El Club Bolívar hizo pública una denuncia sobre diversas irregularidades detectadas en el proceso penal vinculado a un desfalco millonario en sus finanzas y en las de las empresas administradoras BAISA S.R.L., PROTFÚTBOL S.R.L. y KUDRET S.R.L. Las investigaciones determinaron un perjuicio económico que supera los 2,5 millones de bolivianos, atribuible a miembros del equipo administrativo del club.
El monto total del desvío señalado por la institución asciende a Bs 2.542.530,18. Según el informe difundido por el club, las personas implicadas en estos hechos son Jorge Luis Callisaya Montenegro, quien se desempeñaba como Jefe de Tesorería del Club Bolívar, y Lucy Karen Arias Lluscó, contadora de proyectos de las empresas relacionadas. Ambos están vinculados a un perjuicio económico de Bs 2.043.113,18. Por otro lado, María Ynés Ticona Challapa, Jefe de Contabilidad del club, está señalada por un desvío adicional de Bs 499.417,00.
Estas tres personas fueron formalmente imputadas y enfrentan un proceso judicial. Inicialmente, Callisaya y Arias estuvieron detenidos preventivamente en centros penitenciarios de La Paz, aunque actualmente cumplen medidas sustitutivas a la detención.
El club informó que el proceso judicial será oral, público y contradictorio, con el fin de establecer las responsabilidades penales correspondientes. Asimismo, se indicó que Callisaya intentó desligarse de sus responsabilidades, atribuyendo las irregularidades a sus superiores, Eduardo Alejandro Valdivia Medling y Juan Carlos Campero Martínez. Sin embargo, ambos funcionarios colaboraron activamente con la institución para promover la apertura de la investigación penal tras detectarse las anomalías en un informe de auditoría independiente.
En un giro polémico, el fiscal encargado del caso, Romualdo Isaac Almonte Blanco, presentó una imputación formal contra Valdivia y Campero por el delito de Manipulación Informática, argumentando que no advirtieron las irregularidades cometidas por Callisaya, Arias y Ticona. Esta decisión fue calificada por el club como “contradictoria y preocupante”, señalando que el fiscal habría adoptado la versión del principal acusado sin contar con pruebas que respalden dicha postura.
Ante esta situación, la dirigencia del club anunció que presentará una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Ministerio Público para que se investigue la actuación del fiscal Almonte, rechazando prácticas que puedan distorsionar el proceso y que terminen imputando a quienes inicialmente denunciaron el delito.
Finalmente, el Club Bolívar reafirmó su compromiso de condenar y perseguir cualquier acto doloso o negligente que afecte a la institución, al tiempo que manifestó su firme respaldo a quienes han demostrado integridad y lealtad en la defensa de los intereses del club
