La Fiscalía de Bolivia ha dado un paso significativo en el caso del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, al concluir la etapa de investigación en uno de los seis procesos abiertos en su contra. La acusación formal ha sido presentada ante la justicia en Beni, solicitando que se inicie el juicio oral contra Marset y sus presuntos cómplices, quienes enfrentan cargos por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes. Esta información fue confirmada por el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza.
Mendoza explicó que la acusación no solo incluye a Marset, sino también a exfuncionarios de Migración y de la Policía Boliviana, aunque no proporcionó detalles sobre el número exacto de imputados ni su grado de implicación en los delitos. En este sentido, el fiscal destacó que el proceso ya se encuentra en fase de acusación formal y que ahora se espera que el tribunal en Trinidad establezca la fecha y hora para llevar a cabo el juicio público, oral y contradictorio.
El Ministerio Público tiene planes firmes respecto a las sanciones que buscará imponer. Mendoza anticipó que solicitarán la pena máxima de ocho años de prisión, basándose en las pruebas documentales recolectadas durante la investigación. En cuanto a los funcionarios implicados, se les imputa incumplimiento de deberes y su participación en delitos relacionados con la falsedad documental.
Este caso surgió tras los acontecimientos que rodearon la fuga de Marset en Bolivia el 29 de julio de 2023. El propio narcotraficante reveló haber evadido un operativo policial en Santa Cruz gracias a una advertencia proporcionada por un jefe policial. A raíz de este incidente, se iniciaron múltiples investigaciones no solo relacionadas con narcotráfico, sino también con el uso indebido de identidades falsas en el país.
Las indagaciones realizadas específicamente en Beni han tratado de esclarecer cómo Marset logró ingresar a Bolivia sin ser detectado por los controles migratorios y las verificaciones de identidad. Se ha establecido que contaba con documentos entregados por funcionarios del país. Tras su captura el 13 de marzo del presente año, se supo que Marset había utilizado al menos diez identidades falsas durante su estancia en Bolivia.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha señalado que este esquema irregular revela una posible red de protección compuesta por policías y autoridades locales, lo que ha llevado a abrir nuevas líneas de investigación. Sin embargo, hasta ahora no se han identificado a todos los responsables.
Uno de los episodios más destacados ocurrió en octubre cuando Patricia Hermosa, entonces directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), destituyó a cuatro funcionarios en Santa Cruz debido a su supuesta participación en la emisión de una identidad falsa utilizada por Marset. Las investigaciones revelaron que en 2019 Marset obtuvo una cédula boliviana bajo el nombre ficticio Gabriel De Souza Beumer; documento con el cual viajó al menos tres veces a Paraguay sin ser registrado adecuadamente en el sistema biométrico.
Se supo también que Marset tenía un sello rojo y estaba listado como buscado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. En Bolivia se llegó a ofrecer una recompensa significativa para quien brindara información sobre su paradero.
De acuerdo con declaraciones del exdirector del Segip en Santa Cruz, Alpacino Mojica, Marset ingresó al país con su documentación original antes de obtener una cédula como extranjero y posteriormente una cédula boliviana falsa gracias a un certificado emitido por el Registro Civil. La etapa actual del proceso judicial pone al descubierto no solo las acciones del narcotraficante sino también las posibles complicidades dentro del sistema administrativo que le permitieron operar con identidades falsas durante su tiempo en Bolivia.
