Durante la madrugada de este martes, la Cámara de Diputados dio luz verde, con algunas modificaciones, al proyecto de ley 213/2024-2025, que regula de manera transitoria la selección, elección y designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta normativa establece un proceso acelerado de 15 días para elegir a seis nuevas autoridades electorales, con cada etapa, salvo la presentación de postulantes, desarrollándose en un solo día.

El proyecto, tras su aprobación en grande y en detalle, regresa ahora a la Cámara de Senadores, que había declarado un cuarto intermedio para retomar el análisis y discusión de esta iniciativa legislativa.

Entre las principales modificaciones se destaca la reducción del plazo para la preselección y elección, que pasó de 20 a 15 días. Asimismo, se eliminó la realización de exámenes orales y escritos para los aspirantes, limitando la evaluación a un único día dedicado a valorar méritos, conocimientos y probidad. Esta eliminación implicó la supresión de cinco artículos relacionados con la prueba escrita, recortando el texto original de 41 a 36 artículos, además de cinco disposiciones transitorias.

El proceso de selección contempla 12 fases distribuidas en 15 días: desde la publicación de la convocatoria y presentación de postulaciones, hasta la aprobación del informe final y la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cada etapa tiene asignado un día, excepto la presentación de candidaturas, que se extiende a cuatro días. La Cámara de Diputados calcula que el procedimiento debe concluir antes del 19 de diciembre, fecha en la que el presidente de la Asamblea procederá a la posesión de las nuevas autoridades.

Para llevar adelante esta tarea, se conformará una Comisión Mixta de Constitución integrada por senadores y diputados, quienes trabajarán de manera continua hasta la designación de seis vocales titulares y sus respectivos suplentes. La elección final en la Asamblea Legislativa se realizará mediante votación nominal y con una mayoría de dos tercios. Además, se establece una composición que incluya al menos tres mujeres y dos vocales de origen indígena originario campesino entre los seis titulares y sus suplentes.

El 19 de diciembre marca el plazo límite, coincidiendo con la conclusión del mandato constitucional de seis años de los actuales vocales.

En cuanto a los requisitos para los aspirantes, deben ser bolivianos mayores de 30 años, sin antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes, y estar inscritos en el Padrón Electoral. Quienes hayan ejercido previamente como vocales del TSE quedan excluidos de postular nuevamente. Además, es obligatorio que los candidatos dominen al menos dos idiomas oficiales y no tengan sentencias ejecutoriadas por violencia doméstica.

En términos específicos, los postulantes no pueden tener militancia política, deben contar con un título profesional con al menos cinco años de antigüedad y experiencia laboral mínima de cinco años. Se requiere además formación especializada en áreas como derecho constitucional, administrativo, derechos humanos, electoral, registral, notarial, sistemas informáticos, seguridad informática, economía, comunicación o ciencias políticas. Esta última condición fue cuestionada por algunos legisladores por considerarla demasiado restrictiva y excluyente para profesionales de otras disciplinas.

El proyecto también contempla la selección de vocales para los nueve tribunales electorales departamentales (TED), cuyos actuales miembros concluirán su periodo el 20 de diciembre. Según la quinta disposición transitoria, las asambleas legislativas departamentales deberán conformar cuatro ternas de postulantes para cada tribunal y remitirlas a la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 15 días desde la publicación de la ley. La Cámara Baja tendrá dos días para elegir a los vocales departamentales, asegurando que al menos uno por departamento sea de una nación o pueblo indígena originario campesino y que al menos dos de los elegidos en total sean mujeres.

Después de varias horas de debate, interrupciones y tensiones entre bancadas oficialistas y opositoras, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en grande a la 1:25 de la madrugada y en detalle pasadas las 4:30 de este martes

El presidente Rodrigo Paz hizo pública una seria denuncia respecto a la situación de la Gestora Pública, señalando que los aportes realizados por los ciudadanos a los fondos de pensiones no se encuentran debidamente registrados. Según sus declaraciones, esto implica que los recursos aportados han sido utilizados de manera irregular, lo que obliga a una reorganización urgente de la institución.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario expresó con contundencia que no existen registros de los aportes realizados por ciertos contribuyentes, evidenciando una presunta mala administración de los fondos destinados a la seguridad social a largo plazo.

Asimismo, Paz enfatizó que su administración se compromete a actuar con transparencia y a basar sus acciones en datos reales para llevar adelante la reestructuración necesaria en la Gestora Pública. “Es fundamental iniciar un proceso basado en la verdad y en cifras concretas sobre lo ocurrido”, afirmó.

Esta revelación se da en un contexto de dificultades financieras, en el que el gobierno enfrenta la falta de recursos suficientes para cumplir con los pagos a sectores clave como el de la salud y la educación. El presidente subrayó que no se puede continuar utilizando los recursos del Estado para sostener una situación que ha generado un déficit de 16 mil millones de bolivianos destinados al pago de salarios.

Ante esta coyuntura, el Ejecutivo anunció que implementará nuevas medidas encaminadas a esclarecer el manejo de los fondos previsionales y a ordenar las finanzas públicas, con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos estatales

El presidente Rodrigo Paz denunció que la forma en que se ha manejado la subvención estatal en los últimos años equivale a corrupción, y advirtió que su administración no permitirá que este mecanismo sea empleado para beneficiar económicamente a grupos específicos, especialmente en los sectores de panificación y hidrocarburos.

