El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ha puesto en marcha nuevas líneas telefónicas destinadas a recibir denuncias ciudadanas sobre actos de corrupción dentro de la institución. Esta iniciativa forma parte de un plan integral de saneamiento institucional que busca fortalecer la transparencia y la confianza entre la policía y la comunidad.

Estas líneas anticorrupción se suman a otras medidas anunciadas recientemente, como la clausura de comisarías que operan de manera irregular y el incremento de supervisiones en unidades específicas, incluyendo Diprove, con la colaboración de personal de Transparencia e Inspectoría. Sokol enfatizó la importancia de que las denuncias presentadas sean fundamentadas y acompañadas de pruebas para proceder con acciones disciplinarias o legales contra los responsables.

El comandante hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice estos canales con responsabilidad, evitando acusaciones infundadas que puedan perjudicar a personas inocentes. Destacó que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso colectivo y no responsabilidad exclusiva de una sola entidad o individuo.

Las líneas habilitadas para recibir denuncias son las siguientes: en Cochabamba, el número 71538203; en La Paz, los números 71290343, 71564087, 71564088 y 76305455; y en Santa Cruz, el 71270522. Las denuncias serán canalizadas hacia la Unidad de Transparencia y la Dirección de Disciplina Policial (Didipi) para su seguimiento.

Además, el comandante general anunció la implementación de patrullajes a pie cada 30 minutos con el objetivo de incrementar la presencia policial en las calles y fomentar una interacción directa con la población. Este acercamiento se realizará en diversos espacios como colegios, mercados, hospitales y espacios nocturnos, buscando reconstruir la confianza ciudadana.

En paralelo, se efectuarán cambios en la Dirección General de Investigación Policial Interna y se intensificarán los controles en todas las unidades policiales, con personal de Transparencia e Inspectoría trabajando a nivel nacional.

Sokol también dejó claro que no tolerará abusos ni represalias dentro de la fuerza policial. Aseguró que aquellos que presenten denuncias estarán protegidos contra cualquier tipo de intimidación o amenaza por parte de funcionarios corruptos. Para mejorar la operatividad, se realizará un análisis para reducir las tareas administrativas y destinar más efectivos a patrullajes en las calles, con el fin de cumplir con la misión constitucional de proteger a la sociedad

En la localidad de Viloma Grande, Sipe Sipe, un accidente fatal se registró en las primeras horas del lunes 1 de diciembre, cuando un joven de 21 años perdió el control de su motocicleta sobre un camino ripiado y falleció en el sitio. La motocicleta era conducida sin licencia y carecía de placa y del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Además, el conductor no utilizaba casco al momento del siniestro.

La acompañante del joven, una menor de 14 años, resultó herida y fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica. Según el subdirector de Tránsito de Cochabamba, Fernando Aragón, el accidente ocurrió alrededor de las 04:30 de la madrugada, tras lo cual los vecinos alertaron a las autoridades. El conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte instantánea.

Las autoridades realizaron la toma de muestras de humor vítreo para determinar si el conductor estaba bajo la influencia de alcohol al momento del accidente. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable hecho

El dirigente sindical Roberto León Gonzales reconoció que fue un error entregar la administración de la Gestora Pública al gobierno anterior, señalando que los recursos gestionados corresponden a los aportes de los trabajadores. Según su declaración, estos fondos deberían haber sido manejados directamente por los propios trabajadores, quienes esperaban la conformación de un directorio que les permitiera supervisar el uso e inversión de sus aportes, situación que no se concretó durante la gestión pasada.

León recordó que su denuncia sobre la Gestora incluyó el préstamo de 400 mil millones de bolivianos al banco Fassil, entidad que posteriormente quebró, y cuestionó la ausencia de recuperación de esos fondos. Subrayó que no se ha devuelto ni un solo peso y que existen responsables, incluyendo al gerente y otras personas que estuvieron a cargo de la administración, quienes deben responder por esta situación.

Al ser consultado sobre la posible corresponsabilidad de la Central Obrera Boliviana (COB), dado que formó parte del cogobierno en ese periodo, León aclaró que la organización no integró el directorio de la Gestora, a pesar de haber solicitado formalmente dicha participación. Tampoco se logró incluir a representantes de los jubilados, quienes también solicitaron formar parte del directorio, pero fueron excluidos.

Por su parte, el presidente del país, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que no existen los recursos de la Gestora, que corresponden a aportes de los trabajadores y cuya principal organización es la COB, la cual también participó en el gobierno a través del Pacto de Unidad. León indicó que, en su intento por fiscalizar, solicitaron informes y datos sobre los fondos, pero solo recibieron información parcial sin claridad sobre el destino del dinero.

