Ante la inminente preocupación por la sostenibilidad energética del país, la dirigencia cívica del departamento de Tarija se prepara para instar a las futuras autoridades nacionales, que asumirán funciones el 17 de agosto, a priorizar el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal. Esta iniciativa no solo busca generar electricidad, sino también optimizar el uso del agua para riego en una vasta región.

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, ha confirmado la adhesión de su institución al Comité Impulsor del Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal. Este proyecto es concebido como una solución integral tanto para la recurrente sequía que afecta al Chaco tarijeño y chuquisaqueño, como para la matriz energética nacional. Con una proyección de generar 1842.8 gigavatios por hora (GWh), El Carrizal, planeado en el Cañón de Pilaya, podría convertirse en un pilar fundamental de la producción eléctrica en Bolivia.

El Comité Impulsor, compuesto por líderes cívicos, legisladores y expertos técnicos, tiene como objetivo principal la socialización del proyecto, detallando sus costos y alcances. Esta fase busca consolidar el apoyo necesario y coordinar gestiones con las autoridades del departamento de Chuquisaca, que también se beneficiaría directamente de la obra. Medrano ha señalado que, si bien la ejecución bajo la administración actual no parece probable, el enfoque está en conformar un equipo técnico sólido que pueda presentar el proyecto y abrir canales con el próximo gobierno, asegurando su priorización para ambas regiones.

Se ha recordado que El Carrizal cuenta con estudios de factibilidad económica, elaborados por la Universidad de San Francisco Xavier, que respaldan su viabilidad. La tarea pendiente, según los promotores, es la actualización y ajuste de ciertos datos, labor que recaerá en el componente técnico del comité. La consecución de la prioridad nacional para esta demanda de Tarija y Chuquisaca es vista como una misión central. Aunque se estima que la inversión superará los mil millones de dólares, se subraya que los beneficios a largo plazo para el país serán considerablemente mayores.

La urgencia de El Carrizal se fundamenta en la advertencia de una crisis energética inminente, impulsada por la declinación en la producción de gas natural, que actualmente alimenta la mayor parte de las termoeléctricas del país. La dependencia del gas es crítica, ya que aproximadamente el 70% de la energía eléctrica boliviana proviene de esta fuente. La escasez de gas podría paralizar las plantas generadoras, desencadenando un colapso energético a nivel nacional. El Carrizal, con su capacidad de aportar un tercio de la demanda eléctrica de Bolivia, se presenta como una alternativa estratégica para mitigar este riesgo.

Raquel Arancibia, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de San Francisco Xavier, ha reforzado esta perspectiva. Ha indicado que cerca del 75% de la electricidad consumida en Bolivia depende de termoeléctricas que requieren aproximadamente 58 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. Este consumo representa un gasto anual significativo, estimado en 340 millones de dólares, recursos que el Estado podría redirigir o ahorrar con la implementación de proyectos hidroeléctricos. Además, Arancibia ha contrastado el impacto ambiental negativo de las termoeléctricas con los beneficios ecológicos de las hidroeléctricas, que facilitan la reutilización del agua para riego. En el caso de El Carrizal, se proyecta que beneficiará a 90 mil hectáreas, generando un valor económico de 54 millones de dólares anuales durante sus 40 años de vida útil.

Desde el ámbito legislativo, José Luis Porcel, diputado por Tarija, ha calificado el proyecto como una alternativa estratégica y una apuesta fundamental para la transformación de la matriz energética boliviana, integrándolo en su plan de trabajo legislativo para la reactivación económica regional.

En un esfuerzo por sumar apoyo local, la dirigencia cívica departamental planea visitar las comunidades en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, ha expresado el compromiso de su institución de respaldar las decisiones que tomen las provincias y sus comunidades. Gira ha enfatizado la importancia de escuchar las perspectivas de Tarija sobre esta iniciativa que promete redefinir el futuro energético de la región

La dirigente Ruth Nina ha reafirmado sus controvertidas declaraciones, en las cuales anticipó que en la jornada electoral se contabilizarían vidas sacrificadas en lugar de sufragios. Ha manifestado su plena disposición a responder ante el sistema judicial, y ha lanzado un desafío directo a las autoridades, instándolas a proceder con su detención para observar si tal medida resultaría en un incremento o una disminución de votos, particularmente para el Movimiento Al Socialismo (MAS).

La líder política ha expresado su convicción de que, si su encarcelamiento beneficiara electoralmente al gobierno o a figuras como Samuel y Tuto, quienes, a través de sus representantes legislativos, han solicitado su detención, entonces deberían actuar. Ha enfatizado que es el momento de que asuman las consecuencias de tal acción, evaluando si les sumaría apoyo o, por el contrario, les restaría votos al punto de comprometer su personería jurídica. Esta postura se enmarca en un contexto donde el candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, enfrenta la posibilidad de que su partido pierda su estatus legal si no alcanza el umbral del 3% de los votos, según proyecciones recientes.

Nina ha declarado su ausencia de temor, presentándose como una mujer de acción directa. Ha afirmado que si la defensa de los sectores populares e indígenas constituye un delito, está preparada para enfrentar la reclusión con honor, y ha advertido que las próximas elecciones se verán directamente afectadas por la decisión de encarcelarla.

