En un acto solemne que marcó su despedida oficial de la institución castrense, el presidente Luis Arce, cuya gestión concluirá en noviembre, se dirigió a las Fuerzas Armadas en Sucre, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia. Durante su alocución, el jefe de Estado presentó una propuesta para una profunda reorientación estratégica de la doctrina militar, fundamentada en el principio de la autodeterminación de los pueblos. El objetivo central de esta iniciativa es prevenir futuras insubordinaciones internas y resguardar la nación de injerencias externas.

El mandatario enfatizó la necesidad de proyectar, para los próximos 25 años, una renovada política de seguridad y defensa nacional, inspirada en la soberanía popular y la protección integral del país. Esta visión doctrinal, según lo expresado, constituye un legado de su administración, destinado a ser analizado, debatido y, eventualmente, aprobado por las instancias pertinentes. Se busca forjar un estamento militar con un perfil renovado, arraigado en la sociedad y comprometido con sus ciudadanos, evitando cualquier confrontación con ellos. Se recalcó que el Bicentenario no solo honra el pasado, sino que también convoca a la construcción del futuro.

La intervención presidencial, que se extendió por aproximadamente trece minutos, fue intermitentemente interrumpida por manifestaciones de desaprobación, audibles incluso en las transmisiones oficiales. El momento de mayor rechazo se produjo cuando el presidente instó a la institución armada a proteger los activos nacionales vitales, haciendo referencia a la devastación ambiental provocada por los incendios forestales y a la gestión de las vastas reservas de litio. Ambas temáticas han generado un intenso debate público: en el caso de los incendios, se ha señalado la implicación de sectores afines al partido gobernante; respecto al litio, existen contratos con empresas de China y Rusia que aún no han sido ratificados por el poder legislativo, debido a la falta de consensos y a las críticas dirigidas a la administración.

Miles de ciudadanos se congregaron en Sucre para presenciar la tradicional parada militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y escuchar el anuncio presidencial. Sin embargo, la iniciativa no detalló si conllevaría una modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, normativa vigente desde 1992 y que ya había sido considerada en la Agenda Patriótica 2025 durante una administración anterior.

En su introducción, el presidente resaltó que las gestas independentistas y la propia creación de las Fuerzas Armadas tuvieron sus raíces en insurrecciones de pueblos originarios, lideradas por figuras históricas como Bartolina Sisa, Tupac Katari y Julián Apaza.

Se hizo una breve mención a dos episodios recientes de inestabilidad militar: el suceso de 2019, cuando el entonces comandante solicitó la dimisión de un presidente, y la revuelta de 2024, encabezada por un excomandante del Ejército. Ambos individuos habían sido figuras de confianza de los respectivos presidentes en ejercicio. El incidente de 2024, en particular, ha suscitado numerosas interrogantes y contradicciones que la justicia aún no ha logrado esclarecer, y el gobierno ha difundido material audiovisual vinculando a diversos analistas con los eventos de aquella jornada de junio.

Se subrayó que los acontecimientos de 2019 y 2024 revelan que la seguridad estatal no solo enfrenta amenazas externas, sino también desafíos internos derivados de conspiraciones políticas y rupturas institucionales. Por consiguiente, la nueva política de defensa debe consolidar la estabilidad democrática, salvaguardar la soberanía del voto popular y preservar la independencia de los poderes del Estado.

Mirando hacia el horizonte de 2050, el presidente recordó que gran parte del siglo XX la doctrina militar estuvo influenciada por paradigmas foráneos heredados del período de la Guerra Fría, los cuales, a su juicio, promovieron una visión autoritaria y subordinada a intereses económicos. Añadió que el país debe prepararse no solo frente a amenazas convencionales, sino también ante formas híbridas de desestabilización, como los ciberataques, la desinformación, la criminalidad transnacional y la competencia global por recursos vitales.

Por su parte, el máximo jefe de la institución castrense, Gerardo Zabala Álvarez, presentó un informe sobre los logros operativos del año, destacando acciones en la lucha contra el contrabando, la atención de desastres naturales y la defensa del orden constitucional. En la lucha contra el contrabando, se informó del despliegue de miles de efectivos en zonas fronterizas, quienes realizaron numerosas operaciones de control y desarticulación de rutas ilegales, con un impacto económico estimado en más de cien millones de bolivianos. Se afirmó que estas acciones fortalecen la economía nacional y consolidan la presencia del Estado en áreas estratégicas. Zabala también reportó la erradicación de miles de hectáreas de cultivos de coca excedentaria durante el primer semestre del año.

