A pesar de las estrictas penas para el feminicidio, tipificado con una sentencia de 30 años bajo la Ley 348 promulgada en 2013, persiste un vacío legislativo crucial en cuanto a la protección integral de los niños y niñas huérfanos por estos crímenes. La ausencia de una ley nacional que complemente el castigo a los perpetradores con medidas de asistencia para las víctimas indirectas ha llevado a la proliferación de iniciativas departamentales y municipales, muchas de las cuales aún no se implementan y corren el riesgo de generar mayor burocracia.

A lo largo de la última década, diversas propuestas para establecer un sistema de apoyo nacional han quedado estancadas. En julio de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó una primera propuesta formal de ley de medidas de asistencia estatal integral para los hijos de víctimas de feminicidio. Este borrador contemplaba el pago de un bono, incentivos para evitar la deserción escolar, la asignación de becas universitarias y asistencia terapéutica. Para las familias ampliadas que asumieran la custodia, se preveía la distribución de canastas alimentarias, inamovilidad laboral y reducción de costos en servicios básicos e impuestos hasta la mayoría de edad de los huérfanos. Aunque en 2021 se confirmó la predisposición del Ministerio de Economía y hubo insistencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la iniciativa nunca llegó a votación. Adicionalmente, la propuesta incluía la creación de un registro público nacional de estos menores, una medida que también ha quedado postergada.

Más recientemente, en abril de 2024, una coalición de aproximadamente 40 instituciones, agrupadas en la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio, entregó a la Cámara de Diputados un proyecto denominado “Protección integral y reparación para hijas e hijos víctimas de feminicidios”. Esta redacción proponía un bono equivalente al 20% del salario mínimo nacional, atención médica y terapéutica gratuita, acceso garantizado a escuelas y universidades, y priorización en programas de vivienda social. A pesar de contar con una carta que certifica su aprobación por la comisión correspondiente y su entrega en el despacho del entonces presidente de Diputados, Israel Huaytari, el proyecto no fue agendado para ser tratado en el pleno. El reglamento legislativo establece que un proyecto no abordado en un periodo legislativo debe reiniciar su trámite desde la comisión.

A nivel subnacional, la situación no es menos compleja. Ninguno de los nueve departamentos del país cuenta actualmente con leyes vigentes que provean algún tipo de asistencia específica a esta población vulnerable. En Tarija, por ejemplo, la Gobernación ha estado trabajando en una redacción durante meses, pero esta aún no ha sido ingresada a la Asamblea Legislativa Departamental para su aprobación.

Frente a la lentitud en el ámbito nacional, la Defensoría del Pueblo ha impulsado la aprobación de leyes municipales. Hasta la fecha, 40 municipios han logrado promulgar normativas al respecto. Sin embargo, considerando que Bolivia tiene un total de 342 municipios, esto significa que la mayoría de los huérfanos por feminicidio continúan en situación de vulnerabilidad. En otras jurisdicciones, las propuestas han sido aprobadas en los Concejos Municipales, pero su promulgación sigue pendiente para que puedan entrar en vigencia, como ocurre también en Tarija. Un impedimento recurrente señalado por alcaldes y gobernadores para la aplicación de estas políticas es la escasez de recursos económicos. Por ello, las leyes municipales suelen enfocarse en el acceso a terapias, educación e inserción laboral, descartando la entrega de bonos o alimentos.

Un vacío sistémico crítico es la inexistencia de un registro nacional de huérfanos por feminicidio. Ha transcurrido más de una década desde la promulgación de la Ley 348, y aún no se ha

Bolivia atraviesa una compleja coyuntura económica y energética, caracterizada por una significativa disminución en la producción de gas natural. Esta situación no solo impacta las capacidades de exportación del país, sino que también ejerce presión sobre el poder adquisitivo de la población.

La dependencia del gas natural es un factor crítico en el panorama energético nacional, dado que aproximadamente el 70% de la infraestructura termoeléctrica destinada a la generación de energía eléctrica opera con este combustible. Un análisis reciente en el sector de hidrocarburos revela que la producción de gas ha experimentado una contracción del 55% en comparación con los volúmenes registrados hace una década.

