límite recomendado del 40% para economías similares. Sin embargo, el servicio de la deuda externa, que comprende amortizaciones, intereses y comisiones, consumió el 16,8% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, superando el umbral internacional del 15%. Esta situación presiona la disponibilidad de divisas y afecta la estabilidad financiera.
Durante 2025, los desembolsos externos recibidos sumaron 1.419,3 millones de dólares, mientras que los pagos por servicio de deuda ascendieron a 1.520,7 millones, generando una transferencia neta negativa de 101,4 millones de dólares. Esto implica que el país destinó más fondos para cumplir con sus obligaciones financieras que los recursos obtenidos mediante nuevos créditos, lo que representa un punto de inflexión en la gestión de la deuda.
Del total pagado por servicio de deuda, 889,8 millones correspondieron a amortización de capital y 630,9 millones a intereses y comisiones. A pesar de estos desembolsos, Bolivia mantiene un saldo pendiente por desembolsar de 4.242,8 millones de dólares, cifra que aumentará con la incorporación de los créditos recientemente aprobados y los compromisos futuros con entidades como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo monto conjunto supera los 7.000 millones.
La estructura de la deuda externa continúa dominada por organismos multilaterales, que representan el 72,2% del total, con el BID, la CAF y el Banco Mundial como principales acreedores. En el ámbito bilateral, destacan países como China y Francia, mientras que los Bonos Soberanos constituyen el 13,1% del saldo.
Al considerar la deuda interna, el endeudamiento público total se aproxima o supera el 90% del PIB, con una tendencia al alza debido a la contratación de nuevos créditos. En este contexto, expertos señalan la importancia de reorientar el destino de los recursos obtenidos, priorizando inversiones productivas y de impacto social significativo, y limitando progresivamente el financiamiento interno basado en la emisión monetaria para evitar presiones inflacionarias.
En el ámbito político y económico, el gobierno ha solicitado créditos por alrededor de 7.600 millones de dólares, cifra que representa casi la mitad del endeudamiento externo acumulado en más de dos décadas. Este volumen, en un contexto de menores ingresos por exportaciones y mayores compromisos por intereses, plantea desafíos significativos para la sostenibilidad fiscal y la estrategia de endeudamiento nacional.
Aunque los indicadores de solvencia se mantienen dentro de rangos manejables, el aumento en el servicio de la deuda y la reducción en los ingresos por exportaciones desde 2022 configuran un escenario de riesgo para la liquidez externa. La implementación de medidas correctivas a corto y mediano plazo resulta crucial para evitar un deterioro mayor en la estabilidad financiera del país
