La distribución de la Canasta Alimentaria destinada a los adultos mayores en el municipio de San Lorenzo ha finalizado con éxito, alcanzando a tres mil ochocientas personas. Francisco Villarrubia, máxima autoridad de la subgobernación local, confirmó la culminación de este proceso.

Este esquema de asistencia social es considerado un pilar fundamental para el bienestar de la tercera edad, fortaleciendo su nutrición y elevando su calidad de vida. Se hizo hincapié en la valiosa cooperación de las diversas comunidades y de los propios receptores, cuya participación organizada fue clave para el desarrollo fluido de la operación.

Desde la administración local, se expresó una profunda satisfacción por haber honrado el compromiso establecido con los ciudadanos de la tercera edad, a quienes se les reconoce como un componente esencial de la estructura social. La Subgobernación de San Lorenzo ratificó su determinación de seguir impulsando iniciativas de carácter social y de apoyo dirigidas específicamente a los segmentos más desfavorecidos de la población municipal

La reciente evaluación de las condiciones de vida y acceso a servicios básicos revela una marcada dicotomía entre las áreas urbanas y rurales de la región. Mientras los centros poblados exhiben un progreso constante hacia la universalización de los servicios esenciales, las comunidades rurales, a pesar de mejoras en ciertos ámbitos, continúan enfrentando carencias significativas en aspectos fundamentales como el suministro de agua segura, el saneamiento adecuado y la gestión de residuos.

Esta disparidad ha evolucionado; ya no se trata de una ausencia total de infraestructura, sino de la calidad y fiabilidad de los servicios existentes. El desafío para las políticas públicas trasciende la mera extensión de redes; ahora se centra en garantizar la potabilidad y constancia del agua, el tratamiento sanitario de las aguas residuales y la eliminación responsable de los desechos. Una inversión estratégica e inteligente en infraestructura rural se perfila como una prioridad ineludible para las futuras administraciones, combinando soluciones tradicionales con tecnologías sostenibles y adaptadas a cada contexto, como sistemas de recolección de agua de lluvia o plantas de tratamiento a pequeña escala.

Un examen retrospectivo de los datos de 2001, 2012 y 2024 subraya esta realidad fragmentada, evidenciando un ritmo de desarrollo más lento en las zonas rurales que impacta directamente la calidad de vida de miles de habitantes.

El acceso a la energía eléctrica es el servicio que ha experimentado la transformación más positiva. En 2024, el 96% de los hogares de la región disponen de este servicio, un avance considerable desde el 69.2% registrado en 2001. La cobertura en el ámbito urbano es prácticamente total, alcanzando un 99.07%, lo que refleja una inversión sostenida en infraestructura. En contraste, las áreas rurales, si bien han mejorado notablemente –pasando del 32.2% en 2001 al 89.2% en 2024–, aún presentan una brecha de casi diez puntos porcentuales. Esto significa que más de 5,360 viviendas en el campo carecen de electricidad en pleno siglo XXI.

En cuanto a la procedencia de la energía, se observa una diversificación. Mientras la red pública abastece al 98.4% de las viviendas en las ciudades, en el campo la situación es diferente. Aunque la red pública ha aumentado su alcance al 85.1%, los paneles solares emergen como una solución clave, proporcionando energía al 2.35% de los hogares rurales, una cifra casi insignificante en las urbes (0.09%). Esta tendencia resalta la importancia de las energías alternativas para alcanzar una cobertura universal en las comunidades más remotas.

El progreso en el acceso a agua potable mediante cañería de red ha sido más pausado y mantiene una disparidad estructural entre lo urbano y lo rural. El porcentaje de viviendas con conexión a la red de agua pasó del 75.5% en 2001 al 83.6% en 2024. Este crecimiento de ocho puntos en veintitrés años contrasta con la celeridad del avance en electrificación. Actualmente, el 90.5% de las viviendas urbanas cuentan con agua de red, mientras que en las rurales esta cifra desciende al 68.3%. Aunque el sector rural ha mejorado desde un 45.9% en 2001, la diferencia de veintidós puntos porcentuales evidencia una deuda histórica.

