El tratamiento de los tres anteproyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos, que se encuentran en la Cámara de Diputados, así como el proyecto en la Cámara de Senadores, fue postergado para dar inicio a un proceso de socialización con distintos sectores sociales del país. Las comisiones de Justicia de ambas cámaras habían comenzado a analizar estas iniciativas legislativas, pero decidieron suspender el debate temporalmente.

Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia Plural estableció un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero con el fin de promover el diálogo y la difusión del contenido de estos proyectos entre la población y grupos interesados.

En la Cámara Baja, los principales partidos del oficialismo, PDC y Unidad, habían manifestado su intención de avanzar en el tratamiento de las propuestas y convocaron a sesiones, aunque no incluyeron en la agenda el anteproyecto presentado por el diputado Israel Mérida, a pesar de que su propuesta fue presentada antes que las demás.

Entre las iniciativas destaca el denominado “proyecto de ley antibloqueos”, presentado por el diputado Carlos Alarcón (Unidad), que plantea eximir de responsabilidad a los agentes policiales y militares en caso de que se produzcan víctimas durante los bloqueos.

Otra propuesta, impulsada por la diputada María Soruco Chacón (Unidad), busca incorporar nueve tipos penales para sancionar a quienes participen en bloqueos de caminos, bajo la denominación de “ley contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social lícita y pacífica”.

En el Senado, la senadora Claudia Mallón presentó un proyecto que propone modificar el artículo 213 del Código Penal, aumentando la pena de privación de libertad de ocho a diez años para quienes, por cualquier medio, bloqueen o interrumpan el libre tránsito en carreteras principales o caminos secundarios, o pongan en riesgo la seguridad y continuidad del transporte público, incluso si el flujo no se detuviera completamente.

El senador José Ormachea explicó que aún no se ha conformado la comisión integrada acordada por el pleno del Senado para analizar estos proyectos, y que esta definición se pospondrá para la próxima sesión. Mientras tanto, el presidente del Senado, Diego Ávila, adelantó que se llevará adelante un proceso de socialización de las propuestas.

Por su parte, diversas organizaciones sociales han comenzado a articular sus respuestas frente a estas iniciativas. La Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros fueron los primeros en declarar estado de emergencia ante la intención gubernamental de aprobar estas normas, y han advertido que no permitirán su aprobación

La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz resolvió conceder una acción de protección a favor del ministro Oscar Mario Justiniano y su hermano, quienes solicitaron tutela por vulneración a su privacidad debido a declaraciones realizadas en su contra por el vicepresidente Edmand Lara. En este contexto, el tribunal también ordenó la eliminación de los videos relacionados de las plataformas digitales del vicepresidente.

El vocal Alain Núñez manifestó que las expresiones de Lara afectaron la honra, reputación y dignidad de los afectados, motivo por el cual la tutela debía ser otorgada. De manera coincidente, la vocal Carla García resaltó la importancia de asumir responsabilidad por el impacto generado en redes sociales y apoyó la concesión de la acción de protección.

Asimismo, la Sala dictaminó que los contenidos cuestionados sean retirados únicamente de las cuentas oficiales que pertenecen al vicepresidente. Al respecto, un representante legal de la Vicepresidencia aclaró que existen otras cuentas que difunden dichos materiales, pero que no están bajo la administración directa de Lara. La vocal García puntualizó que la orden se circunscribe exclusivamente a las plataformas propiedad del funcionario.

Finalmente, el tribunal recomendó a la Vicepresidencia la elaboración de un protocolo que regule las declaraciones públicas y la difusión de información a través de sus redes sociales oficiales, con el fin de resguardar los derechos fundamentales vinculados a la dignidad, honra e información personal

Dos senadores bolivianos han propuesto trabajar sin recibir remuneración para demostrar que la política debe entenderse como un servicio público y no como un negocio personal. Esta iniciativa surge en un contexto de crisis económica, donde el aumento del costo de vida y los ajustes presupuestarios a nivel subnacional han puesto en el centro del debate los salarios y beneficios de los parlamentarios nacionales.

La discusión se intensificó tras la propuesta de un legislador que sugirió reducir el sueldo de todos los asambleístas a 10.000 bolivianos mensuales, argumentando que muchos cumplen un papel pasivo en el Parlamento y que sus ingresos actuales no se justifican por el trabajo realizado. Esta idea generó controversia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, evidenciando la resistencia a modificar privilegios económicos establecidos.

En este contexto, dos senadores suplentes han planteado una postura más radical: renunciar a sus salarios para trabajar ad honorem. Uno de ellos destacó que no depende de su remuneración estatal debido a sus emprendimientos privados y señaló que ya ha destinado sus primeros ingresos a causas solidarias, con planes de continuar realizando donaciones en fechas especiales. La otra legisladora, por su parte, manifestó que cuenta con otras fuentes de ingresos que le permiten cubrir sus gastos y que considera que la política debe ser entendida como un servicio temporal al pueblo, en línea con su experiencia previa de aportar recursos propios a su sector.

Ambos parlamentarios también han señalado que, más allá del sueldo, existen beneficios adicionales que generan rechazo en la opinión pública, como el uso de telefonía celular corporativa con datos ilimitados y un crédito mensual cubierto por el Estado. Uno de ellos anunció que renunciará a este servicio al considerarlo innecesario en su caso.

Actualmente, los diputados y senadores titulares perciben un salario mensual superior a los 23.000 bolivianos, mientras que los suplentes reciben cerca de 8.000 bolivianos, a pesar de que su participación suele limitarse a reemplazar a los titulares en sus ausencias. Además, cuentan con viáticos para viajes oficiales tanto nacionales como internacionales, bonos de alimentación, pasajes aéreos mensuales, personal de apoyo, vales de combustible y otros servicios, todo financiado por el Estado.

