El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, hizo un llamado a la población para sumarse a la conmemoración de los 17 años del Estado Plurinacional de Bolivia. La ceremonia está programada para este jueves 22 de enero a las 06:00 en La Apacheta, ubicada en la carretera hacia Oruro, aunque pasadas las 07:00 aún no había comenzado el evento.

Lara resaltó la relevancia de esta celebración, que busca ser un espacio de encuentro y participación ciudadana, contando con la presencia de autoridades nacionales y representantes de diversas organizaciones sociales.

Por otro lado, desde la Presidencia no se ha anunciado la realización de actos protocolares oficiales durante esta jornada. Cabe destacar que el feriado nacional correspondiente fue trasladado al viernes 23 de enero con el objetivo de impulsar el turismo en el país

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, fue declarado en rebeldía por la Justicia boliviana tras no presentarse a la audiencia de medidas cautelares relacionada con una investigación por enriquecimiento ilícito. La audiencia se llevó a cabo este jueves, y ante su ausencia, se emitió la resolución 22/2026 que establece su condición de rebelde.

Como consecuencia de esta decisión, se ordenó el arraigo del imputado, la designación de un abogado de oficio y la emisión de un mandamiento de aprehensión. Según explicó Ramiro Martan, representante legal de la parte denunciante, Arce Mosqueira no acudió a la audiencia y, a través de un memorial presentado por su padre, informó que no reside en el domicilio declarado, lo que fue interpretado como un intento de obstaculizar el proceso judicial.

La investigación contra Arce Mosqueira se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de terrenos, propiedades y vehículos de lujo, que se sospecha fueron obtenidos mediante enriquecimiento ilícito con perjuicio al Estado. Además, las pesquisas revelaron movimientos económicos millonarios que no guardan relación con su perfil financiero.

En respuesta a estos hallazgos, la Fiscalía solicitó en su momento seis meses de detención preventiva y la activación del sello rojo para facilitar su localización y captura. El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades buscan avanzar en el proceso judicial

La detención del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos marcó un episodio clave en una reciente controversia institucional relacionada con el proceso electoral. Quiroga, quien intentó detener la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) mediante la admisión de una acción de amparo constitucional, fue arrestado y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, donde permanece bajo custodia en las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc).

Este juez, que ejerce en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, fue señalado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por actuar fuera de su competencia territorial y electoral al admitir el recurso presentado por Nelson Almendras Choque. El amparo buscaba revertir la exclusión de 136 candidatos de la alianza SAO-ADN, quienes fueron marginados del proceso electoral tras una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, señalando que el juez desoyó una declinatoria de competencia previa emitida por el propio Órgano Electoral, la cual advertía que persistir en el conocimiento del caso podría acarrear consecuencias legales y disciplinarias. En respuesta, el Ministerio Público, a través del fiscal Alfredo Melgar, confirmó que se inició una investigación para determinar la naturaleza penal de las acciones del juez y verificar los documentos incautados por la Policía. Melgar destacó que no existía fundamento legal para que la autoridad judicial haya admitido el recurso en su jurisdicción.

El TSE denunció irregularidades en el proceso, entre ellas la notificación tardía de la demanda mediante WhatsApp sin plazos adecuados para la defensa, la inaplicación de la competencia territorial dado que los hechos ocurrieron en la sede del TSE, y la falta de legitimación activa, puesto que el amparo fue presentado por un ciudadano sin representación legal de la alianza en cuestión. Además, la admisión del recurso judicial puso en riesgo el principio de preclusión, fundamental para garantizar el desarrollo ordenado de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

Este incidente se enmarca en un contexto institucional donde, pocos días antes, diversas entidades judiciales y electorales firmaron un acuerdo interinstitucional para proteger la integridad del proceso electoral y evitar que acciones judiciales paralicen o reviertan etapas ya concluidas. El acuerdo enfatizó la importancia del principio de preclusión como mecanismo para limitar la judicialización excesiva del calendario electoral, especialmente en un escenario de creciente presentación de recursos constitucionales.

