Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos de los jóvenes que participan en el proceso de reclutamiento para el servicio militar del primer escalón 2025-2026, la Defensoría del Pueblo ha desplegado personal en distintos puntos del país para supervisar los centros de instrucción militar.

Bajo la dirección del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, las delegaciones defensoriales departamentales y las coordinaciones regionales han sido instruidas para llevar a cabo inspecciones en aquellos centros de reclutamiento con mayor afluencia de postulantes. Esta medida responde a quejas y reclamos presentados en procesos anteriores, que señalaban problemas como la negativa de reclutamiento, la insuficiencia de cupos, la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa vigente y la falta de información clara sobre el procedimiento, situaciones que afectaron los derechos de los jóvenes aspirantes.

La primera ronda de verificaciones se llevó a cabo el 16 de enero, abarcando 42 centros de instrucción, incluyendo el Centro Militar Fuerza Aérea Boliviana “GADA 94” en Tarija. Posteriormente, el 19 de enero se realizó una segunda inspección con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado del proceso, atender denuncias de la población y promover el conocimiento de los derechos de los postulantes, así como la prohibición de cualquier forma de tortura o trato inhumano en las instalaciones militares.

La última supervisión está programada para el cierre del proceso de reclutamiento, con el fin de evaluar su conclusión y elaborar un informe detallado sobre las observaciones realizadas durante las verificaciones. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y el respeto a los derechos humanos en todas las etapas del reclutamiento militar

La película surcoreana “No hay otra opción”, bajo la dirección de Park Chan-wook, continúa su exhibición en las salas de cine de Cochabamba y otras regiones de Bolivia. Este largometraje, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia el año pasado, está disponible actualmente en los cines Prime, Center y Sky-Box de la ciudad.

La trama se centra en Man-su, un hombre de mediana edad que, tras ser despedido de manera inesperada después de 25 años en una empresa papelera, decide emprender una búsqueda incansable de empleo. Su determinación queda reflejada en su convicción: si no encuentra un puesto disponible, deberá crear uno para poder ser contratado, ya que no contempla otra alternativa.

“No hay otra opción” es una adaptación de la novela The Ax, escrita por Donald E. Westlake. Esta obra literaria ya había sido llevada al cine anteriormente en 2005, bajo el título “Arcadia” y con dirección de Costa-Gavras

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, enfrentará una audiencia de medidas cautelares por presunto enriquecimiento ilícito. La diligencia se llevará a cabo de manera presencial el próximo jueves a las 09:00 en La Paz, según informó el fiscal Miguel Cardozo. En esta instancia, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del acusado por un periodo de seis meses.

Las investigaciones revelaron que Arce Mosqueira posee varias propiedades cuyo valor y cantidad no corresponden con sus ingresos declarados. Entre los bienes identificados se encuentran un penthouse y dos vehículos de alta gama en La Paz, además de siete inmuebles en Santa Cruz.

Actualmente, se desconoce el paradero del imputado. El fiscal indicó que se intentará notificarlo en su domicilio, aunque no hay confirmación sobre si se encuentra dentro del país. En caso de que no se presente a la audiencia, se pedirá que sea declarado en rebeldía y se solicite una orden de captura en su contra.

Por otra parte, la pareja de Arce Mosqueira será convocada a declarar, inicialmente, en calidad de testigo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha recibido múltiples denuncias contra aspirantes a cargos subnacionales, en las que se señalan antecedentes de violencia doméstica, incluyendo casos con sentencias firmes. Estas denuncias serán analizadas en la próxima sesión de sala plena, programada para el martes, según informó el presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila.

Ávila detalló que varios candidatos han sido inhabilitados debido a estos antecedentes, aunque algunos han presentado apelaciones que serán revisadas en dicha reunión. La sala plena del TSE, compuesta por siete miembros, tomará las decisiones por mayoría en estos casos.