Actualmente, se espera que la administración de estos recursos sea revertida a los verdaderos aportantes, tal como se plantea en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana dirigido al gobierno actual. La intención es garantizar la recuperación de los aportes y establecer mecanismos transparentes de gestión que involucren a los trabajadores

La gobernación del departamento recibió un desembolso de 22,4 millones de bolivianos en concepto de regalías por hidrocarburos correspondientes al mes de noviembre, cifra inferior a los más de 31,5 millones que había presupuestado inicialmente. De esta cantidad, una retención de 6,2 millones permanece pendiente de liberación, situación que genera preocupación en la administración regional debido a las múltiples necesidades financieras que enfrenta.

Erick Montaño Miranda, secretario de economía y finanzas, explicó que además de las regalías, se recibieron cerca de 3 millones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), junto con recursos del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). No obstante, los ingresos por estos conceptos han mostrado una tendencia a la baja mes a mes, lo que representa un desafío para el cierre presupuestario del año.

Con menos de un mes para finalizar la gestión, las autoridades trabajan para cumplir con las obligaciones prioritarias, entre ellas el pago de aguinaldos a los funcionarios. Sin embargo, la retención judicial de 6,2 millones de bolivianos, vinculada a una deuda de gestiones anteriores, complica aún más la situación financiera. Montaño indicó que este proceso legal, que se prolonga desde hace varios años, impide el acceso a dichos recursos, aunque evitó ofrecer detalles sobre las partes involucradas o el origen específico de la deuda.

En términos generales, el presupuesto anual para regalías superaba los 342 millones de bolivianos, pero hasta la fecha solo se han recibido 237 millones, lo que representa un déficit aproximado del 30,7%. Esta brecha presupuestaria dificulta la atención de las obligaciones crecientes de la gobernación, que se ve afectada por la disminución de ingresos.

Por otro lado, tanto el secretario Montaño como el gobernador han solicitado a la Asamblea Legislativa una revisión o anulación de ciertas normativas vigentes que obligan a la administración a destinar recursos que actualmente no están disponibles. A pesar de estas peticiones, no se ha realizado ninguna modificación a las más de 90 leyes aprobadas desde 2010, lo que mantiene la situación financiera en un estado crítico al concluir el periodo de gestión actual

La Cámara Boliviana de Transporte ha solicitado que se lleven a cabo investigaciones contra exdirigentes del anterior gobierno nacional, entre ellos Lucio Gómez, a quien señalan como colaborador del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Héctor Mercado, representante de la entidad, enfatizó la necesidad de indagar a todas las personas involucradas, destacando que Gómez ha sido denunciado por su presunta participación en actos irregulares vinculados a Montaño.

Mercado también mencionó que, tras la detención reciente de un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es fundamental que se realicen procesos similares en otras regiones, incluyendo departamentos como Cochabamba y Santa Cruz, para esclarecer actuaciones irregulares. Según sus declaraciones, se han desviado cantidades significativas de diésel, recurso que debe estar disponible tanto para el sector transporte como para la población general, por lo que es imprescindible identificar a quienes han causado perjuicios económicos al país.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Departamental de La Paz efectuó un registro en las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta acción forma parte de la ampliación del caso relacionado con la salida presuntamente irregular de 14 cisternas de combustible de YPFB hacia diversos surtidores. La diligencia estuvo dirigida por el coordinador Israel Rojas Toledo y se llevó a cabo tras una serie de operativos simultáneos en cuatro departamentos, donde se indagan posibles cobros indebidos, desvíos de combustible y otros actos de corrupción que involucran a funcionarios de diferentes niveles dentro de YPFB

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la situación actual de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y planteó una serie de principios fundamentales para su recuperación y fortalecimiento. Durante una conferencia de prensa, el mandatario subrayó la necesidad de implementar reformas profundas que permitan estabilizar y reactivar el sector hidrocarburífero del país.

En primer lugar, destacó que YPFB es un patrimonio nacional, que no pertenece a ningún partido político ni a la administración actual, sino que debe estar al servicio de todos los bolivianos. Recordó que la historia de la empresa se remonta a la época de la Guerra del Chaco, cuando Bolivia defendió su territorio petrolero frente a intereses internacionales, enfatizando el esfuerzo nacional detrás de su creación.

