Las auditorías internas y las investigaciones llevadas a cabo por el Gobierno nacional y el Ministerio Público sobre la gestión de las plantas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), así como el manejo en la importación de insumos como el trigo, han revelado un presunto desfalco que supera los 1.000 millones de bolivianos, según informó el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.
El funcionario destacó que únicamente en el caso de Emapa, las irregularidades financieras detectadas alcanzan cifras superiores a los mil millones de bolivianos. Esta empresa pública, establecida hace 19 años, ha sido objeto de múltiples intervenciones desde el inicio de la actual gestión gubernamental. Una de las primeras acciones se produjo el 12 de noviembre de 2025, cuando se confirmó la intervención en Emapa debido a indicios de corrupción relacionados con la importación y comercialización de harina subvencionada destinada a panificadores.
El Ministerio Público ha señalado que la investigación por corrupción en Emapa se extenderá para incluir a exfuncionarios de al menos tres ministerios, además de exdirigentes vinculados al esquema de distribución de harina subvencionada, uno de los varios casos que están bajo análisis fiscal.
En este contexto, el presidente Rodrigo Paz enfatizó que estas acciones forman parte de una “lucha frontal contra la corrupción”, y que el Gobierno actúa con determinación, solicitando la detención preventiva de los implicados para evitar que se evadan de la justicia, como ha ocurrido con otras autoridades en el pasado. El mandatario subrayó su compromiso para garantizar que se cumplan las leyes y normas vigentes, asegurando que la lucha contra la corrupción debe arrojar resultados concretos.
Durante los dos meses de investigación, se han identificado varios casos, entre ellos los denominados Harina 1 y Harina 2, que implican un daño económico estimado en 6,6 millones de bolivianos, según el gerente de Emapa, Sergio Siles. Otro caso relevante corresponde a la planta de procesamiento de papas en la ciudad de El Alto, donde se detectó una afectación económica superior a los 180 millones de bolivianos. Asimismo, se investiga la instalación del complejo piscícola en las orillas del Lago Titicaca, cuya inversión ha generado un presunto perjuicio económico de 87,7 millones de bolivianos, pese a que la planta aún no ha entrado en funcionamiento.
En conjunto, estos tres casos representan un detrimento económico aproximado de 274,3 millones de bolivianos, según los datos oficiales y las investigaciones fiscales en curso.
El Ministerio Público ha iniciado procesos penales contra el exgerente Franklin Flores, dos exministros del área de Desarrollo Productivo durante el gobierno anterior, Néstor Huanca y Zenón Mamani, así como contra exdirigentes, como Rubén Ríos del sector panificador, y numerosas personas que habrían conformado una red de presunta corrupción. Estas personas están siendo procesadas por delitos que incluyen uso indebido de bienes y servicios públicos, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
No obstante, el monto revelado por el ministro Justiniano podría ser solo una parte del problema, ya que el exdiputado Aldo Terrazas señaló que, durante los gobiernos anteriores, se invirtieron más de 20.000 millones de bolivianos en decenas de plantas de Emapa distribuidas en todo el país. Según Terrazas, desde la creación de la empresa en 2007 hasta 2021, se destinaron 21.000 millones de bolivianos en inversiones, sin contar las más de 200 plantas industrializadoras construidas posteriormente con una inversión adicional de 29.000 millones de bolivianos durante la gestión de Luis Arce. El exlegislador indicó que la cifra mencionada por el ministro es relativamente baja en comparación con la magnitud de las inversiones realizadas, muchas de las cuales no operan y han generado pérdidas millonarias
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