El mandatario señaló que, si bien es necesario apoyar la economía para mantener precios justos, no se debe permitir que bajo esta justificación se enriquezcan ciertos actores a costa de recursos públicos mal administrados. Enfatizó que esta problemática afecta tanto al sector de los panificadores como al de los combustibles, incluyendo la gasolina y el diésel.

Asimismo, Paz criticó a quienes minimizan el impacto negativo de las subvenciones, mencionando el caso del presunto desvío de harina de Emapa, situación que actualmente está bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Policía. El presidente adelantó que próximamente se darán a conocer datos alarmantes sobre el manejo irregular de subsidios en estos sectores.

El objetivo del Gobierno, según Paz, es establecer una economía justa y transparente, sin excusas basadas en las necesidades reales de ciertos sectores para justificar prácticas indebidas.

En relación con las investigaciones en curso, se informó que Franklin Flores, exgerente de Emapa, quien estaba bajo detención domiciliaria, se fugó a pesar de las medidas de control. Además, existe una orden de aprehensión contra el líder de los panificadores, Flores, quien enfrenta cinco procesos penales vinculados a irregularidades como la planta procesadora de papa en El Alto, la venta de harina con sobreprecio a Emapa, un proyecto piscícola inconcluso, enriquecimiento ilícito y daño económico a la estatal alimentaria.

También está siendo investigado Rubén Ríos, ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores, quien tiene una orden de aprehensión y cuyo paradero se desconoce desde el fin de semana.

El presidente Paz afirmó que se está buscando a varios productores implicados en el desfalco con harina y reiteró que los limitados recursos estatales deben enfocarse en impulsar la producción para reactivar la economía nacional

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El presidente Rodrigo Paz anunció que esta semana se presentarán datos impactantes relacionados con la corrupción en las subvenciones y el contrabando. Según sus declaraciones, varios dirigentes habrían acumulado fortunas a través de prácticas ilícitas vinculadas a estas actividades.

Paz enfatizó que las cifras que se darán a conocer serán alarmantes y aseguró el compromiso de su administración para construir una economía justa, transparente y equitativa. En particular, señaló que se está investigando a productores implicados en el desfalco mediante la subvención de harina, cuestionando la justificación de que ciertos panificadores puedan ofrecer precios bajos gracias a estas ayudas, las cuales calificó como un acto de robo.

Además, el mandatario criticó el fin de una etapa enfocada en la construcción de infraestructuras consideradas innecesarias, como canchas con pasto sintético ubicadas en áreas poco accesibles. En este contexto, expresó su rechazo al gasto de ocho millones de dólares destinado a un museo dedicado a Evo Morales, argumentando que esos recursos deberían haberse invertido en el fomento de la producción nacional.

Finalmente, Paz reafirmó que no se permitirá que los fondos públicos sean utilizados para sostener la corrupción ni proyectos que no contribuyan al desarrollo económico real, subrayando la importancia de comunicar con transparencia a la población para lograr una reactivación económica basada en la verdad y la integridad

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, reveló que varios exfuncionarios vinculados a gobiernos anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluyendo diplomáticos de alto nivel, han solicitado visas de turista para ingresar a Estados Unidos, a pesar de haber mantenido durante años posturas abiertamente críticas hacia ese país.

Aramayo calificó esta situación como “vergonzosa”, señalando que quienes en su momento promovieron discursos antiimperialistas ahora buscan residir temporalmente en Estados Unidos, luego de haber tomado decisiones que perjudicaron económicamente y políticamente a Bolivia. Durante la gestión del MAS, recordó el canciller, se implementó la exigencia de visa para ciudadanos estadounidenses, una medida que también afectó a países como Israel, varias naciones europeas y Corea del Sur, impactando negativamente en el sector turístico nacional.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de una nueva estrategia de movilidad internacional, que contempla la revisión de las políticas de reciprocidad en materia de visados, la actualización de las listas de exoneración y la introducción de registros previos en línea para ciudadanos de países catalogados dentro del “grupo 3”, siguiendo modelos adoptados por diversas naciones.

El objetivo principal de esta iniciativa es recuperar la confianza internacional, facilitando el ingreso de visitantes y avanzando en negociaciones que permitan a los bolivianos acceder sin visa a territorios como el espacio Schengen de Europa.

El canciller destacó que la construcción de esta confianza requiere tiempo y la erradicación de prácticas como la corrupción y la burocracia ineficiente, elementos que han afectado la imagen del Estado. Asimismo, indicó que la política exterior adoptará una visión integral que vincule turismo, comercio, intercambio cultural y cooperación migratoria, con el propósito de fortalecer las relaciones internacionales y promover un desarrollo equilibrado.

Finalmente, el Gobierno anunció que esta primera fase será complementada con medidas orientadas a modernizar el sistema migratorio, mejorar la cooperación y el intercambio de información con otros países, y asegurar que la emisión de visas responda a propósitos legítimos, evitando irregularidades como las denunciadas en el caso de exfuncionarios que buscan establecerse en el extranjero bajo condiciones cuestionables