En el proceso electoral actual, más de 34.000 personas se inscribieron como candidatos para cargos como gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Sin embargo, más de 26.000 fueron inhabilitados, en muchos casos por no presentar el Certificado de No Violencia (Cenvi) requerido, limitándose a entregar fotocopias de su carnet de identidad. Entre los postulantes se identificaron personas con antecedentes judiciales que continuaron con sus candidaturas.

El reglamento electoral exige la presentación de diez requisitos para la habilitación de candidaturas, incluyendo documentos originales. No obstante, varios aspirantes solo entregaron copias, lo que generó su inhabilitación. Tras la publicación de estas listas, los afectados presentaron apelaciones que serán evaluadas próximamente. Paralelamente, los partidos políticos deben designar reemplazos para los candidatos inhabilitados antes del 5 de febrero.

En otro ámbito, Ávila recordó que el lunes venció el plazo para que partidos y candidatos registren en el TSE las páginas oficiales de redes sociales que utilizarán durante la campaña electoral. A partir de esa fecha, el Sistema de Fiscalización de Financiamiento Político (Sifde) comenzará a supervisar estas plataformas y el contenido de los mensajes difundidos.

El presidente del TSE señaló que todas las cuentas en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube deben estar registradas oficialmente ante el tribunal. No obstante, en elecciones anteriores se reconoció la dificultad para controlar páginas no registradas debido a limitaciones tecnológicas y de alcance, lo que ha facilitado la circulación de mensajes negativos o “guerra sucia” en espacios no supervisados

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra un juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas. La acusación se basa en que dicho juez admitió una acción de amparo constitucional destinada a impedir la cancelación de la personería jurídica de la agrupación política Acción Democrática Nacionalista (ADN), pese a carecer de competencia territorial y electoral para conocer el caso. Esta situación, según el Órgano Electoral, representa una amenaza al principio de preclusión y al desarrollo adecuado de las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.

En el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura, Ávila señala que el juzgado de Cuatro Cañadas aceptó tramitar una acción de amparo promovida por un ciudadano contra la Sala Plena del TSE, lo cual contraviene las disposiciones constitucionales y legales sobre competencia territorial. El mismo día 19 de enero, el TSE interpuso una declinatoria de competencia, advirtiendo al juez que insistir en conocer el caso podría derivar en acciones legales y disciplinarias. No obstante, el juzgado habría continuado con el trámite, a pesar de esta advertencia formal.

Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal Supremo Electoral se encuentran notificaciones realizadas fuera de plazo a través de WhatsApp, sin respetar los tiempos mínimos para la preparación de la defensa. Además, se resalta la falta de observancia de la competencia territorial, dado que los hechos denunciados ocurrieron en La Paz, sede del TSE, mientras que la organización política afectada tiene domicilio en Santa Cruz. También se cuestiona la legitimación activa del accionante, quien presentó la demanda de manera individual sin acreditar representación legal de la alianza política involucrada.

La denuncia pone en alerta sobre el posible perjuicio al principio de preclusión electoral, ya que la acción busca suspender actos del calendario electoral de las elecciones subnacionales de 2026. Esto, según el TSE, vulneraría los compromisos institucionales asumidos para garantizar la continuidad del proceso democrático.

El presidente del Órgano Electoral fundamenta su denuncia en la posible comisión de faltas disciplinarias graves, conforme a la Ley del Órgano Judicial y la normativa disciplinaria vigente, atribuyendo al juez el desconocimiento manifiesto de normas constitucionales, jurisprudencia vinculante y la asunción de una competencia inapropiada en un proceso electoral en curso.

Como antecedente, Ávila recordó que existe un acuerdo entre los órganos del Estado para evitar que acciones judiciales o constitucionales paralicen el desarrollo electoral. En sus declaraciones, enfatizó que el TSE no permitirá que se vulneren principios fundamentales como la preclusión y que el calendario electoral avanza con normalidad, reiterando el compromiso de salvaguardar la realización de las elecciones subnacionales de marzo próximo