El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el plazo extraordinario para que los ciudadanos inhabilitados puedan rehabilitarse en el padrón electoral concluirá este martes 20 de enero. Esta medida busca asegurar la participación ciudadana en las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo, en las cuales se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales en todo el país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, enfatizó que esta es la última oportunidad para que las personas regularicen su situación electoral y puedan ejercer su derecho al voto. El proceso de rehabilitación puede realizarse tanto de manera presencial en las oficinas de los Servicios de Registro Cívico (Serecí) de cada departamento, como a través de la plataforma digital habilitada para facilitar el acceso a quienes se encuentran alejados de los puntos de atención.

Este plazo especial fue establecido el 20 de diciembre y se extendió por un mes con el propósito de permitir que aquellos ciudadanos observados o inhabilitados, principalmente por no haber participado en procesos electorales anteriores, puedan actualizar su estatus. Ávila subrayó que, tras esta fecha, no se aceptarán nuevas solicitudes de incorporación al padrón.

Con la finalización de este período, el TSE procederá a consolidar el padrón electoral definitivo, que será entregado el 14 de febrero, según el calendario oficial. Este registro será la base para la organización y desarrollo de las elecciones subnacionales, garantizando un proceso confiable y transparente.

El TSE reiteró el llamado a la población para que verifique su situación en el padrón y aproveche las últimas horas disponibles para realizar cualquier trámite pendiente. De esta manera, se busca promover una participación amplia y sin inconvenientes en los comicios del próximo 22 de marzo

Las autoridades de El Alto lograron desmantelar un establecimiento clandestino que operaba como centro médico y comercializaba pastillas abortivas en el área de La Ceja.

El comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia, detalló que la intervención se llevó a cabo gracias a un monitoreo exhaustivo en redes sociales y al trabajo de patrullaje cibernético, que permitió identificar el sitio. Durante la inspección, se constató que el lugar atendía a pacientes de manera aparentemente normal, bajo la supuesta supervisión de un médico. Sin embargo, en el interior se encontraron medicamentos prohibidos, específicamente pastillas abortivas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la detención del hombre que ejercía funciones médicas en el establecimiento, en el marco de la investigación correspondiente

En el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, expresó duras críticas hacia el vicepresidente del país, Edmand Lara, señalándolo por actuar en contra de la estabilidad y gobernabilidad del Estado boliviano.

La relación entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente ha estado marcada por la confrontación desde que asumieron sus cargos tras la segunda vuelta electoral. Lara, exmiembro de la policía, se ha definido como una «oposición constructiva» dentro del Ejecutivo, llegando a cuestionar tanto al presidente como al Parlamento, y ha manifestado que solo abandonará su puesto si la ciudadanía decide revocar su mandato.

Aramayo calificó esta situación como un caso único a nivel mundial, donde un vicepresidente adopta una postura opositora dentro del mismo gobierno, alentando a distintos sectores a desafiar la gobernabilidad institucional. Además, resaltó que estas acciones generan fracturas en las estructuras normativas y que Lara no ha mostrado disposición para el diálogo, fundamental para la interacción política.

Por su parte, el ministro destacó el carácter conciliador del presidente Paz, quien, según Aramayo, ha intentado mantener la comunicación y extender la mano para resolver las diferencias, dejando claro que el distanciamiento proviene del vicepresidente y no del mandatario.

Esta tensión persistente entre las dos principales autoridades del Ejecutivo continúa siendo un desafío para la estabilidad política del país

El Ejecutivo nacional manifestó su apoyo a la propuesta legislativa destinada a limitar los bloqueos de vías, una modalidad de protesta utilizada por diversos sectores sociales. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, enfatizó que, si bien se respeta el derecho a manifestarse, también es fundamental garantizar la libre circulación de la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa, Lupo destacó que el Gobierno siempre ha promovido el respeto a las expresiones democráticas, pero subrayó la importancia de evitar la violencia y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esta razón, afirmó que respaldan la implementación de una ley que regule y controle los bloqueos.

La iniciativa para establecer una normativa antibloqueos surgió tras una serie de protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503. Estas movilizaciones provocaron pérdidas económicas significativas en sectores productivos, afectando la recuperación económica del país.

El ministro reafirmó que el Gobierno apuesta por el diálogo y la creación de espacios de concertación como vías para resolver conflictos, más allá de la regulación legal de las protestas. Asimismo, indicó que es necesario que estas prácticas de bloqueo sean replanteadas en el marco de una democracia que promueva conductas responsables.