Expertos en la materia advierten que, de persistir el declive en las reservas de hidrocarburos, el desafío energético podría intensificarse considerablemente. Se subraya la urgencia de implementar reformas estructurales tanto en la legislación de electricidad como en la de hidrocarburos. Además, se considera fundamental transformar la matriz energética y eléctrica del país, explorando soluciones innovadoras que se alineen con el marco constitucional y fomenten la atracción de nuevas inversiones. Esta problemática, según se ha señalado, ha evolucionado progresivamente durante la última década, a pesar de las advertencias sobre la disminución en la producción de gas y líquidos. La inacción podría llevar a Bolivia, en los próximos años, a transitar de una posición exportadora a una importadora de recursos energéticos, incluido el gas natural.

Desde una perspectiva regional, se ha manifestado que, en las últimas dos décadas, no se han registrado nuevos hallazgos de reservas de hidrocarburos en la zona de Yacuiba. Esta región, que históricamente fue un pilar fundamental para la economía nacional, se percibe actualmente como desatendida por las administraciones en turno. Se ha criticado que, a pesar de haber gestionado cuantiosos recursos económicos durante un periodo de veinte años, las autoridades que estuvieron al frente de la región del Chaco no lograron resolver problemáticas fundamentales, como la infraestructura vial

Desde la terminal de buses Metropolitana, ubicada en la ciudad de El Alto, se observa una intensa actividad, con numerosas personas buscando transporte para aprovechar el período de vacaciones escolares. Los destinos más solicitados por los viajeros incluyen Santa Cruz, Tarija y Sucre. Sin embargo, la disponibilidad de unidades de transporte es limitada, lo que ha generado extensas filas para la adquisición de pasajes en las oficinas de las empresas.

Esta situación se atribuye principalmente a un déficit en el suministro de combustible, particularmente diésel. Los vehículos de transporte interdepartamental deben aguardar por horas en los puntos de abastecimiento, lo que retrasa significativamente su salida. En consecuencia, la venta de boletos a menudo se habilita recién a altas horas de la noche, una vez que las unidades logran arribar a la terminal tras conseguir el suministro necesario.

La escasez de combustible también ha provocado un notable incremento en las tarifas de los pasajes en los últimos días. Por ejemplo, un boleto con destino a Santa Cruz de la Sierra, que previamente oscilaba entre 160 y 180 bolivianos, ahora se cotiza entre 220 y 300 bolivianos, dependiendo de la categoría del servicio. Similar situación se observa en la ruta a Oruro, donde el costo ha pasado de 20 a 50 bolivianos.

Para otras rutas clave desde La Paz o El Alto, los precios actuales de los pasajes son los siguientes: para Potosí, las tarifas varían entre 100 y 150 bolivianos; para Tarija, entre 220 y 250 bolivianos; para Sucre, entre 100 y 150 bolivianos; y para Cochabamba, entre 100 y 120 bolivianos

María Isabel Moreno Cortéz, una notable jurista oriunda de Tarija, se prepara para asumir un escaño clave en el ámbito legislativo. Ha sido designada como la primera senadora por la agrupación política LIBRE, liderada por Tuto Quiroga, marcando un relevo significativo en la representación parlamentaria.

Esta designación se produce a raíz de la descalificación de la anterior ocupante del cargo, Luciana Campero. El Tribunal Supremo Electoral ha procedido con esta medida debido al incumplimiento del Artículo 238 de la Constitución Política del Estado, lo que ha generado la necesidad de un nuevo representante para la bancada.

La trayectoria de Moreno Cortéz en el ámbito jurídico es extensa y consolidada. Su formación académica incluye una Licenciatura en Derecho, complementada con diplomados en Derecho Civil y en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria. Además, posee una Maestría en Derecho Penal y Penología, lo que subraya su especialización y profundidad en el campo legal.

En cuanto a su experiencia profesional, Moreno Cortéz ha dedicado una década a funciones como jueza de Instrucción Cautelar y técnica en el Tribunal de Sentencia. Previamente, ejerció durante diez años diversas responsabilidades como funcionaria judicial. A estas etapas se suman catorce años de ejercicio independiente como abogada. Su liderazgo también se ha manifestado en el ámbito gremial, habiendo presidido tanto el Colegio Departamental de Abogados de Tarija como el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, lo que refleja su influencia y reconocimiento dentro de la comunidad legal del país