El gasto anual en salarios para los 166 legisladores se estima en más de 71 millones de bolivianos, dentro de un presupuesto total para la Asamblea Legislativa que supera los 267 millones. Esta cifra cobra relevancia en un escenario de restricciones fiscales y descontento social.

En comparación con otros países sudamericanos, los salarios de los parlamentarios bolivianos son relativamente bajos en dólares, pero internamente representan aproximadamente siete veces el salario mínimo nacional, lo que contribuye a la percepción de desigualdad y alimenta el malestar ciudadano.

Finalmente, se ha planteado la posibilidad de implementar un sistema de pago por sesión para los legisladores, aunque esto requeriría modificaciones en los reglamentos internos de ambas cámaras. Se estima que el costo operativo de una sesión ordinaria ronda los 35.000 bolivianos, lo que añade un elemento más a la compleja discusión sobre la eficiencia y el gasto en el Parlamento

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció la incorporación de Durby Andrea Blanco como nueva directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades, una entidad dependiente de dicha cartera estatal. La designación se fundamenta en la experiencia, méritos y compromiso que Blanco aporta para fortalecer las labores que esta unidad debe desarrollar.

Durby Andrea Blanco es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ha complementado su formación con estudios de postgrado en áreas como ciencias políticas, gestión pública, ciudadanía, educación superior y dirección de proyectos. Su perfil profesional se caracteriza por un sólido compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la población LGBTI, la protección del medio ambiente y la promoción de la democracia, aspectos destacados por organizaciones especializadas en temas de género.

A lo largo de su carrera, Blanco ha acumulado una vasta experiencia en gestión pública, género, interculturalidad y fortalecimiento de capacidades. Ha trabajado como consultora para diversas organizaciones internacionales y fundaciones, además de desempeñarse como técnica responsable en programas sociales y coordinadora departamental en proyectos vinculados a la democracia y las juventudes. Su incorporación se espera que aporte un impulso significativo a las políticas de igualdad y derechos humanos desde la nueva dirección

Manuel Ramón P. A., ciudadano español y principal accionista de una empresa vinculada a la exportación de madera boliviana, no cumplió con su regreso previsto a Bolivia el pasado 18 de enero, generando nuevas dudas en la investigación internacional sobre narcotráfico tras el hallazgo de un cargamento con más de 700 kilos de cocaína ocultos en madera. La droga fue incautada el 22 de noviembre en el puerto de Arica, Chile, en un envío con destino final a España.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el empresario no se encontraba en Bolivia cuando se descubrió el cargamento ilícito y que su ausencia actual está siendo evaluada por los investigadores. El fiscal a cargo del proceso, Julio César Porras, no ofreció declaraciones al respecto, aunque anunció que próximamente emitirá un informe oficial.

El operativo que permitió el decomiso se llevó a cabo en Arica, donde las autoridades chilenas inspeccionaron un contenedor con 19,5 toneladas de madera en tránsito. Análisis científicos y tecnología basada en inteligencia artificial detectaron la presencia de clorhidrato de cocaína impregnado en la carga, una técnica sofisticada que dificulta su identificación mediante métodos convencionales. Se confirmó que el total de droga superaba los 700 kilos.

La empresa involucrada, MaderPark 2000 SL, fue constituida en España en octubre de 1998 con un capital inicial de 9,5 millones de euros (más de 11 millones de dólares). Según registros oficiales, se dedica a la fabricación, provisión y exportación de madera tropical, operando en Bolivia y enviando productos a Europa, América y Asia.

Además, Manuel Ramón P. A. figura como representante en al menos otras dos compañías en Valencia: South American International Services SL, creada en 2008, y Bolydeck International Export SL, establecida en 2007 y enfocada en el comercio de oro, metales preciosos y madera. La investigación también indaga posibles vínculos con una tercera empresa, Braskom Maderas SL.

Las pesquisas apuntan hacia una red criminal de alcance internacional con conexiones potenciales en Europa, Estados Unidos, China, Israel y Uruguay. Recientemente, en Arica se llevó a cabo una reunión técnica que contó con la participación de la Guardia Civil española, la Policía de Investigaciones de Chile y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia. En este encuentro se analizaron datos relacionados con 152 envíos de madera realizados desde 2018, principalmente con destino a España.

En Bolivia, el Ministerio Público realizó siete allanamientos en Santa Cruz de la Sierra, La Guardia y San Ignacio de Velasco, incautando cuatro inmuebles, 240.000 dólares, equipos tecnológicos, documentación empresarial, vehículos y maquinaria pesada. Una persona fue detenida y permanece en proceso judicial, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación, que podría derivar en nuevas acciones legales tanto a nivel nacional como internacional

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz han establecido un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales a través de la cooperación judicial. Este convenio interinstitucional busca fortalecer los lazos entre ambas entidades para garantizar una protección más efectiva de los recursos naturales.

Alfredy Álvarez, director ejecutivo de la ABT, señaló que esta iniciativa pretende fomentar un trabajo conjunto con diversas instituciones, incluyendo los órganos ejecutivo y judicial, con el fin de consolidar los esfuerzos en la preservación ambiental. Destacó la importancia de estos acuerdos para potenciar la labor de la ABT en la defensa de los recursos naturales del país.

Por su parte, Emilio Arredondo, encargado distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, resaltó que este convenio representa el inicio de una colaboración estrecha destinada a fortalecer los aspectos jurídicos y normativos que sustentan la función de la ABT. Arredondo manifestó su satisfacción por la firma del acuerdo y expresó su expectativa de que esta alianza genere beneficios concretos para ambas instituciones.

El compromiso fue formalizado mediante la firma de un acta de intención interinstitucional, que sella el compromiso mutuo de trabajar en conjunto para promover una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales