La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), junto a organizaciones cívicas provinciales y representantes de la Nación Chiquitana, exigen al Gobierno la depuración e institucionalización inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tanto a nivel nacional como en Santa Cruz. Según denuncian, funcionarios vinculados al anterior gobierno del MAS estarían protegiendo a grupos violentos de avasalladores, entre ellos los denominados interculturales, responsables de agresiones como la sufrida por el cacique de avanzada edad Ricardo Peña.

En respuesta, el Gobierno anunció la intención de reemplazar a funcionarios del INRA en Santa Cruz, aunque no estableció un plazo concreto para cumplir con esta medida. Ante esta situación, la Cidob ha fijado un ultimátum de 30 días para que se concrete la institucionalización del organismo. De no cumplirse, advierten con organizar una movilización masiva que partiría desde las tierras bajas del oriente boliviano hasta la ciudad de La Paz, en protesta por la persistencia de avasallamientos y ataques contra comunidades indígenas, a pesar del cambio de gobierno nacional.

El presidente de la Cidob, Tomás Candia, manifestó su indignación y urgió a las máximas autoridades del Ejecutivo a tomar acciones concretas, solicitando la remoción de quienes han emitido más de dos mil resoluciones para la entrega irregular de tierras en la Chiquitanía. La organización indígena, junto a comunidades chiquitanas y comités cívicos provinciales, inició una vigilia frente a las oficinas del INRA en Santa Cruz como forma de protesta ante el ataque sufrido por el cacique Peña, que refleja la problemática constante de usurpación de tierras por parte de grupos interculturales.

Las comunidades afectadas denunciaron la sistemática apropiación ilegal de sus territorios, la destrucción de viviendas, daños ambientales y una aparente protección institucional hacia estos grupos, vinculados a organizaciones afines al MAS. Carlos Alberto Urquiza, gran cacique de la Nación Chiquitana, calificó el ataque contra Peña como un intento de asesinato y solicitó la intervención urgente del Gobierno, reiterando la necesidad de designar nuevas autoridades en el INRA.

En caso de que no se produzcan cambios en el instituto hasta el 21 de febrero, la Cidob y los 34 pueblos indígenas anunciaron que bloquearán carreteras y podrían movilizarse nuevamente hacia la sede de Gobierno para exigir respeto a sus derechos territoriales y el cese de los avasallamientos.

Recientemente, una delegación conformada por representantes indígenas, cívicos y caciques chiquitanos sostuvo una reunión con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a quien informaron sobre el ataque al cacique Peña y la problemática de fondo. Tras el encuentro, Barrientos confirmó un acuerdo para proceder con el cambio de funcionarios del INRA en Santa Cruz y para iniciar un proceso de auditoría y evaluación de los títulos entregados.

Desde la asunción del nuevo Gobierno, la viceministra Barrientos lidera auditorías internas en las diez oficinas del INRA a nivel nacional y departamental, donde se han detectado irregularidades como tráfico de tierras y duplicación de títulos. Sin embargo, señaló que las investigaciones sobre denuncias de avasallamientos han avanzado poco debido a limitaciones presupuestarias.

La Nación Chiquitana abarca aproximadamente el 75% del territorio del departamento de Santa Cruz, con presencia en las provincias de San Ignacio de Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez y Germán Busch, lo que subraya la importancia de atender sus demandas para garantizar la protección de sus tierras y derechos

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que este jueves a partir de las 10:00 se llevará a cabo una reunión para definir un plan de desalojo masivo de predios que han sido ocupados ilegalmente en la región. Este encuentro contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía, y estará presente el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, así como el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas.

Asimismo, Camacho manifestó su expectativa de contar con la asistencia del presidente Rodrigo Paz, quien, según la Vocería de la Presidencia, estará en Santa Cruz durante esta jornada. Además, el gobernador convocó a la Comisión Agraria Departamental para el 30 de enero, con el propósito de tratar de manera integral el problema de los avasallamientos en el departamento.

Durante la reunión, se dará inicio a la implementación del plan elaborado para realizar desalojos inmediatos en las zonas afectadas por ocupaciones ilegales. El gobernador destacó que la iniciativa busca resguardar la propiedad privada, así como proteger los territorios forestales y las reservas naturales, retirando a quienes incurren en la usurpación de tierras.

Por otro lado, Camacho anunció que se están evaluando modificaciones en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con la intención de que las nuevas autoridades asuman sus cargos antes de la próxima reunión de la Comisión Agraria Departamental. Esta medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer la gestión y enfrentar de manera efectiva los conflictos relacionados con la tierra en la región

En la mañana de este jueves, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, dio inicio a una concentración en La Apacheta para conmemorar los 17 años del Estado Plurinacional. Durante su intervención, expresó su rechazo hacia el presidente Rodrigo Paz, señalando que este habría intentado desconocer y eliminar esta importante fecha histórica.