Cabe señalar que el juez Quiroga ya había estado involucrado en la admisión de recursos relacionados con la supervisión de congresos partidarios en otras regiones, decisiones que también generaron controversia y cuestionamientos sobre su actuación en el ámbito electoral. Este nuevo caso ha intensificado el debate sobre la competencia y límites de las autoridades judiciales en procesos electorales, subrayando la necesidad de coordinación entre los órganos involucrados para garantizar la transparencia y legalidad en los comicios

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce Catacora, enfrenta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la adquisición de propiedades, vehículos y movimientos financieros en Santa Cruz y La Paz que no corresponden a su perfil económico declarado. Según las autoridades, se le atribuyen al menos tres hechos irregulares relacionados con la compra de extensos terrenos y bienes de alto valor.

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, detalló que desde la gestión anterior se mantiene una denuncia contra Arce Mosqueira por la compra del predio agrícola y empresarial “Adán y Eva”, que abarca más de dos mil hectáreas en municipios de Santa Cruz, por un valor aproximado de 3,3 millones de dólares. Este caso está bajo imputación formal por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Además, se identificó un patrimonio considerado inusual en La Paz, valorado en más de 750.000 dólares, y movimientos económicos que rondarían los siete millones de bolivianos, junto a la transferencia de tres inmuebles durante el último año. Estas operaciones financieras y adquisiciones no guardan relación con el perfil económico declarado por Arce Mosqueira, lo que ha motivado la intervención del Ministerio Público.

El Gobierno nacional se constituyó como denunciante en estos procesos, buscando que el hijo del expresidente sea procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilegales, en calidad de sujeto procesal en todas las investigaciones relacionadas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, se presume que Arce Mosqueira pudo haberse beneficiado con más de cinco millones de dólares durante el quinquenio en que su padre estuvo al frente del Estado. Sin embargo, esta cifra será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

En el marco del proceso, está programada una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, donde el fiscal anticorrupción a cargo, Miguel Cardozo, solicitará la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, fundamentándose en los elementos de convicción y los movimientos económicos detectados.

No obstante, las autoridades aún desconocen el paradero de Arce Mosqueira, ya que no se ha confirmado si se encuentra dentro del territorio nacional o ha salido del país. La citación para la audiencia fue realizada mediante edicto, por lo que se espera su presencia presencial; de no comparecer, se solicitará que sea declarado en rebeldía, lo que implicaría activar una alerta migratoria y un sello rojo de Interpol para su localización.

Como parte de las diligencias, también se convocará a la pareja de Arce Mosqueira para que declare como testigo, debido a que se investigan transferencias anticipadas de bienes inmuebles a su hijo, nieto del expresidente, realizadas en diciembre.

Entre las adquisiciones señaladas durante la gestión 2025, figuran un departamento de lujo en un exclusivo condominio de Obrajes, valorado en casi 500.000 dólares, dos estacionamientos y bauleras por 56.000 dólares, y dos vehículos Toyota Land Cruiser modelo 2023 por un total de 200.000 dólares.

Ante estos antecedentes, el Ministerio Público ordenó la anotación preventiva de todos los bienes y vehículos vinculados a Arce Mosqueira, además del congelamiento de sus cuentas bancarias, debido a que desde agosto de 2025 se registraron movimientos financieros por un monto estimado entre seis y siete millones de bolivianos

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció la incorporación de Durby Andrea Blanco como nueva directora de Igualdad de Oportunidades, una dependencia que funcionará bajo su cartera. Esta designación responde a la reconocida trayectoria, méritos y compromiso de Blanco, cuya experiencia se espera que aporte significativamente al trabajo institucional.

Durby Andrea Blanco es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ha complementado su formación con estudios de posgrado en áreas como ciencias políticas, gestión pública, ciudadanía, educación superior y dirección de proyectos.

Su labor ha estado marcada por la defensa de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTI, la protección del medioambiente y la promoción de la democracia, aspectos destacados por la Coordinadora de la Mujer.

En su carrera profesional, Blanco ha acumulado una sólida experiencia en gestión pública, género, interculturalidad y fortalecimiento de capacidades. Ha colaborado como consultora para diversas organizaciones internacionales y fundaciones, además de desempeñarse como técnica responsable en programas sociales y coordinadora departamental en proyectos vinculados a la democracia y juventudes