Respecto a la producción de gas, Paz manifestó su preocupación por la situación actual, en la que Argentina utiliza el gas boliviano para abastecer a Brasil, lo que representa un retroceso si se compara con épocas anteriores cuando Bolivia logró establecer mercados importantes en ambos países, incluso con menor capacidad productiva. Criticó decisiones pasadas y la falta de responsabilidad de algunos exejecutivos que no han asumido las consecuencias de esta crisis. El presidente insistió en la necesidad de estabilizar YPFB y relanzarla como una empresa competitiva a nivel continental, más allá de cualquier visión ideológica.

Otro punto relevante que mencionó fue el riesgo que enfrenta la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en cuanto al suministro de gas para sus termoeléctricas, advirtiendo que hacia 2028 podría haber problemas que afectarían la generación eléctrica en Bolivia si no se incrementa la producción de gas. Asimismo, recordó que el país generó ingresos superiores a los 60.000 millones de dólares en las últimas dos décadas gracias al gas, pero actualmente arrastra una deuda interna y externa de 40.000 millones.

El presidente también reveló que su gobierno heredó procesos judiciales internacionales vinculados al manejo de la Gestora de Fondos de Pensiones, con demandas que suman aproximadamente 170 millones de dólares, sin que se hayan realizado pagos a los bufetes encargados. Consideró que disponer de esos recursos sería fundamental para invertir en YPFB y potenciar su capacidad productiva.

En cuanto a la lucha contra la corrupción y el contrabando en el sector, Paz informó que la Fiscalía ha iniciado investigaciones que apuntan a pérdidas anuales estimadas entre 800 y 1.000 millones de dólares. Recalcó que es imposible avanzar sin enfrentar la realidad y erradicar estas prácticas.

Finalmente, el presidente planteó la necesidad de impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos y una Ley de Incentivos, así como fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de conocimientos especializados. Propuso también atraer inversión extranjera bajo un modelo de asociación 50-50, que permita compartir riesgos y beneficios con socios internacionales, siempre garantizando la soberanía y el carácter nacional de YPFB.

Rodrigo Paz concluyó afirmando que el progreso del país está ligado al éxito de YPFB y que, para lograrlo, se debe actuar con transparencia y compromiso para sacar adelante a la estatal petrolera

Los padres que planean enviar a sus hijos a destinos nacionales o internacionales durante las vacaciones deben realizar un procedimiento ante las defensorías y el Órgano Judicial, el cual implica cumplir con una serie de requisitos que suelen complicar el proceso.

Para los desplazamientos dentro del país, el permiso no tiene costo, aunque resulta complejo para quienes no están familiarizados con el trámite. Un caso ilustrativo es el de una madre que intentó llevar a sus hijas a Chile, pero tuvo que regresar para apostillar el permiso en el juzgado, un detalle que no le fue claramente comunicado por las autoridades. Esta situación genera preocupación sobre las dificultades que enfrentan quienes viven en zonas rurales.

Con la finalización del ciclo escolar, se prevé un incremento en la cantidad de padres solicitando estos permisos. En algunos municipios, como el de Tarija, el formulario para el permiso tiene una vigencia limitada a un mes, mientras que en otras regiones, como Santa Cruz, la validez puede extenderse hasta tres meses. En La Paz, aunque no se informa explícitamente sobre un plazo, se han detectado limitaciones similares.

Para viajes entre departamentos o provincias, si los menores viajan con ambos padres, no se requiere autorización adicional. Sin embargo, cuando lo hacen acompañados por uno solo de los progenitores, es necesario que el otro otorgue un poder o que se presenten dos testigos para validar el permiso.

Entre los documentos generales que se solicitan para tramitar el permiso se encuentran las cédulas de identidad vigentes de los padres y del menor, o en su defecto, el certificado de nacimiento del niño o niña. Cuando el menor no viaja con sus padres, debe estar presente la persona responsable del viaje, quien debe presentar su identificación y la documentación que avala la autorización de los progenitores. En caso de ausencia de uno de los padres, se requiere una autorización manuscrita acompañada de una fotocopia de la cédula del progenitor ausente, una resolución judicial o administrativa que establezca la tenencia o tutela, o la presencia de dos garantes vecinos con sus documentos originales para firmar el formulario correspondiente.

Para los viajes al extranjero, el proceso debe realizarse en juzgados, donde los requisitos difieren de los establecidos por las defensorías municipales. Este trámite implica un costo aproximado de 50 bolivianos y puede requerir resoluciones judiciales en situaciones de separación de los padres, además de fotografías recientes de los menores y sus progenitores.

En resumen, aunque el permiso para que los menores puedan viajar es un requisito fundamental para garantizar su seguridad y derechos, la complejidad y variabilidad de los procedimientos pueden representar un desafío significativo para las familias, especialmente aquellas que no cuentan con suficiente información o recursos para cumplir con todos los requisitos