Lara manifestó su tristeza y frustración ante la situación, recordando que fueron las naciones indígenas como los pueblos quechua, aymara y guaraní quienes lucharon por la independencia y la libertad del país. Destacó la recuperación de la soberanía frente a la opresión colonial, mencionando los abusos sufridos durante la época española.

Además, el vicepresidente acusó al mandatario de querer suprimir esta celebración, aunque indicó que no llegó a concretar esa intención. También criticó al ministro Edgar Morales, a quien calificó de negar sus raíces, afirmando que quien reniega de sus orígenes también reniega de su patria y no merece ser considerado boliviano.

Previamente, Lara había confirmado la realización del acto conmemorativo e hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para participar en la celebración. Asimismo, anunció que diputados y senadores se unirían a la actividad en honor a los 17 años del Estado Plurinacional

El presidente Rodrigo Paz ha reafirmado su compromiso de promover una distribución más equitativa de los recursos públicos entre el gobierno central y las entidades regionales, con el fin de superar el modelo centralista vigente. A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó que trabajará junto a las nuevas autoridades subnacionales que serán elegidas en las próximas elecciones para avanzar hacia este objetivo.

Paz destacó que, tras los comicios subnacionales, colaborará con quienes estén comprometidos en desmantelar el Estado centralista para implementar un esquema de reparto de recursos basado en el principio del “50/50”. Este enfoque busca consolidar una nación descentralizada, lo que permitiría una gestión más eficiente en áreas clave como salud, educación e infraestructura, además de mejorar la administración de los recursos humanos y económicos.

El presidente subrayó que esta transformación generará un país más confiable y mejor para todos sus habitantes, expresando su confianza en el futuro de Bolivia. En días recientes, también manifestó su aspiración de que esta redistribución se concrete antes de que finalice su mandato, visualizando que el modelo “50/50” sea un punto de partida para que las regiones ejerzan una autonomía plena y puedan abordar sus propios desafíos de manera efectiva

En las últimas semanas, se han intensificado las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, malos tratos y abusos de autoridad en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y en la Aduana Nacional, generando preocupación entre los afectados. Pese a la frecuencia de estas denuncias, no se han iniciado investigaciones formales ni se han emitido pronunciamientos oficiales, situación que ha motivado a las víctimas a exigir una respuesta clara por parte de las instituciones correspondientes.

Hugo León, representante de la Asociación de Víctimas de Diprove y la Aduana Nacional, informó que se está gestionando una carta dirigida a diversas organizaciones, incluyendo la Federación del Autotransporte 15 de Abril, el Comité Cívico y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), con el propósito de involucrar a estas entidades en la búsqueda de soluciones y evitar la indiferencia ante los reclamos ciudadanos. Además, León propuso la creación de un comité interinstitucional que canalice las demandas hacia las autoridades nacionales, con el fin de promover reformas estructurales en el funcionamiento de ambas instituciones.

El dirigente también manifestó su preocupación por la falta de acciones concretas por parte de la Policía Boliviana en la lucha contra la corrupción, señalando que las denuncias reiteradas no han sido acompañadas de medidas efectivas para resolver las irregularidades detectadas en Diprove. Entre los casos destacados, mencionó la situación de un ciudadano que no pudo recuperar su vehículo debido a que, según la institución, había transcurrido un plazo de 90 días que impide la devolución del motorizado.

Asimismo, se ha señalado que gran parte de las denuncias están relacionadas con el ingreso de vehículos argentinos a través de la frontera con Bermejo, donde se reportan presuntos abusos de autoridad y decomisos arbitrarios. Recientemente, una ciudadana argentina presentó una nueva denuncia tras ver retenido su vehículo en el Puente Internacional, luego de haber permanecido cerca de 90 días en el país para realizar reparaciones mecánicas. La afectada aseguró que cumplió con todos los trámites legales al ingresar el vehículo, pero que el vencimiento del plazo autorizado se ha utilizado como argumento para impedir la devolución.

Frente a esta acumulación de reclamos y la ausencia de respuestas institucionales, los afectados insisten en la necesidad de que las organizaciones representativas locales se pronuncien y exijan al Gobierno nacional la apertura de investigaciones transparentes y la implementación de medidas que garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos

La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo desmintió categóricamente las versiones que lo presentan como una figura influyente dentro del penal de San Pedro, donde también se encuentra recluido el expresidente Luis Arce, aunque en áreas separadas del centro penitenciario. Ambos cumplen detención preventiva vinculada a investigaciones por corrupción.

El abogado Waldo Machicao Castillo afirmó que es falso que Murillo tenga algún alias o ejerza poder dentro del penal. Por el contrario, señaló que su defendido está expuesto a riesgos, debido a que durante su gestión como ministro de Gobierno participó en la detención de varias personas que actualmente se encuentran en la misma prisión.

Machicao reveló que, pocos días después de su ingreso, Murillo fue víctima de una agresión física por parte de al menos diez internos mientras realizaba un trámite en el patio de una sección del penal. La intervención de la policía evitó que el ataque se agravara, aunque en el forcejeo perdió sus lentes.

