El próximo 22 de marzo, Bolivia se prepara para una nueva jornada electoral que reviste una gran complejidad y trascendencia para el país, ya que se elegirán autoridades departamentales, regionales y municipales en un proceso subnacional que involucra a miles de cargos en todo el territorio nacional. Según datos oficiales proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esta elección será una de las más extensas y desafiantes en términos organizativos, debido a la cantidad de autoridades que serán seleccionadas mediante votación popular.
En total, más de cinco mil cuatrocientas autoridades serán elegidas entre titulares y suplentes, distribuidas en las diferentes instancias de gobierno subnacional. Esta estructura refleja la diversidad política y territorial del país, donde convergen múltiples niveles de representación y donde la participación ciudadana adquiere un papel fundamental para la gobernabilidad local y regional.
En lo que respecta a la elección departamental, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a los gobernadores de los nueve departamentos del país. Estos cargos son clave para la administración regional, ya que los gobernadores ejercen funciones ejecutivas en sus respectivos territorios. Además, se incorporan cuatro vicegobernadores en departamentos específicos como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, lo que refuerza el liderazgo regional y permite una mejor gestión compartida del poder ejecutivo departamental.
La complejidad del proceso también se observa en el departamento del Beni, donde además de gobernador y vicegobernador se elegirán ocho subgobernadores y diecinueve corregidores. Estas figuras representan niveles aún más locales dentro del departamento y son esenciales para garantizar la administración efectiva en áreas rurales o con características particulares.
Por otro lado, la renovación de las asambleas departamentales es un elemento fundamental en este proceso electoral. Serán electos un total de 144 asambleístas por territorio y 105 por población distribuidos entre los nueve departamentos. Esta división responde a criterios demográficos y geográficos que buscan equilibrar la representación política según las características propias de cada región. Asimismo, se asignarán 28 escaños especiales a representantes indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos conforme a normas propias reconocidas en los estatutos autonómicos. Este aspecto es especialmente relevante porque refleja el reconocimiento constitucional a las naciones y pueblos indígenas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, fortaleciendo así su participación política directa.
En cuanto a la elección regional, destaca la votación en la región autónoma del Gran Chaco ubicada dentro del departamento de Tarija. Allí se elegirán autoridades específicas como un ejecutivo regional o ejecutiva regional, además de dos ejecutivos de desarrollo para localidades concretas como Villa Montes y Caraparí. También se renovarán seis asambleístas regionales por territorio y tres por población. Esta estructura particular responde al régimen autonómico vigente en esa región, que le otorga competencias especiales reconocidas constitucionalmente.
A nivel municipal, el proceso contempla la elección directa de 335 alcaldes encargados de liderar las administraciones locales en todo el país. Junto con ellos serán electos 2.044 concejales municipales encargados de legislar y fiscalizar desde el nivel local. A esto se suman otros cinco concejales indígenas originarios o campesinos designados mediante procedimientos especiales que garantizan su representación dentro del ámbito municipal.
El Tribunal Supremo Electoral ha informado también sobre los sistemas electorales que regirán para estos comicios subnacionales. Para los cargos ejecutivos como gobernadores se aplicará un sistema basado en mayoría absoluta o mayoría atenuada. Esto significa que una candidatura ganará si obtiene más del 50% más uno de los votos válidos; sin embargo, si ninguna alcanza ese porcentaje pero logra al menos un 40% con una diferencia mínima de diez puntos porcentuales respecto al segundo candidato más votado, también será declarada ganadora. En caso contrario habrá una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas para definir al ganador final.
Por su parte, para las asambleas departamentales y regionales se utilizarán circunscripciones variadas que consideran tanto criterios poblacionales como territoriales junto con escaños especiales definidos conforme a los estatutos autonómicos correspondientes y otras normativas vigentes. Esto implica un sistema electoral mixto adaptado a la diversidad cultural y geográfica del país que busca asegurar una representación equilibrada e inclusiva.
Este proceso electoral subnacional constituye un momento clave para Bolivia porque permitirá renovar las autoridades responsables del gobierno local y regional durante el próximo período administrativo. La magnitud del proceso refleja no solo los desafíos logísticos sino también la importancia política que tiene garantizar elecciones transparentes y participativas para fortalecer la democracia territorial en Bolivia. La participación ciudadana tendrá un papel crucial para legitimar estas nuevas autoridades encargadas no solo de administrar recursos sino también de atender las demandas específicas de sus comunidades en ámbitos sociales, económicos y culturales.
En definitiva, estas elecciones subnacionales son un reflejo claro del Estado Plurinacional boliviano donde conviven diversas identidades políticas, culturales y territoriales con mecanismos electorales propios diseñados para respetar esa pluralidad dentro del marco democrático nacional. La jornada electoral prevista para marzo será decisiva para definir liderazgos locales capaces de impulsar desarrollo integral desde cada rincón del país hacia adelante
