El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, compareció ante el Senado para brindar detalles sobre el manejo de las reservas de oro y, en particular, para explicar la situación generada tras el siniestro del avión ocurrido el pasado viernes en La Paz. Durante su intervención, Espinoza ofreció una exposición detallada sobre los billetes afectados por este incidente y las acciones que la institución ha emprendido para abordar las consecuencias derivadas del robo y daño de parte del dinero en circulación.
En su informe, Espinoza abordó la polémica en torno a la serie B de billetes que sufrió un daño significativo debido al accidente y posterior saqueo. Una de las propuestas que circuló fue la posibilidad de declarar toda esta serie como inutilizada, lo que implicaría retirar completamente estos billetes de circulación. Sin embargo, el presidente del BCB desestimó esta opción debido a los elevados costos que implicaría para la entidad y el país en general. Según explicó, la producción total de esta serie representa un gasto aproximado de 76 millones de dólares, y solo los billetes con cortes de 50, 20 y 10 bolivianos suman alrededor de 41 millones. Por tanto, ordenar la anulación total representaría una pérdida económica considerable que el Banco Central no podría asumir sin afectar su estabilidad financiera.
En cuanto a la posibilidad de validar o legalizar los billetes que fueron sustraídos durante el saqueo posterior al accidente aéreo, Espinoza reiteró que esta alternativa fue descartada tras una reunión del directorio del Banco Central. La decisión fue unánime en cuanto a no legitimar recursos obtenidos mediante actos ilícitos. Esta postura busca mantener la integridad del sistema financiero y evitar precedentes que puedan fomentar actividades ilegales o generar desconfianza en la moneda nacional.
El presidente del BCB también reconoció públicamente que las medidas adoptadas por la institución han generado malestar entre ciertos sectores ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables afectadas por las limitaciones impuestas al uso y circulación de los billetes dañados o robados. A pesar de ello, enfatizó que las acciones tomadas son las más responsables dadas las circunstancias actuales y aseguró que se continúa trabajando para encontrar soluciones alternativas que puedan mitigar el impacto social derivado.
Uno de los puntos clave señalados por Espinoza fue el elevado costo y complejidad que implicaría lanzar una nueva serie monetaria para reemplazar completamente a la serie B. Actualmente esta serie es la más abundante en circulación y también se encuentra almacenada en grandes cantidades en las bóvedas del Banco Central. Cambiarla implicaría desechar una gran parte del dinero disponible, lo cual sería económicamente inviable para Bolivia. Además, advirtió que imprimir una nueva serie C tomaría aproximadamente dos años antes de poder distribuirse a nivel nacional, lo cual dejaría al país con un déficit importante en efectivo circulante durante ese período.
Frente a este panorama, Espinoza señaló que la estrategia más viable es avanzar gradualmente en la identificación y control del dinero robado durante el incidente aéreo. Esta medida busca recuperar parte del valor económico perdido sin afectar toda la masa monetaria ni comprometer la estabilidad financiera nacional. En definitiva, el Banco Central apuesta por un manejo cuidadoso y responsable para superar esta crisis particular sin generar mayores daños económicos o sociales.
La aprobación sin inconvenientes del informe presentado por David Espinoza ante el Senado refleja un respaldo político hacia las decisiones adoptadas por el Banco Central frente a esta emergencia monetaria. Sin embargo, también pone sobre relieve los desafíos complejos que enfrentan las autoridades financieras cuando deben equilibrar aspectos técnicos económicos con demandas sociales urgentes tras eventos imprevistos como accidentes catastróficos acompañados por actos ilícitos como saqueos.
En suma, este episodio pone en evidencia cómo incidentes externos pueden impactar directamente en la economía real y cómo instituciones como el Banco Central deben responder con medidas técnicas fundamentadas pero sensibles al contexto social. La gestión realizada hasta ahora apunta a preservar el valor y confianza en la moneda nacional mientras se buscan mecanismos para minimizar perjuicios económicos sin desatender las necesidades sociales emergentes tras esta tragedia aérea