Estas precisiones surgen luego de un reportaje que abordó la estadía inicial de Arce en prisión, donde se mencionaban ciertas relaciones y dinámicas en el penal. La información del reportaje se basó en testimonios de internos, abogados y fuentes oficiales del Régimen Penitenciario.

En cuanto a la supuesta disponibilidad de dinero o respaldo económico dentro del penal, la defensa negó rotundamente estas afirmaciones. Machicao indicó que Murillo no dispone de recursos ni poder económico en prisión y que incluso carece de fondos para cubrir gastos elementales relacionados con sus procesos legales, muchos de los cuales, según su abogado, están fundamentados en información errónea.

El defensor recordó que Murillo fue expulsado de Estados Unidos en 2025 tras cumplir una condena por lavado de dinero, vinculada a la compra sobrevalorada de gases lacrimógenos durante su administración. Actualmente, en Bolivia enfrenta al menos cuatro procesos judiciales relacionados con adquisiciones irregulares de material antidisturbios y servicios, lo que llevó a la Fiscalía a incautar 820.000 dólares de una empresa privada. En Estados Unidos, se estableció un perjuicio económico de seis millones de dólares en estos casos.

Machicao explicó que, debido a su edad y condición de detenido preventivo, Murillo no puede realizar actividades económicas y subsiste con el apoyo limitado de sus familiares. Asimismo, descartó cualquier conflicto con el expresidente Arce u otras exautoridades recluidas en San Pedro.

Respecto a las condiciones de reclusión, el abogado detalló que Murillo ocupa una celda de menos de tres metros cuadrados, situada debajo de las gradas que conducen a la oficina de la Gobernación del penal, en una zona de tránsito entre varias secciones. Denunció que las condiciones son precarias, con un ambiente húmedo, servicios higiénicos insuficientes y carencia de comodidades adecuadas para una persona de su edad, calificando la situación como “infrahumana”.

Finalmente, se confirmó que la celda ocupada por Murillo fue anteriormente utilizada por el exdirector de la Fuerza Antidrogas Maximiliano Dávila, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por conspiración relacionada con tráfico de drogas y armas

Un hombre de 43 años fue condenado a 30 años de prisión sin opción a indulto tras admitir el asesinato de su pareja, una mujer de 30 años, en Sacaba, Cochabamba. La sentencia fue emitida por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer Nº 2 de Sacaba, y el condenado cumplirá su pena en el penal de máxima seguridad de El Abra.

Según informó el fiscal departamental, el caso se resolvió en menos de 48 horas gracias al trabajo del equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida. Durante la audiencia de medidas cautelares, se presentaron pruebas contundentes que incluyen el acta de inspección ocular, el certificado médico forense y declaraciones testimoniales, las cuales confirmaron la responsabilidad del acusado en el feminicidio. Tras ser descubierto, el hombre admitió su culpabilidad y solicitó acogerse al procedimiento abreviado, lo que fue valorado por la autoridad judicial para dictar la condena.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026, cuando el Ministerio Público recibió la alerta sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia dentro de una vivienda en la zona El Abra, OTB Luis Espinal. La madre de la víctima indicó que desde el sábado anterior buscaban a su hija. Las investigaciones señalaron a Omar como principal sospechoso, y tras su detención, este confesó detalladamente el crimen. La víctima dejó dos hijos en orfandad, de 10 y 6 años de edad

El Ministerio de Educación ha anunciado una actualización en los requisitos de edad para la inscripción escolar, dirigida a los padres de familia durante el proceso de matrícula. La medida establece que para ingresar a pre-kínder, los estudiantes deberán tener cuatro años cumplidos antes del 30 de junio de 2026.

Según lo comunicado oficialmente, los criterios de edad para el ciclo escolar son los siguientes: para pre-kínder, el niño debe haber cumplido cuatro años hasta el 30 de junio de 2026; para kínder, cinco años para la misma fecha; y para primero de primaria, seis años también antes del 30 de junio de 2026.

Esta modificación implica un cambio en el artículo 15 de la Resolución Ministerial 0001/2026, que originalmente fijaba como fecha límite el 30 de marzo para que los niños cumplieran cuatro años para acceder a pre-kínder. La actualización responde a las inquietudes de los padres, quienes expresaron que la comunicación tardía de esta normativa afectaba los planes previos para la inscripción de sus hijos.

El Ministerio aclaró que esta regulación se fundamenta en estudios científicos y la experiencia pedagógica, que señalan los riesgos de adelantar la escolarización, los cuales pueden impactar negativamente en el desarrollo neurológico y socioemocional de los niños que no estén preparados para las exigencias educativas.

Asimismo, se informó que a partir del año lectivo 2027 se aplicará el artículo 25 de la misma resolución, que fija como requisito para el ingreso al primer año de educación inicial que el estudiante haya cumplido cuatro años al 31 de diciembre de 2026. Esta medida busca garantizar un proceso educativo adecuado y acorde a las necesidades de desarrollo de los estudiantes