En las zonas rurales, un preocupante 5.8% de las viviendas aún se abastece de fuentes no protegidas como ríos, acequias o vertientes, altamente vulnerables a la contaminación. Otras fuentes como pozos excavados (8.2%) y manantiales protegidos (4.7%) son comunes, lo que indica una dependencia de recursos hídricos locales que pueden ser insuficientes durante períodos de sequía. Respecto a la ubicación de la toma de agua, el 85.1% de las viviendas urbanas dispone de cañería dentro del hogar. En el campo, solo el 48% goza de este privilegio; para el 35%, el grifo se encuentra fuera de la vivienda pero dentro del terreno, y para el 16.9%, no existe cañería de distribución, lo que implica un esfuerzo adicional de acarreo, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas. En términos de acceso a una fuente de agua mejorada, la cobertura rural (88.8%) aún se sitúa 5.4 puntos por debajo de la urbana (94.2%).

El saneamiento básico representa la asignatura pendiente más crítica. Si bien el porcentaje de viviendas sin baño se ha reducido drásticamente del 26.4% en 2001 al 8.9% en 2024, la brecha entre lo urbano y lo rural es abismal. En las ciudades, solo el 2.3% de las viviendas carece de baño, pero en el campo esta cifra se eleva al 23.7%, lo que significa que casi una de cada cuatro viviendas rurales aún no cuenta con un servicio sanitario básico.

Una situación similar se observa en el servicio de alcantarillado. En las áreas urbanas, el 78.1% de las viviendas está conectado a la red. Sin embargo, en el ámbito rural, la cobertura es de apenas 12.6%. La gran mayoría (87.4%) depende de soluciones individuales como pozos ciegos (53.96%) o cámaras sépticas (6.88%), sistemas que requieren un mantenimiento adecuado para evitar la contaminación de los acuíferos. Curiosamente, en cuanto a la población con saneamiento mejorado, las áreas rurales muestran una evolución esperanzadora, superando ligeramente a las urbanas (78.3% frente a 77.1%). Esto sugiere que soluciones como cámaras sépticas y pozos de absorción, aunque no ideales, están siendo clasificadas como mejoradas y se están masificando en el contexto rural.

El tipo de combustible utilizado para cocinar refleja patrones de vida y acceso a mercados diferenciados. En las áreas urbanas, el gas predomina de manera absoluta (96.4%, incluyendo gas en garrafa y por cañería), con un uso residual de leña (1.2%). Las zonas rurales, sin embargo, presentan una doble realidad: el gas ha ganado terreno (59.6%), pero la leña sigue siendo un combustible esencial para el 39.2% de los hogares. Esta dependencia de la biomasa implica mayores riesgos respiratorios para las familias y ejerce presión sobre los recursos forestales.

Finalmente, la gestión de residuos sólidos exhibe la disparidad más dramática en las prácticas cotidianas. El 82.5% de las viviendas urbanas cuenta con servicio de recolección de basura. En contraste, en el campo, solo el 22% dispone de este servicio. La práctica predominante es la quema de basura (59.9%), un método contaminante y perjudicial para la salud, seguido por el vertido en terrenos baldíos o el entierro

Una nueva etapa ha comenzado para la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) con la reciente juramentación de su directorio, en una ceremonia formal celebrada en el hotel Los Parrales. El empresario Franz Molina Conzelman asumió oficialmente la presidencia de la entidad, marcando el inicio de una nueva gestión.

El acto contó con la destacada presencia de Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Durante su intervención, Ortuño enfatizó la trascendencia de la FEPT como un espacio fundamental para la concertación y la construcción colectiva, instando a que la institución continúe siendo un motor para transformar los desafíos actuales en oportunidades tangibles para el desarrollo de la región.

El equipo directivo que acompañará a Molina Conzelman en esta administración está conformado por Rolando Alfonzo Surriable como primer vicepresidente y Miguel Fernando Galarza Castellanos en la segunda vicepresidencia. La secretaría general ha sido encomendada a María Marcela Caso Vaca Guzmán, mientras que Diego Fanor Clavijo Ponce ocupará el cargo de tesorero. La junta se completa con Neiza Narváez Baldiviezo, Jaime Roger Lema Montalvo, Jorge Darlach Amás y Katerine Shirley Vargas Pimentel, quienes fungirán como directores.

Con la constitución de este nuevo liderazgo, la FEPT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad empresarial y su activa contribución al progreso económico tanto de Tarija como del ámbito nacional