Respecto a su afirmación sobre el conteo de muertos, la dirigente ha aclarado que se refiere a la disposición de diversas organizaciones sociales a ofrendar sus vidas en la defensa de sus derechos fundamentales. Explicó que esta expresión busca visibilizar los decesos de comunarios y campesinos, los cuales, a su juicio, fueron ignorados o subestimados durante conflictos recientes, donde la cobertura mediática se centró predominantemente en las bajas policiales. Nina sostiene que las vidas de los campesinos no fueron debidamente contabilizadas ni investigadas, y que sus cuerpos fueron ocultados.

Su indignación también se extiende a la anulación de la personería jurídica de su partido, Pan-Bol, por parte del Órgano Electoral. Ha enfatizado que existe una resolución judicial de amparo que favorece a su organización política, pero que las autoridades electorales han incumplido al no restituir su estatus legal.

Asimismo, la dirigente ha subrayado que su reclamo fundamental radica en la exigencia de una participación plena de los pueblos indígenas en los procesos electorales. Considera que la inhabilitación de Pan-Bol vulnera los derechos políticos de este segmento poblacional. Ha manifestado que si demandar la participación indígena en las elecciones es un delito, está dispuesta a comparecer ante la justicia para cualquier investigación. Reafirmará el sentir de un pueblo que, según su perspectiva, ha sido excluido de los sectores más empobrecidos y populares.

Cabe recordar que Nina intentó postular a Evo Morales a través de Pan-Bol. La dirigente sostiene que la revocación de la personería jurídica de su partido fue una medida indebida y una consecuencia directa de esta iniciativa

Bolivia se prepara para un proceso electoral nacional el próximo 17 de agosto, en un contexto marcado por desafíos económicos significativos. Desde su lugar de detención, Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, ha emitido un llamado a la acción, instando a la ciudadanía a contrarrestar lo que describe como violencia y autoritarismo en las urnas.

Camacho atribuye la actual coyuntura de crisis estructural a las políticas implementadas por figuras como Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez. Subraya que aquellos comprometidos con la recuperación de los principios democráticos, el estado de derecho y la reconstrucción económica deben concentrarse en una transformación fundamental del modelo político y económico del país. Su visión incluye garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral, con el fin último de asegurar el bienestar nacional y la superación de fuerzas opresivas.

El gobernador, quien se encuentra en detención preventiva en el penal de Chonchocoro en relación con los eventos de 2019, mantiene una comunicación constante a través de plataformas de redes sociales.

De cara a los próximos comicios generales, Camacho ha manifestado públicamente su respaldo al candidato presidencial Samuel Doria Medina. El apoyo de Camacho a Doria Medina es, según sus propias palabras, decidido y firme. Destaca el plan de 100 días propuesto por el candidato para estabilizar la economía. Además, el gobernador elogia la seriedad de Doria Medina al ofrecer soluciones y propuestas concretas, señalando que ha evitado involucrarse en campañas de desprestigio o en la demagogia. Camacho también afirmó que Doria Medina se ha comprometido a defender conjuntamente Santa Cruz y a replicar su exitoso modelo productivo cruceño en otras regiones del país.

Finalmente, Camacho reflexionó sobre la trayectoria de lucha democrática de Bolivia, evocando el referéndum del 21 de febrero y las movilizaciones callejeras de 2019 como ejemplos de la voluntad nacional. Expresó su convicción de que este espíritu se reafirmará en las próximas elecciones del 17 de agosto

Samuel Doria Medina, empresario y aspirante a la presidencia por la alianza Unidad, ha delineado su propuesta económica, la cual se centra en el concepto del emprendimiento popular.

En sus declaraciones, Doria Medina ha sostenido que las aproximaciones económicas previas, tanto las de corte neoliberal como las estatistas, no han logrado erradicar la pobreza en Bolivia. Por ello, propone una estrategia sin precedentes, enfocada en el fomento del emprendimiento ciudadano. Su plan inicial contempla abordar de manera prioritaria la actual crisis económica y, en particular, la inflación, comprometiéndose a implementar soluciones en un lapso de cien días.

Esta propuesta emerge en un contexto donde se debate la persistencia de la pobreza y la incapacidad del país para superar ciertos umbrales de desarrollo económico, a pesar de las diversas políticas implementadas a lo largo del tiempo.

El candidato ha utilizado una analogía para describir la coyuntura nacional, sugiriendo que la situación actual, caracterizada por la escasez de combustibles, el incremento en los precios de los alimentos y una palpable incertidumbre, representa el punto más crítico antes de una mejora significativa.

Doria Medina ha manifestado su convicción de que la ciudadanía optará por un cambio de dirección. Ha prometido una intervención inmediata para asegurar el abastecimiento de combustibles y detener el avance de la inflación, con el objetivo de devolver la certidumbre a la nación. Según su planteamiento, esto significará el fin del paradigma económico vigente, dando paso a un nuevo ciclo de estabilidad que, asegura, se consolidará en los primeros cien días de gestión