La existencia de 61 comunidades originarias en el municipio de Viacha se encuentra bajo una seria amenaza debido a la contaminación ambiental, una situación confirmada por informes oficiales de 2021 y corroborada por los propios habitantes. Tres factores principales han sido identificados como responsables de la destrucción de ecosistemas y del riesgo inminente para la supervivencia del ganado y los cultivos locales.

Un factor crucial es el vertido de aguas residuales y residuos sólidos que fluyen desde la ciudad de El Alto. Estos contaminantes viajan a través de los ríos Seke y Seco hasta el río Pallina, un afluente vital que atraviesa el territorio de las comunidades de Viacha, para luego desembocar en la Bahía de Cohana en el lago Titicaca.

El segundo elemento que contribuye al deterioro ambiental en el municipio es el polvo generado por diversas actividades industriales. Las fábricas de ladrillo y cerámica son fuentes importantes, pero la planta de cemento es, sin duda, la que produce el mayor volumen de partículas contaminantes en el aire.

Sin embargo, la preocupación más apremiante para las autoridades municipales radica en la contaminación derivada de las operaciones mineras. Estas empresas se dedican a la lixiviación para la extracción de minerales como zinc, níquel, hierro, cobre y cromo, empleando cianuro libre en sus procesos.

El impacto ecológico es dramático en la Microcuenca Pallina. Antiguamente, en las décadas de los 70 y 80, el río albergaba una rica biodiversidad, incluyendo peces como el ispi y el suche, así como diversas especies de anfibios. Lamentablemente, la intensificación de la contaminación ha provocado la extinción total de estas especies.

Las zonas ribereñas son las más afectadas, presentando una alta concentración de aguas servidas domésticas, residuos industriales, desechos sólidos, grasas, partículas plásticas y materia orgánica, lo que genera malos olores persistentes. Esta degradación reduce significativamente la calidad y la palatabilidad del agua, haciéndola inadecuada para el consumo del ganado. La escasez de agua apta para beber para los animales es otro problema grave, ya que los ríos, pozos y vertientes disponibles están contaminados con aguas residuales, cargadas de microorganismos y parásitos que comprometen la salud y el rendimiento del ganado.

Un diagnóstico ambiental de 2021, encargado por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego a una consultora especializada, detalló estas problemáticas y mencionó la existencia de supuestos proyectos de mitigación.

La contaminación, que se origina en El Alto, se agrava considerablemente por la actividad minera irregular en Viacha. Una investigación reciente reveló que de las 23 empresas mineras que operan en el municipio, 21 lo hacen de manera ilegal. Análisis de laboratorio realizados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) identificaron a cuatro empresas —Jachakollo, Jacha Mallku, Dinámiycos y Rupaymin— como responsables de contaminar tres pozos de agua con cianuro libre. En una de estas instalaciones, el químico tóxico también fue detectado en los lavamanos utilizados por los trabajadores.

El estudio de 2021 también puso de manifiesto la contaminación atmosférica causada por las emisiones de polvo particulado, principalmente de la fábrica de cemento Soboce. Desde su inicio en 1925, con una producción anual de dos toneladas, la planta incrementó su capacidad a 1.9 millones de toneladas por año para 2018. A lo largo de 93 años, la fábrica ha liberado millones de toneladas de contaminantes al aire, afectando gravemente a comunidades cercanas como Contorno Pallcoso, Seque Jahuira, Granja Convento, Mamani y Contorno Bajo. La presencia de una capa de polvo blanco es visible sobre la vegetación, el suelo, los techos de las viviendas y los caminos.

Asimismo, diversas empresas dedicadas a la cerámica, la fabricación de ladrillos, la metalurgia y la fundición de metales emiten gases y materiales particulados que no solo deterioran los techos de las viviendas, reduciendo su vida útil, sino que también provocan afecciones respiratorias, alergias oculares, malestar general y perjuicios en las actividades cotidianas de los residentes de la microcuenca Pallina. Otra fuente de contaminación atmosférica son las volquetas que transportan arcilla, piedra caliza y otros insumos para las industrias del cemento y la cerámica. Estos vehículos, al transitar por caminos de tierra, levantan grandes cantidades de polvo que afectan la respiración de todas las formas de vida en la zona.