Desde el ámbito de los militares en retiro, Jorge Santistevan expresó preocupación, advirtiendo que la reforma propuesta podría transformar a las Fuerzas Armadas en una milicia con orientación socialista, basada en una doctrina de autodeterminación. Se cuestionó la pertinencia de tal propuesta en el tramo final de la actual administración gubernamental, dado que el traspaso de poder está previsto para el 8 de noviembre

Una alarmante situación ha sido puesta de manifiesto en el sistema penitenciario del país, donde se estima que más de medio millar de individuos, tanto hombres como mujeres, se encuentran privados de libertad sin haber cometido delito alguno. Esta problemática se atribuye a deficiencias en las investigaciones y a la proliferación de acusaciones carentes de fundamento por parte de las autoridades judiciales.

La Organización Nacional de Víctimas Nueva Visión para Bolivia ha documentado que la totalidad de los casos que gestiona corresponden a personas que afirman su inocencia. De este universo, aproximadamente un dos por ciento son mujeres. Esta entidad, de carácter no lucrativo, ha logrado la excarcelación de varios de estos individuos injustamente encarcelados. Sin embargo, la persistencia de esta situación ha motivado a la organización a expresar su descontento mediante diversas movilizaciones de protesta.

La portavoz de la organización ha subrayado la grave dificultad que enfrentan numerosas familias para costear una defensa legal privada, especialmente en el actual contexto económico. Se ha señalado que los defensores públicos, en muchos casos, incentivan a los procesados a aceptar la vía del proceso abreviado. Esta opción, si bien puede parecer una salida rápida, a menudo culmina en condenas por delitos no cometidos, lo que acarrea serias repercusiones a largo plazo para la vida de los afectados.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que una proporción significativa de estos procesos injustos se dirigen contra hombres, frecuentemente basados en denuncias infundadas relacionadas con abuso sexual, violación y violencia intrafamiliar. La inquietud se centra en la percepción de que los varones se encuentran en una posición de particular vulnerabilidad ante estas imputaciones. Se ha instado a una mayor reflexión social sobre las implicaciones de las acusaciones falsas, con la advertencia de que tales escenarios podrían, en el futuro, afectar a sus propios descendientes.

En este contexto, se ha formulado un llamado apremiante para una transformación estructural del sistema judicial boliviano. Se demanda, además, un incremento en el apoyo destinado a garantizar una defensa adecuada para todos aquellos que se consideran procesados de manera injusta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha validado y hecho público un acuerdo de solución amistosa concerniente al caso de Javier Charque Choque, un estudiante que perdió la vida a causa de un linchamiento en una comunidad de Llallagua, al norte del departamento de Potosí, en diciembre de 2006.

El 20 de agosto de 2024, las partes involucradas formalizaron un pacto mediante el cual el Estado boliviano asumió su responsabilidad internacional. Este reconocimiento abarca la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El compromiso estatal incluyó la implementación de diversas medidas de reparación. Entre ellas se contempló la realización de un acto privado de reconocimiento de responsabilidad, la divulgación del acuerdo de solución amistosa como un medio para restablecer la honra y dignidad de la víctima, una compensación económica por daños tanto inmateriales como materiales, y una medida específica para garantizar el acceso a la justicia.

La Comisión ha confirmado la ejecución de varias de estas acciones acordadas por el Estado. Se verificó la realización del acto privado de reconocimiento de responsabilidad internacional y la publicación del acuerdo de solución amistosa en el portal web de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, se constató el cumplimiento total de la medida relativa a la compensación económica. No obstante, la Comisión considera que la medida de justicia aún está pendiente, debido a la extinción de la acción penal por prescripción en relación con los imputados. Por ello, se mantendrá un seguimiento continuo hasta verificar el cumplimiento cabal de este aspecto.

El trágico suceso que afectó a Javier Charque Choque ocurrió mientras el joven, estudiante de turismo, realizaba una investigación sobre comunidades indígenas en el norte de Potosí. El 29 de diciembre de 2006, asistió a una celebración matrimonial en una de las comunidades de Llallagua. Durante el evento, un desacuerdo escaló rápidamente, llevando a una agresión física por parte de aproximadamente seis individuos de la comunidad de Villa Arbolitos.

Javier intentó huir de sus agresores, pero fue alcanzado y trasladado, gravemente herido, ante una autoridad indígena local, conocida como Jilanko. Esta autoridad habría autorizado la continuación de los actos de violencia contra el joven en lo que se presentó como una práctica de justicia consuetudinaria. Tras varias horas de sufrimiento prolongado, Javier Charque Choque falleció en la madrugada del 30 de diciembre de 2006.

Ante la falta de noticias, la madre del estudiante inició su búsqueda el 11 de enero de 2007, dirigiéndose a la comunidad. Allí, una comunaria le informó sobre el linchamiento de su hijo. Dos días después, el 13 de enero de 2007, las autoridades localizaron el cuerpo del joven enterrado en una sepultura improvisada, boca abajo, con las manos y los pies atados, y una cuerda alrededor del cuello. Se ha señalado que el estudiante fue acusado de supuestos delitos de violación y robo, lo que habría motivado el fatal desenlace