Actualmente, la Asamblea Legislativa analiza cuatro propuestas de ley antibloqueo, entre ellas la presentada por la senadora Claudia Mallón, que ya fue remitida a comisión para su estudio. Por su parte, la Central Obrera Boliviana manifestó su rechazo a estas iniciativas, argumentando que los bloqueos constituyen un recurso fundamental para alcanzar reivindicaciones sociales

El 19 de enero marcó el duodécimo aniversario desde la desaparición del periodista Cristian Mariscal, un caso que, a pesar del tiempo transcurrido y los cambios en las autoridades judiciales y gubernamentales, permanece sin resolverse y continúa archivado en el sistema judicial boliviano.

Mariscal fue visto por última vez en la noche del 19 de enero de 2014, en la residencia de su expareja. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. La investigación que se abrió para esclarecer su desaparición se ha convertido en un caso emblemático de presunta negligencia y falta de avances, según denuncian familiares, colegas y organizaciones vinculadas al periodismo.

Durante las primeras etapas del proceso, se realizaron peritajes a manchas de sangre encontradas en el lugar donde Mariscal fue visto por última vez. Sin embargo, la investigación se vio afectada por la contaminación de evidencias, lo que debilitó considerablemente la causa. En 2020, el caso fue cerrado formalmente mediante un sobreseimiento, sin que se identificaran responsables ni se lograran conclusiones definitivas.

A lo largo de estos años, la familia de Mariscal, junto a colegas y sectores del periodismo, ha impulsado diversas gestiones para reabrir la investigación. En enero de 2020, solicitaron a las autoridades de entonces que se reactive el caso y se inicie un proceso por incumplimiento de deberes contra los fiscales que estuvieron a cargo en las primeras fases, Gilbert Muñoz y Pamela Ovando.

El caso comenzó bajo la fiscalía de Gilbert Muñoz y la dirección general de Ramiro Guerrero. Posteriormente, otros funcionarios del Ministerio Público, entre ellos Juan Lanchipa y Sandra Gutiérrez, se comprometieron en diferentes momentos a avanzar con la investigación, aunque sin resultados concretos, según señalan los allegados al periodista.

En las últimas semanas, la desaparición de Mariscal ha vuelto a captar la atención pública, impulsada por la aparición de carteles que exigen respuestas y la reapertura del caso durante eventos oficiales del actual gobierno. Esto pone en evidencia que la desaparición sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado en materia de justicia y libertad de prensa.

Tras doce años, la causa permanece archivada y sin responsables. Para la familia y el gremio periodístico, la desaparición de Cristian Mariscal no solo constituye una tragedia personal, sino que simboliza las deficiencias de un sistema judicial que no brinda respuestas, la falta de compromiso efectivo por parte de los gobiernos y la persistencia de la impunidad

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que ninguna acción judicial o constitucional podrá detener el proceso electoral en curso, debido al respeto al principio de preclusión establecido en el acuerdo de órganos del Estado. En una conferencia de prensa, Ávila señaló que los intentos de presentar recursos para paralizar las elecciones no tendrán éxito, ya que el calendario electoral avanza de manera significativa y se mantendrá la integridad del proceso.

Estas declaraciones surgen en un contexto donde la exclusión de ciertos partidos y agrupaciones de las elecciones subnacionales programadas para marzo generó la amenaza de acciones legales por parte de candidatos afectados. En ocasiones anteriores, decisiones similares habían motivado la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en algunos casos llegaron a paralizar procesos electorales, especialmente cuando magistrados en funciones también se postulaban para la reelección.

Sin embargo, Ávila enfatizó que esta situación no se repetirá, dado el compromiso conjunto de las autoridades del Órgano Judicial y la Fiscalía General para garantizar la continuidad del proceso electoral. Como ejemplo, recordó el caso del partido ADN, que perdió su personería jurídica en agosto de 2025. A pesar de que sus dirigentes recurrieron al TCP para mantener su vigencia legal, el tribunal respaldó la decisión del TSE.

Actualmente, la dirigencia de ADN y su candidato a la Gobernación de Santa Cruz han anunciado que emprenderán una batalla legal para continuar participando en las elecciones subnacionales, aunque el TSE ya descartó esta posibilidad y reafirmó la validez de su exclusión. De este modo, el ente electoral mantiene firme su postura de que el proceso seguirá adelante sin interrupciones legales

Un hombre de más de 60 años fue encontrado sin vida tras caer al río mientras transitaba en bicicleta por un puente en la zona de Tacata, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. El incidente ocurrió durante la noche del lunes.

Según reportes iniciales, vecinos del lugar observaron que la persona perdió el equilibrio mientras circulaba por el puente y cayó al agua. Inmediatamente, alertaron a las autoridades para que iniciaran la búsqueda.

A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, el cuerpo fue localizado sin signos vitales en el río Tacata. Personal de la Unidad de Bomberos llevó a cabo el rescate, y posteriormente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo se hizo cargo de la investigación del caso