La economía boliviana enfrenta un proceso de ajuste monetario que, aunque no es reconocido abiertamente como una devaluación por el Gobierno, ya se manifiesta en los mercados y afecta el poder adquisitivo de la población. La crisis de divisas y combustibles que afectó al país en 2025 ha derivado en un escenario donde el boliviano muestra una depreciación significativa frente al dólar, con un sistema cambiario dual que refleja esta realidad.

Actualmente, el tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 6,96 por dólar, pero el mercado paralelo registra cotizaciones entre Bs 9,16 y Bs 9,35, lo que representa una depreciación superior al 30% respecto a los niveles anteriores a la crisis iniciada en 2023. Este desfase no parece ser temporal, sino parte de un ajuste que el Estado comienza a aceptar de manera implícita, aunque evita denominarlo como una devaluación formal.

El Banco Central de Bolivia continúa fijando el tipo de cambio oficial, pero el acceso a dólares a ese precio es limitado para la población y el sector privado, lo que ha consolidado un mercado paralelo que sirve como referencia real para la formación de precios. Durante 2025, el dólar informal alcanzó picos históricos de hasta Bs 20 en momentos críticos de escasez de divisas, aunque a principios de 2026 se ha estabilizado alrededor de Bs 9. Esta cifra ha sido reconocida por el Banco Central mediante la publicación diaria de valores referenciales basados en transacciones reales, evidenciando que el tipo de cambio oficial ya no refleja la realidad económica.

En términos macroeconómicos, las Reservas Internacionales Netas cerraron en aproximadamente 3.713 millones de dólares, con un aumento significativo en las divisas de libre disponibilidad, que pasaron de 70 a cerca de 580 millones de dólares, impulsadas principalmente por créditos externos de organismos multilaterales. Sin embargo, la inflación sigue siendo un desafío importante, con variaciones superiores al 30% en 2025 en sectores como alimentos y servicios básicos. Para 2026, el Gobierno se ha fijado una meta ambiciosa de reducir la inflación al 17%, en un contexto marcado por el ajuste cambiario y la reestructuración de precios.

En cuanto al crecimiento económico, las perspectivas son dispares. Mientras algunas entidades internacionales advierten sobre un posible estancamiento o recesión hasta 2027, las autoridades económicas nacionales proyectan un crecimiento positivo para 2026, basado en la reactivación de la inversión extranjera y la normalización del mercado cambiario.

El presidente del Banco Central ha anunciado una próxima transición hacia un régimen cambiario más flexible, con la intención de “sincerar la economía” y resolver las distorsiones generadas por el tipo de cambio fijo. Este nuevo esquema estaría basado en bandas cambiarias que permitirían la fluctuación del dólar dentro de ciertos límites antes de que el Estado intervenga, con un tipo de cambio flexible estimado entre Bs 9 y Bs 10 por dólar. Este anuncio confirma que una devaluación oficial está en preparación, aunque aún no se ha implementado formalmente.

Aunque la mayoría de los precios ya se han ajustado al tipo de cambio paralelo, una devaluación oficial tendría implicaciones directas en variables sensibles como el salario mínimo, el poder adquisitivo de los sueldos, los ahorros y los fondos estatales. Un caso relevante es el Fondo de los ahorristas de la Gestora Pública de Pensiones, que maneja cerca de 30.000 millones de dólares en bolivianos; la depreciación de la moneda afecta el valor real de estos recursos, a pesar de los esfuerzos por diversificar las inversiones hacia grandes empresas nacionales.

Expertos señalan que el cambio hacia un tipo de cambio flexible constituye, en la práctica, una devaluación oficial que ya se ha venido experimentando desde hace al menos dos años. El aumento del tipo de cambio de 6,96 a aproximadamente 9 bolivianos por dólar implica una depreciación del 30% al 40%, que impacta directamente en la caída del salario real, afectando especialmente el acceso a alimentos y servicios básicos. Además, esta situación reduce la capacidad de ahorro de la población y fomenta la informalidad económica.

Entre los beneficiarios de esta transición se encuentran el Banco Central, cuyos activos en dólares y reservas de oro aumentan su valor contable, así como los exportadores y el Estado, que incrementa su recaudación indirecta. En contraposición, los trabajadores asalariados y el Fondo de Pensiones son los principales perjudicados, debido a la pérdida de valor real de sus ingresos y ahorros.

Se advierte que, sin políticas sociales adecuadas, una devaluación oficial podría profundizar el empobrecimiento de amplios sectores de la población. El reciente aumento del salario mínimo no sería suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre jubilados y pensionados. Además, existe el riesgo de un deterioro en la credibilidad institucional si el proceso de ajuste no se acompaña de transparencia, normas claras y medidas que mitiguen el impacto social.

Finalmente, se prevé que la devaluación oficial genere un aumento inflacionario, encareciendo los productos importados y elevando los costos de producción interna, lo que podría alimentar expectativas inflacionarias en la economía. Este escenario plantea un desafío importante para las autoridades, que deberán equilibrar la necesidad de ajuste con la protección del bienestar de la población