En una acción reciente, el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, procedió a notificar a las empresas mineras sobre la Ley 042/2025, la cual declara al municipio libre de actividades mineras que contaminen el medio ambiente. Durante esta operación, se clausuraron varios predios que carecían de licencia de construcción, y cinco personas fueron arrestadas por romper los precintos oficiales

La arena política boliviana ha sido escenario de un intenso intercambio de acusaciones entre el presidente Luis Arce y Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por Libre, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral. El centro de la disputa gira en torno a la gestión económica del país, específicamente las reservas de oro, la deuda externa y la escasez de combustibles y dólares.

El candidato Quiroga había manifestado previamente su preocupación por la falta de transparencia gubernamental en torno a las reservas áureas y la magnitud de la deuda externa. Atribuyó la actual crisis de divisas y carburantes directamente a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), que concluye su mandato el próximo 8 de noviembre. En este contexto, Quiroga exigió que las autoridades del Banco Central de Bolivia aseguren la existencia de 22 toneladas de oro como reserva, conforme a la normativa legal vigente, advirtiendo sobre posibles acciones penales en caso de incumplimiento.

En respuesta, el presidente Arce criticó duramente las declaraciones de Quiroga. El mandatario señaló que el candidato ha expresado quejas sobre la escasez de combustibles, dólares y oro, y ha llegado a amenazar con encarcelar a las autoridades del Banco Central de Bolivia. Arce interpretó estas amenazas como un intento de coacción, sugiriendo que se exigiría la entrega de pasaportes sin investigación, juicio ni cargos, lo que, a su juicio, podría ser la tónica de un eventual gobierno de Quiroga.

El presidente acusó a Quiroga de querer socavar el Estado de derecho y de improvisar discursos carentes de consistencia. Cuestionó la tardía preocupación del candidato por los problemas nacionales, sugiriendo una falta de propuestas concretas para la crisis del combustible. Arce describió las posturas de Quiroga como ambiguas, dubitativas, contradictorias, sin convicciones ni certezas.

Además, el presidente recordó haber invitado a Quiroga y a Rodrigo Paz a una reunión en la Casa Grande del Pueblo para dialogar sobre la transición económica, invitación a la que el postulante de Libre no asistió. Arce lamentó su ausencia y la posterior crítica de Quiroga hacia la intención de realizar una transición de gestión responsable.

El jefe de Estado insistió en que la crisis actual fue provocada por el evismo y la derecha en la Asamblea Legislativa, quienes habrían obstaculizado la aprobación de créditos destinados a la importación de combustibles. Defendió su administración, afirmando que, a pesar de un bloqueo sistemático, se ha garantizado el abastecimiento regular de carburantes, manteniendo la estabilidad de precios y la subvención.

En un balance de su gestión, Arce destacó la exploración de 18 pozos, incluyendo Mayaya Centro X-1, el incremento de las reservas de oro y la implementación del “Plan de Transición Energética Bolivia 2050”. También estableció una clara diferencia entre su visión de cooperación internacional, basada en mesas técnicas y respeto a la soberanía, y la de Quiroga, a quien acusó de querer hipotecar el futuro del país en favor del gran capital concentrado.

Un día antes de las declaraciones presidenciales, desde El Alto, Quiroga había reiterado su advertencia sobre la falta de información clara del Gobierno respecto a las reservas de oro y la situación del diésel y la gasolina. El expresidente enfatizó que, si el 8 de noviembre no se entregan las 22 toneladas de oro, las autoridades responsables irán directamente a prisión.

El candidato de Libre subrayó que su partido ya está formulando un programa de cooperación internacional para afrontar la crisis y acusó al Gobierno de ocultar información que pertenece a todos los bolivianos. Quiroga criticó la reunión de transición a la que asistió el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, y a la que él no fue invitado, argumentando que la información gubernamental debe ser pública y no restringida a reuniones políticas.

La escalada verbal se intensificó con la intervención del senador electo por Libre, Branko Marinkovic, quien acusó al presidente Arce de buscar culpables externos. Marinkovic afirmó que la crisis no fue generada por Quiroga ni por la oposición, sino que es una creación del propio Gobierno. Describió la situación actual de Bolivia —sin dólares, sin combustibles y sin oro— como la herencia de casi dos décadas de despilfarro y corrupción.

Marinkovic sostuvo que el temor del oficialismo tiene un nombre propio: Quiroga y su equipo, porque, según él, recuperarán lo que fue sustraído y llevarán a la cárcel a quienes convirtieron el Estado en un botín. Concluyó que un cambio radical es inminente.

Este cruce de acusaciones se produce a pocas semanas del balotaje del 19 de octubre, en el que Quiroga y su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, se enfrentarán al binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz y Edmán Lara. El oficialismo, sin un candidato propio en esta contienda, enfrenta la recta final de su gestión en medio de la escasez de dólares y combustibles, un tema que domina la agenda electoral, mientras el presidente Arce continúa promocionando las obras realizadas bajo su gobierno con el apoyo de la publicidad estatal

Las autoridades argentinas han otorgado el estatus de refugiadas a Cindy Saraí Vargas Pozo, de 26 años, a su hija menor y a su madre, Idelsa Pozo Saavedra. La decisión se produce tras su llegada al país, cruzando la frontera desde San José de Pocitos, en busca de protección.

La joven había expresado sentirse bajo una intensa presión por parte del gobierno boliviano y del expresidente Evo Morales, con quien presuntamente tuvo una hija que actualmente tiene nueve años. En una comunicación escrita, Vargas Pozo relató un incidente en el que individuos con el rostro cubierto descendieron de una camioneta blanca, lo que la obligó a vivir en la clandestinidad. En su solicitud de refugio diplomático dirigida al gobierno argentino, Cindy Saraí afirmó ser objeto de hostigamiento y persecución desde ambos frentes en Bolivia, asegurando poseer pruebas de sus alegaciones.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina formalizaron la concesión de este estatus el 22 de agosto, amparándose en la Ley Nro. 26.165. La resolución conjunta RESFC – 2025 – 372 – APN – Conare reconoce la condición de refugiadas a Cindy Saraí Vargas Pozo, nacida el 12 de noviembre de 1999, a Idelsa Pozo Saavedra, nacida el 23 de enero de 1966, y a la menor Eliza S.S.V., nacida el 8 de febrero de 2016, todas de nacionalidad boliviana.

Previamente, Vargas Pozo había intentado sin éxito obtener asilo en la Embajada de México. Durante su estancia en la legación mexicana, la joven se dirigió a la canciller boliviana Celinda Sosa, solicitando el cese de la persecución contra su familia y la expedición de un documento que permitiera la salida de su hija del país.

En Bolivia, Cindy Saraí Vargas Pozo forma parte de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de Tarija, relacionada con un presunto caso de trata de personas agravada en el que el expresidente Morales ha sido implicado. Existe una orden de aprehensión contra el exmandatario, quien no se ha presentado a declarar en relación con los hechos que habrían ocurrido en 2015, durante su tercer período presidencial.

Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), interpretó la acción del gobierno argentino como una señal de la vulnerabilidad de las mujeres frente al poder político, criticando la ineficacia de las instituciones bolivianas para hacer cumplir las resoluciones judiciales en casos de indefensión. Desde el ámbito legislativo, la senadora Zoya Zamora (Comunidad Ciudadana) destacó que la protección internacional otorgada por la administración de Javier Milei subraya la ausencia de garantías plenas de derechos para la joven en su propio país.

La socióloga Gloria Ardaya comentó que el gobierno argentino ha reconocido los riesgos que enfrentan Cindy y su hija, quienes alegan ser víctimas de los supuestos delitos atribuidos al exdirigente cocalero. Ardaya sugirió que el hostigamiento por parte de los gobiernos de Morales y Luis Arce podría buscar encubrir el presunto delito del expresidente y la existencia de una hija concebida cuando la joven era presuntamente menor de edad.

Este desarrollo podría posicionar a Cindy Saraí Vargas Pozo como testigo clave en una investigación sobre corrupción de menores que lleva adelante la justicia argentina